Mientras Estados Unidos y Venezuela firmaban un acuerdo migratorio para reanudar los vuelos de deportación de los ciudadanos latinoamericanos, defensores de derechos humanos señalan a Joe Biden de violación del principio de no devolución y de criminalizar el éxodo.
La medida de deportación de venezolanos ha sido duramente criticada por defensores de derechos humanos, quienes afirman que la emergencia humanitaria en Venezuela persiste y que las personas que huyen requieren protección internacional.
“Estamos hablando de deportaciones masivas en caliente y exprés, que son contrarias al derecho internacional. Si me deportan, yo puedo sufrir consecuencias graves, sobre todo aquellas personas que son perseguidas políticas, activistas o desertores de las fuerzas de seguridad”, sostuvo Victoria Capriles, abogada especialista en migración.
Mediante un comunicado, el Gobierno de Venezuela informó que desplegará recursos a través del programa Vuelta a la Patria para dichos retornos.
Entretanto, autoridades de Estados Unidos afirmaron que ya es seguro regresar a Venezuela.
“Hemos tomado la determinación de que ya es seguro devolver a los ciudadanos venezolanos que llegaron a los Estados Unidos después del 31 de julio y que no tienen una base legal para permanecer aquí”, puntualizó Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
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Los activistas consideran incoherente que esta medida se apruebe justo después de la ampliación del estatuto temporal de protección hacia la población venezolana. El éxodo de ese país ronda los 7,7 millones de personas y Estados Unidos se ha convertido en un destino predilecto de los migrantes.
Solo en septiembre de 2023, unos 50.000 migrantes cruzaron la frontera con Estados Unidos.
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