Defensa de sujeto que mató a una periodista pide que se anule su pena de muerte: ¿por qué?

Un hombre de 39 años que fue condenado dos veces por el asesinato de Lynette Lithgow-Pearson, antigua periodista y locutora de televisión de la Corporación Británica de Radiodifusión, BBC, y de dos personas, solicitó a los tribunales de Trinidad y Tobago que anulen su pena de muerte.

Danile Agard también pidió una declaración provisional de que cualquier intento de ejecutar la sentencia de muerte que se le impuso el 13 de septiembre de 2013, así como su permanencia en el corredor de la muerte, contravienen la Constitución.

Agard fue juzgado por primera vez en 2004 junto con Lester Pitman y ambos fueron declarados culpables y condenados a la horca por los asesinatos de Maggie Lee, de 83 años, Lynette Lithgow-Pearson, de 51, y John Cropper, de 59, cometidos en diciembre de 2001.

Pitman recurrió con éxito la sentencia, se le conmutó la pena de muerte y finalmente se ordenó que no saliera en libertad antes de cumplir un mínimo de 40 años de prisión.

Lithgow-Pearson era presentadora de televisión de BBC, junto con Cropper y Lee, fueron asesinados en la casa de Cropper en Cascade, a las afueras de la capital, entre el 11 y el 12 de diciembre de 2001.

Agard era sobrino nieto de Cropper, Lee era su bisabuela y Pearson su tía abuela.

Sus cuerpos fueron encontrados el 13 de diciembre, habían sido atados y amordazados con alambre eléctrico y degollados.

La BBC informó de que Pearson, que utilizaba profesionalmente el nombre de Lynette Lithgow y había estado viviendo en Francia, se encontraba en su Trinidad natal trabajando en el proyecto de un libro cuando fue asesinada.

Los abogados de Agard pedirán el miércoles al Tribunal que se anule su condena y que se le saque inmediatamente de la sección de condenados de la prisión de Puerto España.

Agard sigue estando condenado a muerte, aunque ahora no puede ejecutarse legalmente de acuerdo con los principios establecidos en el caso Pratt y Morgan.

El Consejo Privado, con sede en Londres, ha dictaminado que ejecutar una condena a muerte tras más de cinco años de retraso sería un castigo cruel e inhumano.

"Un Estado que desee mantener la pena capital debe aceptar la responsabilidad de garantizar que la ejecución se produzca lo más rápidamente posible tras la sentencia, dejando un tiempo razonable para apelar y considerar el indulto", indicó el consejo.

La reclamación establecía un plazo estimado para ejecutar la pena capital, sugiriendo 12 meses para escuchar una apelación tras la condena y seis meses para que el Consejo Privado la resolviera.

"La razón fundamental por la que la ejecución tras el transcurso de un periodo prolongado de tiempo después de la condena a muerte constituiría un castigo inhumano es que el condenado ha sufrido la agonía mental de enfrentarse a la perspectiva de la ejecución durante ese periodo", añade el documento.

"Puedes estar físicamente vivo, pero emocionalmente estás muerto. Cada día en el corredor de la muerte, las experiencias por las que te hacen pasar minan tu propia humanidad", concluyó Agard. La última ejecución en Trinidad y Tobago se llevó a cabo en 1999.