Decretado toque de queda en Quito por violencia que se ha desatado en las protestas

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó también la militarización en la ciudad. Gobierno instó a ciudadanos a quedarse en sus casas.

"He dispuesto el toque de queda y la militarización del Distrito Metropolitano Quito y valles. Empezará a regir a las 15.00 (20.00 GMT). Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia", dijo el presidente en un mensaje por redes sociales.

En otro mensaje, el Ministerio de Gobierno (Interior) pidió a la ciudadanía que "acuda a sus viviendas".

"Esta medida estará vigente hasta nuevo aviso. Informarse a través de canales oficiales", agregó.

La circulación por las calles en condiciones de militarización estará permitida únicamente con salvoconducto.

La decisión la ha tomado Moreno a raíz de un recrudecimiento de las protestas del movimiento indígena, que este sábado tomó y paralizó la ciudad de Quito mediante una masiva operación de marchas y piquetes, a la vez que miles de militantes se enfrentaban a las fuerzas del orden en el centro de la ciudad.  

El resultado ha sido la paralización de la ciudad mediante el bloqueo de sus carreteras.

Curiosamente, ha seguido a una notificación por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en la que ha aceptado la mano tendida por el presidente para sentarse a negociar.

A pesar de que inicialmente se había negado en rotundo a conversar con Moreno si este no reponía los subsidios a los combustibles, principal exigencia de las protestas, la Conaie cambió de postura en "un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales", se indica en un comunicado.

Ecuador vive una grave ola de protestas desde hace diez días a raíz de un decreto firmado por el presidente en el que eliminaba el subsidio a las gasolinas en el marco de una serie de ajustes ligados a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El acuerdo con el FMI, que aportó 4.200 millones de dólares, venía acompañado de una serie de demandas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado, lo que despertó la indignación de grupos de trabajadores, indígenas y otros sectores sociales.