La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este lunes a Venezuela por violar los derechos políticos del excandidato presidencial Henrique Capriles durante el proceso electoral del 2013, lo que incluyó la negación a una auditoría de votos y el "uso abusivo del aparato estatal" en favor del presidente Nicolás Maduro.
El Estado es responsable por violaciones a los derechos políticos, garantías judiciales, protección judicial, libertad de expresión, y el derecho a la defensa, dijo la presidenta de la CorteIDH, Nancy Hernández, en un acto de notificación de la sentencia a las partes, transmitido por las redes sociales, para el cual el Estado venezolano no acreditó representantes.
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Capriles obtuvo el 49,12 % de los votos contra el 50,61 % de Maduro, según los resultados anunciados entonces por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en una contienda electoral que estuvo precedida por la muerte del expresidente Hugo Chávez Frías el 5 de marzo de 2013, tras lo cual, Maduro, quien fue vicepresidente ejecutivo, ejerció como "presidente encargado".
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"La Corte constató que el proceso electoral tuvo lugar en un contexto progresivo de deterioro de la separación de poderes en Venezuela y de la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia", afirmó la jueza Hernández.
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La jueza también explicó que la CorteIDH "acreditó la existencia de un uso abusivo del aparato del Estado durante el proceso electoral que favoreció al candidato oficial Nicolás Maduro y afectó la integridad del proceso electoral y los derechos políticos del señor Capriles y de sus electores".
La sentencia señala que durante la campaña hubo uso de medios de comunicación públicos, declaraciones y movilizaciones de funcionarios del Estado, presiones indebidas, y uso de recursos públicos para la cobertura y promoción de Nicolás Maduro, y que las autoridades judiciales rechazaron más de 300 denuncias de irregularidades presentadas por Capriles.
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"La actuación del Estado constituyó un abandono de los principios fundamentales del estado de derecho en tanto desconoció las reglas previstas en el derecho interno para limitar el poder y hacer posible el juego democrático, y permitió el uso del aparato del Estado para favorecer al candidato oficial antes, durante y después de la elección", manifestó Hernández.
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Los jueces señalaron que "la afectación a la integridad del proceso electoral, y la falta de equidad en este, afectó el derecho de los electores venezolanos a elegir libremente a sus gobernantes".
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La CorteIDH también determinó que una multa impuesta por las autoridades venezolanas a Capriles tras presentar recursos para la revisión de votos, constituyó una violación al derecho a la libertad de expresión y de pensamiento.
En la sentencia, el tribunal internacional ordenó al Estado venezolano tomar las medidas necesarias para dejar sin efecto la multa a Capriles.
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La CorteIDH también ordenó al Estado "adoptar medidas para garantizar la integridad de los procesos electorales" y para "garantizar la posibilidad de verificación de resultados electorales".
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Otra orden del tribunal es la de "facilitar el acceso libre y equitativo de los candidatos a los medios de comunicación" públicos y de alcance general y medidas para garantizar la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia.
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