La Corte Suprema de Venezuela suspendió este lunes, 30 de octubre de 2023, "todos los efectos" de las primarias de la oposición, en medio de un asedio judicial contra este proceso que se celebró poco después de que Estados Unidos flexibilizara sanciones contra el país a cambio de condiciones electorales.
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Las internas para elegir al rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024 se celebraron de manera autogestionada el 22 de octubre y tuvieron una sorpresiva participación de 2,4 millones de personas y un triunfo arrasador para la liberal inhabilitada María Corina Machado, con 92% de los votos.
Maduro, su partido y el resto de las autoridades sostuvieron que la oposición infló las cifras y desconocieron el proceso.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, admitió un recurso de amparo contra la primaria introducido por el opositor disidente José Brito, diputado al Parlamento y tachado de colaboracionista.
"Se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias", señaló la sentencia publicada en la web de la máxima corte del país.
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"¿Cómo se puede suspender algo cuyos efectos ya se verificaron?", dijo a la AFP Ali Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia. "El objetivo principal y único era escoger un candidato que represente a un conjunto de partidos. Eso ya ocurrió".
Al mismo tiempo, el fiscal Tarek William Saab abrió una investigación por la presunta comisión de delitos de usurpación de la función electoral y de identidad, además de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
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Y citó este lunes a declarar a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP) y otros miembros de su equipo.
Las internas se realizaron cinco días después de que el Gobierno y la oposición acordaron respeto a las primarias en una mesa de diálogo, donde además se decidió celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales.
Estados Unidos, en respuesta, alivió por seis meses el embargo petrolero impuesto al país en 2019, pero lo condicionó a que se habiliten a opositores como Machado, algo que el chavismo, al menos en el discurso, ha descartado.
De hecho, en su sentencia, el TSJ se refiere a Machado como "ciudadana inhabilitada de manera firme por 15 años", reafirmando una sanción impuesta en junio por supuesta corrupción y promover sanciones.
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Luis Vicente León, analista político y director de la firma Datanálisis, descartó una vuelta atrás en el levantamiento parcial del embargo en un contexto mundial de crisis energética.
"Pueden haber castigos, rediseño de la estrategia de Estados Unidos para seguir presionando a Maduro", señaló.
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"El dilema hoy es licencias o elecciones" porque "si mueves demasiado el proceso de licencias puedes conducirte a un proceso de 'nicaragüización' del proceso venezolano", señaló en referencia al manual de Daniel Ortega de encarcelar y exiliar a sus oponentes electorales.
La primaria no contó con la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, después de meses de evasivas, finalmente propuso a último minuto posponer el evento un mes para poder organizarlas, pero sin garantías de poder inscribir a candidatos inhabilitados, una condición de la oposición.
El tribunal exigió todos los documentos relacionados al proceso, incluidos los cuadernos de votación, que la oposición insiste en mantener secretos para evitar represalias contra los participantes por parte del Gobierno, como ocurrió hace 20 años durante una colecta de firmas para revocar al expresidente Hugo Chávez (1999-2013).
Oswaldo Ramírez, consultor político y director de la firma ORC, dijo a periodistas que el Gobierno está probablemente buscando "la repetición de la primaria. Ahora, de la mano del Consejo Nacional Electoral y con candidatos habilitados".
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Así, busca "dominar o escoger con quién vas a competir" y "generar ese proceso de desincentivo en el votante opositor", añadió.
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