En su informe anual, Human Rights Watch también habla de Venezuela. La ONG reitera que la situación de los derechos humanos en ese país es crítica, a pesar de los cambios prometidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
Persecución a políticos, activistas, periodistas, crítica situación de las cárceles, la deplorable situación de los hospitales, han sido varios de los puntos que resalta el más reciente informe de la organización sobre Venezuela.
El documento revela que al menos 114 presos políticos han estado en prisión por más de tres años de forma retentiva, otras 235 personas han sido detenidas de forma arbitraria. También continúan las denuncias de torturas y otros tipos de abusos a los presos políticos dentro de los calabozos del Estado.
“La situación de nuestros presos políticos sigue siendo la misma o quizás peor en algunos casos, tenemos presos en huelgas de hambre, tenemos presos con más de cinco años detenidos sin todavía tener una decisión sobre ello, es decir que todo lo que ha dicho el Estado venezolano frente a instancias internacionales ha sido totalmente falso”, aseguró Joel García, abogado defensor de los DD. HH.
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El informe también resalta el aumento en el número de venezolanos que migraron al exterior, que la ONU cuantificó en 7,1 millones. Al menos la mitad se encuentran en muy malas condiciones, buscando ayuda humanitaria.
El estudio denuncia los abusos que viven las comunidades indígenas en el arco minero de Venezuela por las mafias de la zona. Asegura que las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC, así como otros grupos armados siguen sometiendo a las poblaciones rurales en diferentes estados del país.
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Por su parte, la Conferencia Episcopal de Venezuela hizo un llamado a los actores políticos a dejar de lado las diferencias y dar luz verde a la liberación de presos políticos, activar la ayuda humanitaria y a mejorar las garantías electorales.
El panorama de derechos humanos en Latinoamérica "es uno de los peores de los últimos años", según dijo la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk.
"Ha habido un gravísimo deterioro del estado de derecho a nivel regional", dijo Taraciuk, y puso varios ejemplos: "Ataques directos y frontales contra sistemas electorales, contra el Poder Judicial, contra la prensa independiente y contra la sociedad civil", no solo por parte de las dictaduras, sino también de "líderes elegidos democráticamente, que ponen así en riesgo los pilares de la democracia".
Los desafíos "crónicos" de la región son "enormes", y entre ellos citó la pobreza (un tercio de la población latinoamericana vive en la pobreza), el desigual reparto de la riqueza (un 20 % de la población acapara la mitad de los ingresos globales), la amenaza climática y la deforestación, más los altos niveles de violencia en toda la región, exacerbados en algunos países como Haití.
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