La madre y el padrastro de una adolescente de 15 años que fue hallada muerta y con signos de violencia sexual en su casa, en la región oriental de Santa Cruz, Bolivia, fueron enviados a prisión preventiva, informó la Fiscalía General del Estado.
Nicolás P.C., de 35 años, y Adela V.S., de 32, deberán cumplir con la detención preventiva en la cárcel de Palmasola por disposición del Juzgado Tercero de Instrucción Cautelar de la provincia cruceña Obispo Santisteban, señaló el fiscal departamental, Roger Mariaca, según un boletín de prensa del Ministerio Público.
El funcionario explicó que inicialmente el caso se abordó como un suicidio, "ya que la menor sufría de depresión debido a que con anterioridad fue raptada, dopada y vejada sexualmente".
"Sin embargo, gracias a las investigaciones realizadas en coordinación con la Policía y el Ministerio Público se logró determinar que fue violada antes de morir", sostuvo Mariaca.
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Los testimonios de los hermanos de la víctima ofrecieron más pistas sobre el suceso y por ello "se inició la investigación por los delitos de violación y feminicidio contra el padrastro y la madre", agregó.
Una de las declaraciones fue la de una niña de 5 años, que señaló a su papá de haber colgado de una viga del baño trasero a la adolescente después de haberla agredido.
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El suceso se conoció el pasado sábado 2 de julio en la noche, cuando los vecinos del barrio Santa Fe, en el municipio cruceño de Montero, denunciaron a la Policía que la menor fue hallada recostada en una cama sin signos vitales, explica la nota de la Fiscalía.
El cuerpo de la menor fue llevado a un hospital donde un médico forense determinó que fue violada y que murió por "asfixia mecánica por estrangulación", indica el boletín.
El padrastro de la adolescente es investigado como principal sospechoso del hecho y la madre por posible complicidad, pues se rehusó a cooperar con las investigaciones y escondió unas cartas que habría dejado la joven, según el Ministerio Público.
En las misivas, según detalló el medio Unitel, la menor le reclamaba a su mamá por permitir las violaciones de las que era víctima por parte de su padrastro al igual que de otras personas, versiones que fueron confirmadas por vecinos.
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En el primer semestre de año, Bolivia reportó 48 casos de feminicidio, según datos difundidos más temprano por la Fiscalía.
Este crimen en ese país se sanciona con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima de la legislación penal, mediante una ley contra la violencia machista vigente desde 2013.
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No obstante, las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.
El Gobierno boliviano promulgó una ley de protección a víctimas de feminicidios, infanticidios y abusos sexuales que, entre otros, retira el beneficio de la detención domiciliaria a los investigados por estos sucesos y endurece las sanciones contra operadores judiciales que demoren estos procesos o favorezcan de alguna forma a los acusados.
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