El Gobierno de Ecuador le solicitó apoyo a la Policía colombiana para identificar a los detenidos en ese país
como sospechosos del crimen de Fernando Villavicencio.
En una cumbre extraordinaria entre las autoridades de Ecuador y las de Colombia, que se llevó a cabo de manera virtual, se analizó gran cantidad de información que ya está hasta en manos del FBI. Altos mandos de la Policía de ambos países y agentes de la Oficina Federal de Estados Unidos participaron en el encuentro.
Entre los datos analizados están las identidades de los colombianos que fueron capturados tras ser señalados de asesinar a Fernando Villavicencio. Ellos son Andrés Manuel Mosquera Ortiz, José Nader López, Adey Fernando García, Camilo Andrés Romero, Julián Osmin y John Gregory Rodríguez.
De igual forma, se analizaron los antecedentes penales que tienen en Colombia varios de los detenidos. Entre los delitos por los que son requeridos están narcotráfico, hurto, tráfico y porte de armas y ataque contra servidor público.
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También, las autoridades ecuatorianas dicen que tienen material probatorio valioso contra los colombianos capturados, entre otros, cuatro teléfonos celulares incautados, reporte de llamadas y llamadas telefónicas con supuestos políticos de Ecuador.
Tres de los colombianos capturados ya fueron reconocidos por varios testigos. Entre la información recabada, se sabe que otras tres pistas claves fueron entregadas al FBI, que será uno de los organismos encargado de participar en la cooperación para capturar a los responsables de estos hechos.
Tras el crimen cometido, Ecuador decretó el jueves el estado de excepción por 60 días y anunció que recibirá ayuda del FBI para investigar el hecho.
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"He solicitado apoyo al FBI para la investigación", dijo el mandatario Guillermo Lasso en la red social X (antes Twitter), agregando que "en las próximas horas una delegación llegará al país".
El estado de excepción permite el patrullaje de militares en las calles y busca garantizar el desarrollo de los comicios.
Fernando Villavicencio, de 59 años y de centro que destapó varios casos de corrupción, murió el miércoles 9 de agosto de 2023, al ser baleado cuando abandonaba un polideportivo en el norte de la capital tras un mitin.
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Había denunciado la semana pasada amenazas contra él y su equipo de campaña de parte del detenido líder del grupo Los Choneros, que tiene nexos con el cartel mexicano de Sinaloa.
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