En entrevista con Caracol Ahora, Íngrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, describió que al menos 20 colombianos están capturados en centros penales de El Salvador, después de 15 meses de la declaratoria del estado de excepción por parte del presidente Nayib Bukele. Según relatan las familias, esas detenciones son por supuestas relaciones con pandillas.
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Expone que la situación en los centros penitenciarios del país es crítica, denunciando que hay evidencia de que en ellos se presentan crímenes de lesa humanidad y tortura, problemáticas que amenazan la integridad de más de 70.000 capturados salvadoreños y cientos de detenidos de diferentes nacionalidades, incluidos colombianos.
"Tenemos ya en este momento 160 muertes confirmadas en centros penales: el 60% de estas son muertes violentas y 32% por negligencia médica", comentó Escobar, enfatizando en que no hay garantías mínimas de respeto a derechos humanos.
Dice que desde la ONG se solicita que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia y un juicio justo, especialmente porque muchos de estos privados de la libertad están tras las rejas por ser acusados de pertenecer a pandillas, algo que puede ser reportado por una persona anónimamente a través de vía telefónica.
Con esto, han procedido a entrar a los hogares, pedir los documentos y trasladarlos casi que de manera inmediata a las penitenciarías.
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"Un caso muy específico es el de una madre que ha denunciado que incluso le han hecho un Photoshop a su hijo, quien no tiene ningún tipo de tatuaje, pero en las presentaciones oficiales de los medios nacionales en El Salvador aparece como que tiene tatuajes de una estructura criminal, cosa que ella ya desmintió", comentó.
Aseguró que quienes han levantado su voz frente a los abusos de poder están siendo amenazados, no por las autoridades oficiales, sino también por sicarios que intentan atentar contra su vida.
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"Esperamos que la comunidad internacional nos ayude porque realmente estamos a una deriva autoritaria", enfatizó, al señalar que están ad portas de la consolidación de una dictadura, puesto que Bukele, "en una completa ilegalidad, ha dicho que se inscribe nuevamente para candidato a presidente de la República, cosa que es completamente inconstitucional".
Así mismo, destacó que no han podido tener contacto con Andrés Guzmán, el comisionado para los Derechos Humanos de El Salvador, quien es un colombiano, pero sí han intentado establecer otras alianzas internacionales que les permitan velar por los derechos de los privados de la libertad.
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