Andrés Guzmán Caballero, abogado colombiano, fue nombrado como representante de los Derechos Humanos y Libertad de Expresión en El Salvador, luego de que el presidente Nayib Bukele creara dicha comisión para “reafirmar” el compromiso de su gobierno con los DD. HH de la población.
De acuerdo con Andrés Guzmán, que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a ser profesor y consultor en otros países, hace más de un año se encontraba dictando una clase de derechos humanos en el alto Gobierno de El Salvador cuando conoció al presidente Nayib Bukele.
Desde entonces, empezó a participar como invitado en diferentes eventos y conversatorios hasta que surgió la idea de crear dicha comisión y el mandatario le ofreció ser el primero en ocupar ese cargo. Reto que, asegura, aceptó con mucho honor: “Es una obligación grandísima, un honor gigante y una responsabilidad inmensa”.
El cargo que estrena Guzmán consiste en ser la mano del Gobierno nacional en materia de derechos humanos, para buscar restablecer las libertades civiles a la población que de alguna manera haya sido violentada.
Antes de llegar allí, este abogado colombiano confiesa que primero tuvo que pasar por un proceso de reinvención en el que tuvo que dejar cosas atrás para enfocarse en lo que de verdad le apasionaba, que era ayudar a los demás.
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Andrés Guzmán, que solía tener un laboratorio de ciberseguridad en Colombia, donde trabajaba con delitos informáticos, decidió enfocar su energía en lo que amaba. “Más que un trabajo, es un deber humano”, puntualiza.
“Hay mucha gente que ha sufrido, este país tiene tantas necesidades que, si yo puedo apoyar en algo, voy a hacerlo”, agrega.
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Cabe mencionar que El Salvador se encuentra en un estado de excepción, que consiste en la suspensión de algunos derechos a los ciudadanos y que, según el analista, ha resuelto la guerra interna que se vivía en las calles del país, logrando un poco de paz hasta el momento.
Sin embargo, Guzmán asegura que se necesitan “medidas urgentes” en materia de derechos humanos para seguir implementando esta política sin llegar a violentar a los ciudadanos. Para esto, propone que debe hacerse un análisis de cada caso particular, las medidas implementadas y los problemas existentes para generar leyes, acuerdos y mediciones que le permitan a El Salvador volver a un estado de tranquilidad.
Finalmente, el comisionado destaca que el propósito no es ocupar los lugares de otras entidades como la Fiscalía o la Procuraduría ni hacer su trabajo, sino interactuar con ellas y buscar una conexión que les permita, dentro de sus competencias, restablecer los derechos de las personas. “Se trata de comenzar a buscar soluciones de la mano de las entidades del Estado”, concluyó.
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