Colombia pedirá extradición de Aída Merlano a Juan Guaidó

El gobierno de Iván Duque dijo que aún no ha sido notificado de la recaptura de la excongresista, quien ofreció un millonario soborno a autoridades venezolanas.
Colombia se enteró de la recaptura de Aída Merlano, prófuga desde el primero de octubre de 2019, “a través de información de inteligencia de la Policía Nacional”, según un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia.
La cartera señaló que Interpol Colombia le pidió a la de Venezuela confirmar el suceso, registrado el lunes en Maracaibo, estado de Zulia, pero aún no ha recibido confirmación.
Agregó que como el país “no reconoce y por ende no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, esperará a que un juez solicite la extradición de Merlano para hacer dicha petición “ante el legítimo Gobierno de Venezuela, en cabeza de Juan Guaidó”.

¿Cómo fue la recaptura de Aída Merlano?

 
Fuentes judiciales y de inteligencia confirmaron la detención de la prófuga en Venezuela.
De acuerdo con el informe, se trataba de una mujer de nacionalidad colombiana que portaba documentación falsa y que iba acompañada de un hombre que también fue detenido.
Según se indica, la captura por parte de las F.A.ES se hizo efectiva debido a que las características correspondían a las de Aída Merlano, quien tenía circular roja de la Interpol y podía ser capturada en cualquier lugar del mundo.
Entre los detalles que se han revelado sobre esta captura están que la excongresista habría ofrecido un millón y medio de dólares para garantizar su permanencia y seguridad en ese Venezuela. Sin embargo, no aceptaron el soborno.
Según inteligencia colombiana, que tenía su ubicación desde finales de diciembre del año pasado, Merlano viajó de la costa Caribe colombiana a Venezuela y de allí pensaba viajar a Guyana.
Así fue la fuga de Aída Merlano de un consultorio odontológico en Bogotá
Merlano fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y su investidura como senadora para el periodo 2018-2022 fue anulada en septiembre de 2018 por el Consejo de Estado por superar los gastos máximos establecidos por la ley para la financiación de las campañas electorales.
Fue condenada por compra de votos en un entramado conocido como la Casa Blanca y en el que varios políticos y empresarios estarían implicados.