El miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe crítico sobre el régimen de excepción en El Salvador, pidiendo al gobierno que brinde una "reparación integral" a las víctimas de presuntos atropellos bajo esta medida. El informe, titulado "Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador", subraya la necesidad de medidas que incluyan una perspectiva de género y la consideración de factores de vulnerabilidad y discriminación.
Lo que dice el informe de la CIDH
"La CIDH recomienda elaborar e implementar un plan de reparación integral para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las detenciones del régimen de excepción", detalló el organismo, destacando la importancia de abordar
La CIDH fundamenta su recomendación en "las denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas por parte de las fuerzas de seguridad, así como de otras violaciones de derechos en las instancias de administración de justicia y espacios de privación de la libertad". El informe también señala la necesidad de "identificar las circunstancias que generaron ese cuadro de presuntas violaciones" y "las posibles responsabilidades institucionales e individuales".
Además, el organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió una investigación exhaustiva sobre las muertes de civiles a manos de las fuerzas de seguridad o bajo custodia estatal, incluyendo casos que podrían constituir tortura. "Es crucial establecer los hechos y determinar las responsabilidades penales o de otra naturaleza que correspondan", enfatizó la CIDH.
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La CIDH también recomendó que se ponga fin a la suspensión de derechos y garantías restringidos por el régimen de excepción. Entre las garantías suspendidas se encuentran la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.
¿Cuál es el régimen de excepción propuesto en El Salvador?
El régimen de excepción, aprobado por el Congreso de El Salvador a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuidos a pandillas, ha sido renovado en 30 ocasiones, extendiendo su vigencia en períodos de 30 días. Este régimen ha llevado a la detención de más de 81.900 personas, de las cuales más de 7.000 han sido liberadas.
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Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. Además, se reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia. Investigaciones del medio local El Faro han sugerido que el aumento de asesinatos que motivó el régimen de excepción se produjo tras la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
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