La revisión del caso de Kathleen Folbigg , en prisión desde hace dos décadas por el asesinato de sus cuatro bebés, terminó este jueves, abriendo la posibilidad de que sea indultada, después de que una investigación coordinada por una científica española apuntara que las muertes pudieron deberse a fallos genéticos.
El exjuez Thomas Bathurst, a cargo de la revisión, deberá elaborar un informe para indicar si refiere el caso al Tribunal Penal de Apelación, que podría o no revertir la condena, o a la gobernadora de la región de Nueva Gales del Sur para que recomiende su indulto, sin plazo concreto para su publicación, según la cadena pública australiana ABC.
Sin embargo, el departamento de Justicia de Nueva Gales del Sur indicó a EFE que no hay un plazo para la publicación del informe de Bathurst.
Las autoridades australianas ordenaron el año pasado revisar el caso de Folbigg por la muerte entre 1989 y 1999 de sus hijos Caleb, Patrick, Sarah y Laura -cuando estos tenían entre 19 días y 18 meses-, después de que un grupo de científicos indicara la posibilidad de que esos fallecimientos se debieran a una rara mutación genética.
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En la revisión, que comenzó en noviembre del año pasado, se argumentó que existe una duda razonable en torno a la responsabilidad de Folbigg en la muerte de los menores.
El papel de una inmunóloga española
Los decesos de los bebés de Folbigg podrían deberse a causas genéticas, tal y como concluyó un equipo de científicos, coordinado por la inmunóloga española Carola García de Vinuesa y liderado por el danés Michael Toft Overgaard, en 2020.
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La investigación científica, publicada en la revista especializada Europace, de la Asociación Europea de Cardiología, vincula una mutación genética (CALM2) de dos hijas de Folbigg, Sarah y Laura, con la muerte súbita cardíaca. Además, el estudio, conformado por un equipo internacional de 27 científicos, constató que los niños portaban variantes raras de un gen que mata a roedores por ataques epilépticos.
Reapertura del caso Kathleen Folbigg
Folbigg fue condenada en 2003 a 40 años de prisión, rebajados a 30 años en 2005, por el asesinato de tres de sus hijos y por el homicidio de otro de ellos y ha apelado sin éxito en varias oportunidades su condena, defendiendo su inocencia y asegurando que sus hijos murieron por causas naturales en la localidad de Hunter Valley, a unos 120 kilómetros de Sídney.
El caso fue reabierto a raíz de una carta enviada en marzo de 2021 por un centenar de científicos -incluidos dos premios Nobel- para solicitar el indulto y la liberación inmediata de la australiana a la gobernadora general de Nueva Gales del Sur, Margaret Beazley.
Todos los bebés estaban enfermos con diferentes dolencias: el primero, Caleb, con laringomalacia; el segundo, Patrick, tenía una epilepsia muy severa y murió de ataque epiléptico, mientras Sarah estaba tomando antibióticos por infección respiratoria y Laura sufrió una miocarditis.
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