Un juzgado de Filipinas
condenó a cadena perpetua a un policía por el asesinato de dos adolescentes durante los meses más sangrientos de la guerra contra las drogas del expresidente, Rodrigo Duterte, en una inusual segunda sentencia contra miembros de las fuerzas de seguridad, tras las emitidas contra tres policías en 2018.
La brutal operación antinarcóticos ordenada por Duterte dejó, según los cálculos de diversas oenegés, unos 27.000 muertos en el marco de las sangrientas redadas policiales entre un clima de impunidad, aunque las autoridades solo reconocen 6.200 muertes.
La sentencia, fechada en Manila el 10 de noviembre pero filtrada la víspera por los medios locales, condena al policía Jeffrey Perez a la pena máxima de prisión por asesinar y torturar a Reynaldo Kulot de Guzman, menor de edad, y a Carl Angelo Arnaiz (19 años) el 17 de agosto de 2017.
Además de Perez, un segundo agente involucrado, Ricky Arquilita, murió durante el proceso que llevó a la condena.
Los policías acusaron a los dos jóvenes de traficar con drogas y oponer resistencia armada, y adujo que Arnaiz había robado un taxi y disparado contra ellos cuando intentaban detenerlo.
El juez encargado del caso consideró falsas estas acusaciones y también condenó al policía por falsificación de pruebas, ya que, según el magistrado, Perez y su compañero colocaron una bolsa de marihuana, otra de metanfetamina y una pistola junto al cuerpo de Arnaiz.
El cuerpo del menor fue hallado el 28 de agosto en Caloocan, al norte de Metro Manila, con 25 puñaladas en su cuerpo, mientras que el de Arnaiz -estudiante de la Universidad de Filipinas- fue encontrado el 25 de agosto con varios disparos y profundas heridas en su rostro.
Las autopsias revelaron que ambos sufrieron torturas mientras estaban vivos.
La condena contra Perez se suma a la de tres policías que fueron hallados culpables en noviembre de 2018 del asesinato de Kyan de los Santos, también menor de edad, en agosto de 2017.
Varias organizaciones garantes de los derechos humanos han celebrado el fallo, pero consideran insuficiente las dos condenas impuestas hasta ahora contra policías.
Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga desde 2021 los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra contra las drogas de Duterte, emitió el miércoles un comunicado aplaudiendo la sentencia.
Si bien el CPI cree que las dos condenas en total son solo "una gota en el cubo", considerando los miles de víctimas que se cobró la campaña.
Los representantes de la corte, no obstante, no han podido entrar en Filipinas durante sus pesquisas ya que Duterte sacó al país del organismo en 2019 y bloqueó la entrada de los investigadores, aunque estos consideran que pueden investigar los crímenes que se cometieron previo a esa fecha.
El actual presidente filipino, Ferdinand Marcos, que sustituyó a Duterte desde el 30 de junio, también se niega a permitir la entrada de la CPI, ya que considera que el país asiático "tiene los medios" para investigar lo ocurrido.
Sin embargo, Filipinas solo cuenta con dos médicos forenses, una de las cuales, la doctora Raquel Fortun, reveló a EFE el pasado junio que decenas de certificados de defunción fueron falsificados por la policía, y denunciaba la inacción de las autoridades para investigar seriamente las miles de muertes acaecidas.
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