Australia debate ley para que menores de 16 años no puedan usar redes sociales

La propuesta de ley para que los menores de 16 años no puedan acceder a las redes sociales llegó este jueves al Parlamento australiano, con posibles multas de hasta 32,2 millones de dólares (30,7 millones de euros) para las tecnológicas que lo incumplan.

Al presentar hoy el proyecto de ley ante el Parlamento de Camberra, la ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, insistió en que se trata de "proteger a los jóvenes, no de castigarlos o aislarlos".

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"El proyecto de ley hace recaer enlas plataformas de medios sociale s, y no en los padres o los jóvenes, la responsabilidad de tomar medidas razonables para garantizar que se aplican las protecciones fundamentales", dijo Rowland.

El Proyecto de Enmienda de la Seguridad en Línea sobre la Edad Mínima en las Redes Sociales de 2024, que modificará la Ley de Seguridad en Línea de 2021, ha sido impulsado por el Gobierno laborista australiano con el objetivo de mitigar los problemas de salud mental de los niños y adolescentes.

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La legislación, que de aprobarse entraría en vigor en un año, afectará a redes sociales como Instagram , TikTok, Facebook, X y Snapchat, aunque contempla excepciones para plataformas como YouTube y las centradas en salud y educación, además de las de mensajería y juegos en línea.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, explicó en un memorando publicado hoy en el portal del Parlamento las sanciones a las que se enfrentarían las plataformas digitales que incumplan las restricciones de edad de los usuarios que tengan una cuenta, según la propuesta legislativa.

Las multas oscilarán desde los 9,9 millones de dólares australianos (6,4 millones de dólares o 6,1 millones de euros) hasta los 49,5 millones de dólares australianos (32,2 millones de dólares o 30,7 millones de euros), de acuerdo con el documento.

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El proyecto de ley no excluye a los menores de 16 años que ya tienen cuentas en las redes sociales ni a los que cuentan con el consentimiento de los padres, aunque no contempla sanciones para los usuarios ni los progenitores.

Rowland justificó hoy estas excepciones porque estas plataformas, consideradas de bajo riesgo, no están sujetas a una "(fuerte) selección algorítmica de contenidos ni a la manipulación psicológica de fomentar una participación infinita".

Críticas y reservas

La Comisión de Derechos Humanos en Australia expresó este jueves sus "reservas" acerca de la propuesta en un comunicado, debido, subrayó, al "potencial de estas leyes para interferir significativamente en los derechos de los niños y los jóvenes".

"Cuando se limitan los derechos para proteger a los niños de daños en línea, las limitaciones deben ser legales, necesarias y proporcionadas. Esto significa utilizar la opción menos restrictiva disponible para lograr el propósito previsto", en lugar de una "prohibición general", apuntó la Comisión.

El Partido Laborista de Anthony Albanese cuenta con la mayoría en la Cámara Baja, pero no en el Senado, por lo que deberá buscar el apoyo de otros partidos para que la ley salga adelante.

De momento, hay varios legisladores independientes indecisos sobre la propuesta, mientras que el Partido Verde ha expresado su oposición.

Meta , por su parte, consideró después de que la propuesta fuera anunciada por el Gobierno australiano a comienzos de mes que la responsabilidad de la verificación de edad debería recaer en las tiendas de aplicaciones y no en las plataformas digitales, de tal manera que cuando los padres adquieran un teléfono para sus hijos se configure para impedir que un menor acceda a contenidos nocivos.

La directora de políticas de Meta en Australia y Nueva Zelanda, Mia Garlick, dijo entonces que no existe una solución tecnológica «perfecta» para restringir el acceso de los menores a las redes sociales y protegerlos de contenidos nocivos.

La iniciativa de Australia se suma a la de países como España, que fijó la edad mínima para abrirse una cuenta redes sociales primero en 14 y luego en 16, y lugares del mundo como Puerto Rico y Nueva York que han adoptado medidas similares.