La Asamblea Nacional de Venezuela
ha solicitado la extradición del opositor al régimen Julio Borges, quien huyó a Colombia en febrero de 2018 denunciando "persecución política", tras estar involucrado en la explosión de dos drones cargados de explosivos en un acto encabezado por el presidente Nicolás Maduro en 2018. Asimismo, un tribunal venezolano condenó a un exdiputado de la oposición y a otras 16 personas a penas de entre cinco y 30 años de cárcel por el mencionado hecho.
Juan Requesens, que integró el anterior Parlamento, elegido en 2015 y controlado por la oposición, recibió una pena de ocho años de cárcel por "conspiración", publicó en Twitter su abogado, Joel García, tras una audiencia realizada en la madrugada de este jueves.
Del total de condenados, 12 recibieron la pena máxima de 30 años de prisión. El resto, de 24, 20 y cinco años; y el exdiputado, de ocho.
La fiscalía imputó cargos de terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado en grado de frustración contra el presidente de la República, traición a la patria y lanzamiento de explosivos en lugares públicos, entre otros.
"Este tipo de hechos no pueden pasar impunes y merecen la máxima pena", dijo el fiscal general, Tarek William Saab, en una alocución.
La sentencia se produce cuatro años exactos después de la explosión de dos drones en las proximidades de una tarima donde Maduro presidía un acto con militares, el 4 de agosto de 2018, en Caracas. Las autoridades acusaron en su momento al entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de planificar el ataque en colaboración con Estados Unidos y Perú.
Requesens fue detenido tres días después junto a una treintena de personas, entre ellas un concejal que murió en custodia del servicio de inteligencia (Sebin), al caer desde el décimo piso de una de las sedes de ese cuerpo. Dos agentes fueron condenados por ello.
Las sentencias de este jueves "tienen como finalidad sustentar la falsa narrativa del poder en cuanto a un supuesto intento de magnicidio. Son 'chivos expiatorios'", declaró a la AFP el abogado Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, que atiende casos de opositores presos.
Pedido de extradición
Venezuela ha solicitado la extradición por este caso de otro exdiputado, Julio Borges, quien huyó a Colombia en febrero de 2018 denunciando "persecución política".
El gobierno de Maduro le acusa de ser el "autor intelectual".
"Tenemos que exigir que se respete el derecho internacional" y "Colombia entregue" a Borges, dijo este jueves Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, hoy con amplia mayoría chavista, en una sesión legislativa.
El izquierdista Gustavo Petro asumirá la presidencia de Colombia el próximo domingo. Sucederá a Iván Duque, uno de los principales detractores de Maduro, quien dio refugio a Borges.
A los pocos días del arresto de Requesens, el gobierno mostró al dirigente, hoy con 33 años, en un video en el que admitía haber tenido contacto con uno de los supuestos cómplices y en el que involucró a Borges. La oposición denunció que había sido amenazado o drogado.
Saab aseguró que ha sido respetado el debido proceso: "Se realizaron 91 audiencias, participaron 60 expertos, declararon 193 funcionarios actuantes y prestaron testimonio 36 testigos".
Justicia secuestrada
Antes de la sentencia, el abogado García aseveró que la fiscalía no pudo demostrar la culpabilidad de Requesens: "La jueza (Hennit López) no tiene cómo condenarte y debes ser absuelto, pero nuestra justicia está secuestrada".
Requesens recibió en 2020 el beneficio de casa por cárcel. No se conoce si esa medida se mantendrá.
"Repudio eterno a tiranos y tiranía", tuiteó el padre del condenado, también de nombre Juan Requesens.
Foro Penal -que contabilizó 245 "presos políticos" en Venezuela al 1 de agosto- destacó las condenas a 30 años de Emirlendris Benítez y Yolmer Escalona, que prestaban "un servicio de taxi a personas que no conocían (que estaban solicitadas), cuando fueron arrestados".
"No existen evidencias", destacó Himiob, que indicó que el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU declaró en 2021 que la captura de Benítez "había sido arbitraria" e instó a que fuese liberada.
El general del Ejército Héctor Hernández Da Costa, de 56 años y condenado a 16 años, tiene igualmente un pedido de liberación del grupo de la ONU, según su hija, Loredana Hernández.
"Lo que acaba de pasar es el más claro reflejo de que no hay justicia en nuestro país", dijo a la AFP.
Maduro, en el poder desde 2013, recordó en Twitter el "día en el que los enemigos atentaron contra la paz de Venezuela". "Seguimos firmes, unidos, conscientes y en pie de lucha".
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