Un terrible hallazgo tuvo lugar en una finca ubicada en Indonesia,
donde investigadores de anticorrupción encontraron un grupo de 65 hombres encerrados en jaulas, en contra de su voluntad. Al parecer, habían sido engañados con un programa de rehabilitación que les permitiría superar su adicción a las drogas.
El descubrimiento se produjo en el marco de una investigación que se estaba realizando en contra de un funcionario local, luego de que dos de sus asistentes fueran atrapados recibiendo un soborno de 40.000 dólares. Tras seis meses detrás de la pista de su objetivo, los expertos llegaron a una finca ubicada en el norte de la isla de Sumatra, donde se encontraban los hombres cautivos.
Los prisioneros habían sido encerrados en las jaulas bajo la idea de que estaban ingresando en un programa de rehabilitación de drogas, pero eran obligados a trabajar como esclavos, en condiciones inhumanas, en una plantación de palma y una fábrica de aceite que pertenecían al poderoso funcionario investigado, identificado como Terbit Rencana Perangin-angin, y a su familia.
Acorde con los relatos de las víctimas que aportaron a la investigación realizada por el Gobierno local, estar allí era similar a estar en una cárcel, donde eran tratados como animales.
El funcionario, de 50 años, fue arrestado días después del hallazgo de las jaulas, pero fue únicamente procesado por el delito de soborno y condenado a siete años y medio en una cárcel. Aunque las autoridades incautaron la fábrica, Perangin-angin negó tener conocimientos acerca de la operación y no fue juzgado por ningún cargo relacionado con la esclavitud de los 65 hombres.
Esta no es la primera vez que el funcionario se ve involucrado en este tipo de situaciones que atentan en contra de los derechos humanos de las personas. Investigadores de la policía provincial de Sumatra del Norte descubrieron que, una década anterior a su arresto, 656 hombres y adolescentes fueron encarcelados en jaulas durante un año y medio en tierras que pertenecían a Perangin-angin.
Las víctimas fueron sometidas a todo tipo de malos tratos, siendo torturadas, azotadas, quemadas y agredidas de manera sexual. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia, tres de los seis de los prisioneros que murieron en ese tiempo fue a causa de las torturas.
Aunque con la ayuda de los prisioneros han logrado identificar y procesar algunos miembros que hacían parte de la operación donde trabajaban como esclavos, ninguno de los acusados ha enfrentado un solo cargo significativo, por lo que las sentencias no superan los tres años de prisión.
Uno de los miembros más representativos de la organización era el hijo del funcionario, Dewa Perangin-angin, quien se encargaba de interrogar a los interesados en recibir el tratamiento de rehabilitación y ordenar a sus trabajadores a torturarlos.
El caso más significativo que se adelantó en su contra fue el de la muerte de un hombre identificado como Sarianto Ginting, quien llegó con la esperanza de superar su adicción al alcohol, pero el hijo del funcionario lo golpeó con un trozo de madera y le ordenó a sus escoltas que lo empujaran a un estanque lleno de agua para que tomara un baño. Sin embargo, la segunda vez que el hombre se sumergió, no volvió a salir a la superficie.
Dewa Perangin-angin y su escolta fueron condenados por el asesinato de Ginting a 19 meses de cárcel, pero el hijo del funcionario fue liberado discretamente después de pagar la mitad del tiempo.
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