MEDIO AMBIENTE

El pasado 9 de abril de 2026, la ciudad de Barrancabermeja, Santander, fue escenario de un crimen que ha conmocionado al país y puesto bajo la lupa el sistema de protección de menores. Karely Merlano, una formadora de 47 años y profesional en instrumentación quirúrgica, perdió la vida presuntamente a manos de cuatro adolescentes que se encontraban bajo su custodia en un hogar de paso operado por la Fundación Revivir, contratada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Séptimo Día conoció las pruebas que apuntarían a los jóvenes como presuntos responsables de la agresión contra la cuidadora. Además, también evidenció las presuntas fallas de seguridad en estos centros que reciben a menores infractores.Sobre la tragedia, sus familiares han expresado el dolor por la pérdida de una mujer que dedicó su tiempo a cuidar de jóvenes en condiciones difíciles. Su hijo, Ronnie García, describió la situación afirmando que "esos mismos adolescentes quien ella cuidaba arrebataron su vida de una forma muy atroz".Por su parte, Alejandro Cabarcas, pareja sentimental de la víctima, recordó la entrega de Merlano comentando que "era una mujer que le había tocado luchar mucho". Según los informes preliminares, los menores, tras presuntamente asfixiarla, huyeron del lugar.Antecedentes de amenazas y fallas en la seguridadLa investigación reveló que Merlano ya había expresado su preocupación por su integridad física debido al comportamiento agresivo de algunos de los internos. Según los testimonios recopilados, la formadora había denunciado constantes insultos, amenazas y desafíos a su autoridad."Al parecer uno de esos menores había estado involucrado en un homicidio. Entonces imagínate el peligro tan grande que corría mi mamá", relató el hijo de la víctima.Incluso, se conoció un incidente previo donde Merlano tuvo que ser hospitalizada. Ronnie García detalló este suceso explicando que "una semana antes del suceso, mi mamá me llama y me cuenta: 'Estoy hospitalizada, porque al parecer esos adolescentes me echaron una sustancia en el agua'".A pesar de estos reportes, la familia denunció que la fundación no tomó medidas correctivas ni garantizó un entorno seguro para la trabajadora. “Desde el problema más mínimo, ella lo reportaba al chat interno de la fundación y al chat personal de la señora Ivonne Gaitán”, señaló Cabarcas.Según él, Ivonne Gaitán fue durante años la responsable de la operación de la Fundación Revivir, aunque actualmente ya no figura como su representante legal.Así ocurrió el ataque en hogar de paso del ICBFLa noche del asesinato, la Policía de Infancia y Adolescencia recibió una alerta ciudadana sobre posibles agresiones dentro del establecimiento. El intendente Luis Carlos Amariles, quien atendió el llamado. "Los vecinos lo que informan es que se escucharon unos ruidos, unos gritos al interior del establecimiento, posterior un silencio", dijo.Al ingresar al lugar, las autoridades encontraron a la mujer sin signos vitales y con evidencias de haber sido atacada por los menores.Una de las críticas más fuertes hacia la Fundación Revivir radica en que Karely Merlano se encontraba sola custodiando a cinco jóvenes con perfiles complejos.La concejal de Barrancabermeja, Tania Mogollón, cuestionó las condiciones laborales y de seguridad en el lugar de los hechos. “Es una muerte que se hubiese podido evitar si tanto la Fundación Revivir y el ICBF le hubieran brindado las garantías a Karely”.Mientras que el hijo de la víctimas afirmó que “no se prestaron las garantías correspondientes, ya sean cámaras de seguridad o un guarda de seguridad".El debate sobre las medidas a menores de edadEl asesinato de Karely Merlano ha reavivado el debate sobre la efectividad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y la severidad de las sanciones para menores que cometen delitos graves. Actualmente, el Congreso de la República evalúa propuestas para modificar la legislación vigente.El representante a la Cámara, Óscar Villamizar, es uno de los defensores de endurecer las penas, argumentando que "a partir de los 14 años los menores serían tratados como adultos. Estamos hablando de delitos en contra de la vida". Villamizar sostiene que el modelo actual no cumple con su función resocializadora y propone aumentar las sanciones máximas, que hoy son de 8 años, hasta los 60 años para casos de alta gravedad.En contraste, otros sectores sostienen que el problema no radica en la severidad de las penas, sino en la capacidad del Estado para rehabilitar y resocializar a los menores infractores. La representante Erika Tatiana Sánchez, presidenta de la Comisión de Infancia y Adolescencia, manifestó su postura indicando: "Yo no estoy de acuerdo en robustecer las penas a los menores de edad cuando no trabajamos directamente en reconstruir el tejido social y el entorno familiar".Por otro lado, expertos como Diego Molano, exdirector del ICBF, apuntan a la responsabilidad de la entidad en la supervisión de sus contratistas. "Hay mucho contratista en el ICBF y no se están cumpliendo esos seguimientos y esos estándares. Ahí puede haber un problema de fondo", advirtió.Mientras el proceso judicial contra los cuatro menores implicados continúa, la familia de Karely Merlano exige justicia y reformas que eviten que otros funcionarios queden desprotegidos en el ejercicio de su labor.

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