La unidad investigativa de Noticias Caracol rastreó las piezas claves del expediente por presunto espionaje que tiene bajo sospecha a un batallón del Ejército y obtuvo videos inéditos del allanamiento que adelantó la Corte Suprema de Justicia
al batallón de ciberinteligencia en Facatativá el 18 de diciembre de 2019.
Las imágenes dejan constancia de un altercado de marca mayor entre la magistrada Cristina Lombana y el coronel Milton Eugenio Rozo, entonces comandante de ese batallón y hoy enjuiciado disciplinariamente por supuestos perfilamientos ilegales a civiles.
Mientras hablaban acaloradamente, los escuchaba al otro lado del teléfono el general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares.
Magistrada Lombana: Listo, mi general, ahora mi versión, y me va a excusar, pero creo que le está faltando a la verdad, mi coronel.
Coronel Rozo: Doctora, yo no soy mentiroso, no soy mentiroso.
Magistrada Lombana: Desafortunadamente le está faltando a la verdad, independientemente de lo que le diga.
Coronel Rozo: No estoy faltando a la verdad. Soy un soldado de Colombia.
Magistrada Lombana: ¿Me permite, mi coronel, si es tan amable?
Coronel Rozo: No diga eso.
Magistrada Lombana: ¿Me permite?
Coronel Rozo: Yo le permito.
La magistrada indagaba si desde esa unidad militar se estaba espiando a magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos.
El general Luis Fernando Navarro, que escuchó el tensionante encuentro, dijo en altavoz: "Me queda claro, me queda claro, mi honorable magistrada. Entonces el coronel y todos ustedes seguirán acompañando absolutamente la diligencia".
El alto oficial le dio la orden a Rozo que colaborara y permitiera la diligencia de la magistrada de la Corte Suprema.
Lombana, acompañada de funcionarios de la Dijín de la Policía y de la Procuraduría,
recopiló discos y dispositivos con información de seguridad nacional. Los funcionarios inspeccionaron los servidores y aparatos donde reposaban documentos ultrasecretos: “directorio activo, correo electrónico, seguridad informática, aplicaciones de la inteligencia, software de cartografía, bases de datos y todo lo que tiene que ver con la inteligencia militar”, detalló uno de los investigadores.
La tensión se elevó cuando supuestamente, y así quedó consignado en las actas oficiales de la diligencia, el coronel Rozo trató de recuperar su celular decomisado y sacarlo por la ventana. Dijo que no sabía que no podía usar el teléfono y que solo quería hablar con el abogado del batallón, un desacuerdo que terminó en un forcejeo entre el oficial y un investigador de la Policía Judicial.
Coronel Rozo: Es mi celular personal, entonces revíselo acá delante de mí.
Funcionario de la Procuraduría: Yo no puedo permitir eso.
Coronel Rozo: Yo doy fe que me ultrajaron acá, me arrastraron de ahí y no me dejaron hablar.
Magistrada Lombana: Está quedando en filmación para judicializar a las personas por obstrucción a la justicia, por favor. Qué pena, mi coronel, le voy a pasar parte a mi general Navarro, que está pendiente de la diligencia.
Coronel Rozo: Yo acepto que le pase parte, porque me están violando mis derechos.
La magistrada Lombana llamó al general Javier Ayala, entonces jefe jurídico del Ejército, y lo puso en altavoz.
Magistrada Lombana: Mi general, solicito apoyo porque resulta que mi coronel está poniendo en asonada a los soldados, nos están armando un escándalo y la verdad si él no se calma y calma a su gente, voy a tener que llamar refuerzos de la Fiscalía.
General Ayala: Pero a ver, es que cuando ellos son autoridad… es que la que está haciendo la diligencia es una magistrada.
Coronel Rozo: Mi general, puede ser el presidente de la República, pero en este momento aquí tenemos unos hombres que les vulneraron los derechos, mi general. A mí me acaban de ultrajar acá porque iba a hablar con el abogado, ni siquiera me permiten hablar con él, aquí lo hicieron, mi general. Yo soy coronel del Ejército.
General Ayala: Usted se calma o genera un problema más grave.
Coronel Rozo: Pues mi general, yo quiero saber qué está pasando, al menos saber por qué tienen a mi unidad así. ¿No tengo derecho a saber eso, mi general?
General Ayala: Ni yo lo tengo, ni el ministro, ni el comandante general. Entonces tranquilo, el que nada debe, nada teme. Tranquilícese.
A pesar de la orden del general Ayala, Rozo siguió ofuscado y la magistrada Lombana le lanzó una advertencia: “no, no, no, si mi coronel no colabora, desde este momento les digo, me toca hacerle el incidente de desacato y arrestarlo”.
A las preocupaciones de la togada por lo que ocurría dentro del batallón se sumaba lo que estaba pasando en la puerta del edificio, donde varios soldados discutían con funcionarios.
Poco después, el propio comandante de las Fuerzas Militares llamó a la magistrada para ponerle punto final al pleito.
General Navarro: Me queda claro, mi honorable magistrada. Entonces el coronel también ya seguirá acompañando la diligencia y creo que vamos a mandar ahoritica al general Ayala para que esté también acompañándolos y para que, mi honorable magistrada, les ayude a mediar con cualquier inconveniente. ¿Le parece?
Magistrada Lombana: No, y ya vamos a acabar, mi general, ya solamente falta levantar el acta.
A raíz de la información obtenida en ese allanamiento se constató que en el batallón se hicieron rastreos, perfilamientos y mapas de sus contactos virtuales a decenas de civiles, incluidos periodistas como Nicolas Casey, del The New York Times; John Otis, del Wall Street Journal, y María Alejandra Villamizar, de Noticias Caracol, entre otros.
El caso fue revelado en su momento por el periodista Ricardo Calderón, en la revista Semana, y el coronel Rozo fue retirado del Ejército. En mayo del año pasado la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a ese oficial, así como a 10 militares más y a dos generales: Gonzalo García y Luis Felipe Montoya.
Militares culparon a la prensa por debilitar al Ejército con denuncias
En la defensa de su inocencia, varios mandos del batallón de ciberinteligencia, incluso los que no resultaron involucrados en el escándalo, reivindicaron su trabajo y cuestionaron a los medios de comunicación por lo que divulgaron.
Sus declaraciones a la Procuraduría contrastan con evidencias y testimonios de algunos de sus propios colegas, que confesaron haber hecho los perfilamientos a civiles, incluso siguiendo órdenes de un general.
La capitán Aura Zenaida Páez, comandante de la compañía C del batallón, fue una de la más molestas por las denuncias periodísticas.
“Cuando salió a la luz pública el artículo ese de la revista Semana sí, nos dimos cuenta del daño tan grande que le hicieron al país”, dijo.
Algo parecido expresó el sargento Hellman Morales Mora, suboficial del batallón de Facatativá: "la verdad entre menos lea yo esas revistas menos me dejo envenenar, porque eso es envenenarse uno mismo".
Y también el mayor Eduardo De La Torre Díaz, quien fue retirado del Ejército en medio del escándalo.
Para él todo fue “una calumnia completamente, porque a nosotros eso ni nos interesa ni hace parte de nuestras misiones seguir a ninguna de estas personas”.
No obstante, las declaraciones consignadas en el pliego de cargos de la Procuraduría cuentan una historia distinta. Uno de los perfilamientos más documentados es el de María Alejandra Villamizar, periodista de Noticias Caracol.
El sargento José Cadena, que habló de ese seguimiento, salpicó al general Gonzalo García, quien fue comandante de inteligencia y contrainteligencia militar: “el señor coronel Rozo llamaba al señor Betancourt y le daba la orden y decía que todas las órdenes provenían era del de mi general García”.
Todo quedó consignado en un informe que un teniente le envió al mayor De La Torre Díaz, quien ha negado su responsabilidad en estos hechos.
En el documento decía que “se obtuvo información de la periodista María Alejandra Villamizar Maldonado, logrando establecer su plena identificación, número de abonados y dirección de residencia, así mismo su historial laboral”.
No es todo. Entre miles de archivos de este expediente revisados por la unidad investigativa de Noticias Caracol, se halló un documento inédito: se trata de una lista de 87 objetivos de la brigada de inteligencia militar donde aparecen reseñas sobre capos del narcotráfico, exguerrilleros reincidentes, la cúpula del ELN y hasta generales del régimen de Nicolás Maduro.
En la mitad de todos ellos apareció María Alejandra Villamizar y los medios Las Rutas del Conflicto y la Liga contra el Silencio. De hecho, al lado de sus nombres figuran Iván Márquez y Jesús Santrich.
¿Qué herramientas usaron para seguir a los objetivos?
Entre las evidencias recogidas están varios videos en donde funcionarios del Ejército explican el catálogo de herramientas que se usan para perseguir objetivos. Aunque se habla de rastreos legítimos, todo indica que también fueron usados contra civiles.
Uno de esos equipos es el stingray, que sirve para ubicar geográficamente a una persona a través de la localización de un dispositivo como su celular.
Tiene una antena de recepción y una de transmisión para poder captar lo que hay en el espectro electromagnético, en las bandas de 850 y 1900, y lo que hace es hacer un proceso de radiolocalización del elemento.
Para el análisis y seguimiento a los usuarios de Twitter, según el teniente Yamid Octavio González, usan una aplicación conocida como tinfoleak, con la que se establece quién generó el trino, “cuántos lo retuitearon, en qué región del país, en qué países generó más tendencia”.
Y para establecer las redes de contacto y las interacciones en Facebook usan la aplicación Voyager.
“La finalidad es generar una perfilación del cabecilla. Muchas veces nos da por medio de una foto que subió el tipo de manera abierta, nos da una ubicación. El analista va a decir ‘ese monumento es de tal municipio’”, explicó el teniente González.
El oficial del batallón de Facatativá dijo que los recursos para adquirir esa herramienta “fue dinero proporcionado por agencias, convenios externos (...) Esos son apoyos que proporcionan las embajadas americana y británica puntualmente”.
La defensa de los involucrados es que espionaje no hubo ni mucho menos seguimientos. Sí reconocen rastreos de fuentes abiertas o información pública que, dicen, no vulneran derechos fundamentales.
¿Qué dicen las víctimas de estos seguimientos?
Ginna Morelo, exdirectora de la Liga contra el Silencio
Tantos meses después, tras haber pedido acciones concretas de parte del gobierno, nada ha pasado desde esa orilla. Afortunadamente hay organizaciones en Colombia y en el exterior que nos acompañan, que se interesan por el tema y que de alguna u otra forma nos cuidan. ¿Qué demandamos? Esclarecimiento. ¿Qué anhelo? Que no se repita, que nadie más lo padezca.
Óscar Parra, director de Las Rutas del Conflicto
Es evidente el impacto emocional, el impacto sobre nuestro trabajo como periodistas, evidentemente uno, digamos piensa dos veces cada vez que uno va a publicar algo sobre el Ejército y nosotros estamos exigiéndole al Estado que nos entregue esta información, que nos diga qué fue lo que se recogió ahí, sabemos que había información sobre fuentes, sobre familiares nuestros, cosa que nos preocupa tremendamente.
María Alejandra Villamizar
Lo que estamos esperando es la verdad, pero sobre todo que se garantice la no repetición. Yo estoy dispuesta a entender, incluso a veces que no se haga justicia, porque estos casos normalmente quedan en una bitácora de amenazas y seguimientos que muchos periodistas ya tenemos en nuestra tarea, en nuestra experiencia profesional, pero que no se repita.
John Otis, corresponsal en The Wall Street Journal
Entiendo que la Procuraduría ha hecho algunas cosas, pero la Fiscalía muy poco. Desde que ocurrió, creo que el ministro de Defensa en su momento, el año pasado, despidió 12 o 13 oficiales del Ejército y como se fue del mapa de las noticias, se olvidaron del tema, como que se lavaron las manos.
Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP
Es inadmisible que después de un año no existan avances en la investigación sobre los perfilamientos ilegales realizados por el Ejército contra decenas de periodistas. Lo que sí ha existido ha sido desinteligencia institucional; mientras que la Procuraduría ha identificado a más de 35 personas que fueron víctimas, la Fiscalía por su parte asegura que son 20. Por otro lado, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a 13 militares y esto contrasta con la Fiscalía, que no ha avanzado en la imputación de cargos contra nadie.
Han pasado 14 meses desde que estallara uno de los más graves escándalos por supuesto espionaje militar a decenas de civiles y periodistas y el proceso, que tiene bajo sospecha a varios oficiales en retiro, sigue sin esclarecerse.
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