El sacerdote colombiano Carlos Arcos Pérez ha recibido una condena de 8 años por abuso de dos menores en Italia. Los hechos ocurrieron entre septiembre y noviembre del 2021.
En el pequeño poblado de Carpineto Romano, a solo 76 kilómetros del Vaticano, fue el escenario. Aquí vivió el sacerdote Carlos Arcos Pérez durante tres años. No era el párroco, pero en esta iglesia oficiaba misas y funerales. Así lo recuerdan quienes lo conocieron.
“Una buena persona con la que se podía hablar libremente. Quiso mucho a los chicos y les compartió muchas de sus cosas. Tenía una bicicleta que los niños se la llevaron y le dije: ‘Padre Carlos, ¿pero se llevan tu bicicleta y no dices nada?’... ‘Pero déjalos, es justo que se diviertan’. Ese era el padre Carlos para mí”, señaló una mujer identificada como Floriana.
Pero otras cosas ocurrían a la par. Los padres de dos menores de edad comenzaron a sospechar cuando encontraron una suma de 110 euros en las manos de sus hijos.
La Fiscalía reveló que el dinero era un medio para atraer a los niños a caminatas en el bosque, que servían como pretexto para las insinuaciones sexuales y los abusos.
La denuncia de esas familias fue el origen de la investigación que derivó en condena. Algunos aún no pueden creerlo.
“Un sacerdote excepcional porque en suma era muy sensato, muy atento a los problemas, me he confesado con él tantas veces y me parece que ha sido acusado injustamente, porque es un santo sacerdote”, aseguró Filippo Urpi, vecino de Carpineto Romano.
Sin embargo, la Fiscalía reveló que los investigadores encontraron en el teléfono del sacerdote Carlos Arcos Pérez material pornográfico y fotos de las víctimas.
El director de Rete, la asociación de supervivientes de abuso sexual del clero, indicó que Carlos Arcos Pérez ya tenía antecedentes de abuso.
En 2018, la comunidad religiosa a la que pertenecía el sacerdote, el Instituto Misionero San Juan Eudes, advirtió sobre los comportamientos inapropiados que tuvo durante una misión en áfrica ese año. Aun así se le permitió servir en el municipio italiano.
En una carta, enviada en agosto de 2018 al superior general, padre Jesús Amaya León, el propio fundador de dicho instituto, monseñor Humberto Lugo Arguelles, expresa graves preocupaciones sobre al menos cinco casos de denuncias de abusos sexuales, encubrimiento y negligencia ante los hechos en esa comunidad.
El caso cinco es el concerniente al sacerdote Carlos Alberto Arcos Pérez.
Sobre él, monseñor Lugo escribe lo siguiente: “Enviado con el padre Albeiro a la misión de Príncipe. En comunicación con monseñor Antonio do Santos, obispo de Sao Tomé y Príncipe, cuando supe la situación, me respondió que fue un pesar haber cerrado la misión, porque usted concretamente le había dado mal manejo. Posteriormente por comentarios, supe que podría tratarse por parte del padre Carlos Alberto Arcos Pérez, de presunto delito con menores de edad. Lo insólito es que lo tienen en Carpineto Romano. ¿Le habrán comunicado a monseñor Loppa, obispo de Anagni-Alatri?”.
Y más adelante señala: “Padre Jesús, en estos asuntos, el Santo Padre pide cero tolerancia”.
En la carta, monseñor Lugo Argüelles asegura que a los obispos de Colombia les correspondería actuar según el derecho diocesano. Tres años después, a comienzos de 2021, monseñor Lugo murió de COVID.
Dos meses después se sabría de las denuncias sobre Carlos Arcos Pérez en Carpineto.
“Desgraciadamente, se trata de una situación tristemente típica porque la Iglesia hace investigaciones que permanecen internas, por lo que el mundo exterior no sabe nada y estas personas son trasladadas de país en país y, como en el caso de Pérez, desgraciadamente vuelven a cometer abusos sexuales”, sostuvo Francesco Zanardi, fundador de Rete.
Y como suele suceder en estos casos, todo es silencio. Noticias Caracol contactó con el actual obispo de Carpineto Romano, monseñor Ambrogio Spreafico. Rechazó dar declaraciones argumentando que no conocía lo suficiente el caso.
Los abusos sucedieron durante el obispado de monseñor Lorenzo Loppa, quien también se ha negado a dar declaraciones sobre el acusado.
Incluso, el abogado defensor mantiene silencio. Asegura que su cliente no quiere pronunciarse.
En un centro de rehabilitación llamado Comunidad en Diálogo, Carlos Arcos Pérez cumple su sentencia. Cuando salga, tendrá que cumplir con la prohibición de no acercarse a lugares frecuentados por menores o realizar trabajos que impliquen contacto con menores.
Ha sido inhabilitado para cargos públicos y deberá pagar 40.000 euros de indemnización a las víctimas.
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