Colombia tiene 12.072 concejales en todo el país, pero solo 57 de ellos por el nivel de sus amenazas cuentan con vehículo blindado y esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. De esos 57 concejales en riesgo extremo por cumplir su trabajo, 40 están en Bogotá
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Los otros 17 ejercen sus funciones en cuatro capitales: Medellín, Barranquilla, Popayán y Cartagena, y en los municipios de Saravena y Tame, en Arauca; Argelia, en el Cauca; Pueblo Bello, en Cesar; San José de Uré, en Córdoba; La Macarena y Uribe, en el Meta; Urumita, en La Guajira; y Ocaña, Toledo y Teorama, en Norte de Santander. Estos últimos, lugares donde el conflicto y la violencia son un asunto crónico desde hace décadas.
En medio de un país atenazado por las mafias del narcotráfico, los grupos ilegales, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el ELN y otro largo etcétera, llama la atención que la mayoría de los concejales del país protegidos con carros blindados y hombres de la Unidad Nacional de Protección estén en Bogotá
El Concejo de la capital tiene 45 integrantes y 40 de ellos están protegidos. En realidad, todos lo estarían, pero cinco concejales voluntariamente decidieron renunciar a sus esquemas al considerar que no tienen un riesgo extremo y que lo que hay detrás de está desigual repartición de recursos públicos es un asunto de privilegios y estatus. Uno de esos concejales es Marisol Gómez.
“Los concejales aceptan el esquema de seguridad porque la Unidad Nacional de Protección les dice que los necesitan, pero vivir en una ciudad donde hay presencia de grupos armados, de bandas criminales, donde hay barrios inseguros, no es una razón suficiente para tener un esquema de seguridad, que es básicamente el argumento de la Unidad Nacional de Protección para pensar por ejemplo que yo tenía un riesgo extraordinario”, dice Gómez.
En efecto, según la valoración de la UNP, Gómez está en riesgo por su pasado como periodista en el diario El Tiempo y porque en Bogotá delinquen actualmente 185 grupos de delincuencia común y redes urbanas del ELN. Nada más. No se identifica una amenaza directa contra ella o una intención con nombre y apellido de alguien que quiera hacerle daño.
En resumen, ningún riesgo por encima del riesgo promedio de todos los ciudadanos. Por esa razón, desde 2020, renunció a su esquema y se mueve en la ciudad con recursos propios.
“La labor de un concejal es hacer control político y hacer denuncia, pero también hacer denuncia es el trabajo de un periodista, de un juez, de un fiscal, de un líder social, incluso de los influencers, y no por hacer denuncia ellos per se tienen un esquema de seguridad; tienen que tener una amenaza específica y un riesgo específico porque, si no, no cabrían las camionetas por todo el país”.
Gómez se ha ganado la animadversión de muchos de sus colegas que la han acusado de hacer política con la seguridad de ellos. Pero ella insiste en que la UNP no está haciendo las valoraciones con rigor y pone su caso como ejemplo, mientras en la ruralidad colombiana siguen asesinando periodistas, líderes sociales y desmovilizados que sí necesitan protección.
“Hay que hacer una autorreflexión sobre los privilegios de algunos funcionarios y de gente que se dedica a la política porque yo creo que una gran distancia de los ciudadanos con los políticos tiene justamente que ver con los privilegios que tienen los políticos. Y sobre todo para algunos políticos y para algunos funcionarios también se ha convertido el tema de los esquemas de protección en más un asunto de estatus y algunos incluso creen que la majestad de un cargo está en un esquema de protección o una camioneta blindada”, añade.
La concejal Gómez, además, ha venido denunciando que todos los concejales en Bogotá han terminado con vehículos blindados y esquemas porque simple y llanamente desde 2014 el Concejo hizo un convenio con la UNP para garantizar la seguridad de todos los cabildantes. En virtud de dicho convenio, que les ha costado a los bogotanos más $37.000 millones en estos ocho años, la UNP termina valorando a todos los concejales en riesgo extremo.
“Algún congresista decía recientemente que no estaba obligado a dar ejemplo, (pero) yo sí creo que quien está en la política es el primer llamado a dar ejemplo en los temas de austeridad y de asignación de recursos, sobre todo en un país donde hay tanta gente con tantas necesidades”, concluye Gómez.
Los concejales María Fernanda Rojas y Diego Laserna también renunciaron a sus carros oficiales y escoltas como Gomez.
“Hay quienes necesitan, por supuesto, y en ese caso hay que proteger la vida, pero yo creo que encumbrar estos cargos políticos no es bueno incluso para estos mismos cargos políticos. La política no es para tener privilegios, es para representar la vida de la gente y las necesidades de la gente y encontrar soluciones y entender eso a veces cuesta pero me parece que es el camino”, sostiene Rojas.
Su llamado no es a desproteger a los concejales que sí sufren algún riesgo o amenaza, sino a distribuir de mejor manera los escasos recursos públicos.
“Este es un país violento donde la gente pierde la vida, tiene atentados contra su integridad y me parece que los recursos públicos para proteger la vida en estos casos deben ser prioritarios para la gente que realmente lo necesita”, agrega la cabildante.
En esa línea se pronunció el concejal Diego Laserna: “Yo nunca he sentido mi seguridad en riesgo y por eso creo que sería un derroche pedirle a la UNP un esquema de seguridad que vale más de $10 millones al mes y que quita policías de hacer su trabajo para perseguirme. Y segundo, creo que para representar bien a los bogotanos uno se tiene que mover como los bogotanos, entonces yo me muevo a pie, en bicicleta, en bus, en taxi y siento que así estoy más cercano de la vida de una persona común y corriente”.
Según la ley colombiana, la UNP debe garantizar la seguridad de altos dignatarios del país en razón de su cargo: el presidente, la vicepresidente, los ministros, el fiscal, los magistrados de las altas cortes, los gobernadores y alcaldes. Pero allí no están los concejales, a quienes debe valorársele su nivel de riesgo por su trabajo, no por su cargo.
El Concejo de Bogotá es el único de los 1102 municipios que tiene un convenio con la UNP para estos efectos. Por esa razón estos tres concejales aseguran que, como hay una partida presupuestal para costear esos vehículos blindados, pues se volvió común que todos los concejales de Bogotá tengan carros y escoltas.
¿Pero realmente lo necesitan los concejales?
El presidente del Concejo Samir Abisambra concluye tajante que sí. “Nosotros efectivamente tocamos temas álgidos de seguridad, de salud, visitamos los barrios por el tema de microtráfico y demás y eso genera unos problemas para nosotros y obviamente deben ser atendidos. La UNP, que es la entidad encargada de revisar estos riesgos, obviamente debe establecer si son riesgos extraordinarios o no y ha establecido que el trabajo de nosotros es un riesgo extraordinario por la condición y por el trabajo que desempeñamos”, advierte.
Según él, esos riesgos no se los han inventado ellos y por eso tienen que ser responsables con sus electores y sus familias. “Esto es un asunto no de estatus, repito esto no puede ser un tema político, y cuando dicen eso lo convierten en un tema político. Esto es un tema de seguridad. Yo creo que esto tiene un nombre y es un tema político y yo creo que con la seguridad, con la vida de las personas, pues no debería haber política y para eso existe la UNP”, insiste.
Consultamos al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, quien reconoció que el número de carros para atender la seguridad es limitado mientras los amenazados se cuentan por miles. Por eso anunció una restructuración. “Deben ser revisadas también situaciones como la que plantea la concejal de Bogotá, que me produce admiración por su sentido de la sensatez y la responsabilidad, porque no es usual que una persona reconozca que su riesgo no es suficiente como para estar utilizando recursos como los de protección que, como acabo de decir, son muy escasos”.
La UNP hoy brinda medidas de protección a 7.714 personas, pero la gran mayoría no cuenta con vehículos blindados, sino con otros recursos como chalecos antibalas, radios de comunicación, escoltas, botones de pánico y carros convencionales. Aun así, los costos son altísimos: cerca de $1,2 billones al año. Tan solo en vehículos la UNP gasta más de $460 mil millones al año.
“El país está viviendo una situación muy difícil, tenemos dificultad con la flota de vehículos blindados para la protección y hay que mirar entonces qué vamos a hacer con ese recurso que es escaso y que merece aplicarle toda la racionalidad y el sentido de solidaridad que debe ser”, dice Rodríguez.
El alto funcionario le dijo a Noticias Caracol que iba a revisar el convenio con el Concejo de Bogotá, que se vence en enero próximo, así como cada una de las valoraciones de riesgo de los 40 concejales que hoy tienen esquemas de protección. También aseguró que aplaudía este debate e invitó a otros altos funcionarios a la autorreflexión.
“Es una valoración importante porque es más del 10 por ciento (del Concejo) y me parece muy importante que en el Concejo de Bogotá se esté dando ese ejercicio de racionalidad y de sensatez. (Porque) sí hay una especie de solicitudes que uno ve que, a pesar del nivel del riesgo determinado, a veces prima más el tema del estatus o el modus vivendi o a veces es vista solamente como un medio de transporte”, refiere.
¿Que 40 de los 57 concejales más amenazados de todo el país estén en Bogotá es algo real o es fruto de un convenio que así lo dispone? ¿Están bien distribuidos los recursos, esquemas y carros blindados de la UNP? ¿Cómo atender mejor a esas poblaciones que, a pesar de sus riesgos, apenas tienen un botón de pánico? El debate está abierto.
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