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La fuente que entregó la información sobre los planes para atentar contra el presidente Gustavo Petro y el Palacio de Justicia está en la mira de las autoridades por información falsa que habría entregado a las agencias de inteligencia y la Fiscalía sobre los supuestos atentados. Noticias Caracol en vivo revela las sombras detrás una supuesta conspiración.
>>> Lea, además: Voces de rechazo tras frase de Petro llamando "muñecas de la mafia" a periodistas
En las últimas semanas, dos graves anuncios encendieron una alarma nacional: un plan para atentar contra el presidente Gustavo Petro , el 20 de julio, y otro para atacar el Palacio de Justicia , descubierto el pasado 14 de agosto.
¿Un supuesto complot?
La información de los dos eventos tiene un solo origen: una fuente identificada como Jhon Alexander Beltrán, quien habría hecho una ronda por diferentes agencias de seguridad del Estado y por la Fiscalía entregando información sobre los supuestos atentados contra el Presidente, embajadas y la principal sede de la justicia.
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Sin embargo, en su última entrevista, hace pocos días con agentes de inteligencia de la Policía, Beltrán dio nueva información que daría un giro radical a los supuestos ataques.
Noticias Caracol obtuvo el informe que rindieron los investigadores que hablaron con Beltrán. Según el reporte, admitió que la información que entregó fue mentira y que un abogado y un investigador privado, incluso, le habrían ofrecido dinero y asilo en Estados Unidos por plantar esa información en diferentes entidades del Estado.
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"Manifestó que la información que suministró carecía de realidad y que las personas que estaban detrás de esto eran Javier Mejía Rojas y Luis Arturo Usaquén Calderón, los cuales le tomaron una entrevista para radicar una denuncia en la Fiscalía. Estas mismas personas le ofrecieron la suma de 500 millones de pesos y asilo en Estados Unidos y por esta razón aceptó y siguió con las mentiras".
La denuncia a la que se refiere Beltrán fue radicada en la Fiscalía el 8 de julio por el abogado Javier Mejía y Luis Arturo Usaquén, a quien identifican como investigador privado. El documento de tres páginas comienza denunciando a un colombiano que era buscado por el abuso sexual a una niña menor de 14 años en Indonesia y pretendía huir del país.
"El día lunes 17 de junio de 2024 recibimos información de esos familiares honestos que no quieren que esa conducta criminal quede impune, (SIC) de que el señor Brandon Zuluaga Castro, iba a abandonar Colombia, hacia el país vecino de Panamá en tránsito hacia México".
Unos párrafos más adelante, Mejía y Usaquén mencionan el supuesto complot:
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"Estamos a disposición para ampliar esta denuncia y suministrar más información que hemos recogido a través de entrevistas realizadas a fuentes humanas que desean colaborar con las autoridades judiciales de nuestro país (…). Según estas fuentes humanas, un grupo de personas de extrema derecha está recogiendo material de inteligencia y armamento para atentar contra la vida de nuestro presidente Gustavo Petro y contra las embajadas de Estados Unidos de América y Francia".
Acto seguido, Mejía y Usaquén mencionan los nombres de las personas que supuestamente tendrían la información sobre los atentados:
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"Nos hemos entrevistado con el señor Sebastián Sánchez, quien nos ha puesto en contacto con los señores José Libardo Quebrada Ortiz y Jhon Alexander Beltrán".
Los denunciantes pidieron que la policía judicial entrevistara a Jhon Alexander Beltrán, a quien llaman agente infiltrado o fuente humana.
"Es necesario, en estos casos, que la Policía Judicial colombiana practique una entrevista al agente infiltrado o fuente humana, para que en ella y solo a través de ella, se puedan introducir a nuestro ordenamiento procesal penal colombiano esos elementos con vocación probatoria".
Pero la petición salió mal porque Beltrán terminó señalándolos como los responsables de la entrega de información falsa para engañar a las autoridades.
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La Unidad Investigativa reconstruyó el paso a paso de los hechos que rodearon estos extraños planes de atentados.
El primer rastro apareció a mediados de abril, cuando la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI- recibió una información que alertaba de un supuesto atentado al presidente Gustavo Petro. En la comunicación, anexaron fotografías de un fusil que sería utilizado por un francotirador para asesinar al presidente durante la ceremonia del 20 de julio.
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Los analistas y los peritos de esa agencia de inteligencia de la Presidencia de la República determinaron que ni el fusil ni la mira telescópica servían para una operación de ese calibre. No dejó de llamarles la atención que el arma tuviera un color rojo encendido, algo que difícilmente utilizaría un francotirador profesional.
Después de analizar y cruzar diferentes datos descartaron la veracidad de la información.
Menos de tres semanas después, el 5 de mayo, apareció un segundo rastro. La Policía incautó un fusil de idénticas características al de las fotografías enviadas a la DNI. El fusil fue encontrado durante un procedimiento rutinario de Policía en el barrio Kennedy, en el sur de Bogotá.
Noticias Caracol buscó a peritos expertos de la Policía, quienes aseguraron que se trataba de un arma deportiva. En efecto, el fusil es igual a uno que se vende en internet como rifle semiautomático, calibre 12, con el diseño de un fusil de asalto AR15 y que funciona con gas, al igual que la escopeta y la pistola incautadas. Es utilizado para tiro deportivo y cacería. El fusil incautado había sido modificado con una mira que no era compatible con el arma.
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Dos meses después, el 8 de julio, apareció el tercer rastro. Los abogados Jaime Mejía y el investigador Luis Usaquén radicaron ante la Fiscalía la denuncia en la que aseguran que se estaba preparando un atentado contra el presidente Petro y que Jhon Alexander Beltrán es la fuente de esa información.
El cuarto rastro ocurrió horas después de radicar ese documento, cuando se entregó una copia a la DNI y a la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL). La información fue evaluada y calificada como poco veraz por las dos agencias colombianas. Pero, como parte de los protocolos de inteligencia, al aparecer mencionadas la Presidencia y las embajadas de Estados Unidos y de Francia, la denuncia fue compartida por los canales institucionales con las representaciones diplomáticas y la seguridad de la Casa de Nariño.
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Lo que sucedió después es de conocimiento público. El 20 de julio, el presidente Gustavo Petro llegó cuatro horas tarde al desfile militar. Al día siguiente, a través de su cuenta de X, el mandatario aseguró:
“¿Que llegué tarde? Sí. Información a corroborar desde la embajada de los EE.UU., y una descoordinación de mi servicio de escolta, motivaron la tardanza”.
El 8 de agosto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también confirmó que las agencias de inteligencia estaban analizando información sobre el supuesto atentado del 20 de julio: "Había informaciones respecto a eso, de un atentado cuyos detalles no voy a mencionar".
Un día después, el presidente se refirió nuevamente al supuesto atentado y en un trino señaló a los posibles responsables del plan:
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“Le preguntaría a alias ‘Iván Mordisco’ si es cierto si se ha aliado con la autodenominada "nueva junta del narcotráfico" con sede clandestina en Dubái, desde donde delinquen para matarme con francotiradores pagos”. Ese mismo día, Néstor Vera, alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, le respondió al mandatario:
"No tenemos ni idea qué es o si exista la tal nueva junta del narcotráfico. (...) Nos llama poderosamente la atención la falta de rigurosidad y seriedad de los asesores de seguridad de inteligencia del presidente Petro que le permiten dar credibilidad a noticias como estas".
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Mientras este cruce de mensajes se daba en las redes sociales, Jhon Alexander Beltrán, el informante, buscó a agentes de la Dipol ofreciendo nueva información sobre la ubicación de las armas que iban a ser usadas para el supuesto atentado contra el presidente. Los analistas lo descartaron nuevamente porque descubrieron inconsistencias en su versión.
Pocos días después, el 13 de agosto, ocurrió el quinto rastro. Después de ser rechazado por la Dipol, Beltrán decidió probar suerte y contactó a agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, a quienes les entregó la ubicación de un apartamento y una bodega en el sur de Bogotá en donde supuestamente encontrarían el armamento que iba a ser usado para atentar contra el Presidente.
Efectivamente, la Sijín allanó la bodega y encontró proveedores, munición, 16 bolsas de una mezcla con pólvora negra y esta maqueta del Palacio de Justicia. Según la información que Beltrán le dio a la Sijín, el hombre encargado de conseguir y custodiar las armas era alias ‘Alarcón’, quien fue asesinado junto a otra persona dos días antes del allanamiento.
El hallazgo desató una gran preocupación especialmente en la Corte Suprema de Justicia: “Ante esa realidad objetiva es necesario que se adopten medidas de seguridad que refuercen el Palacio de Justicia para evitar que se vaya a perpetrar un atentado terrorista”, aseguró Gerson Chaverra, el presidente de la Corte Suprema, durante una rueda de prensa el 14 de agosto de 2024.
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El director de la Policía, el general William Salamanca, fue cauto en la valoración de la información: “La información que me dan los técnicos antiexplosivos es que es una sustancia que su poder no es un poder de alta repercusión, pero, insisto, los técnicos y los investigadores adelantarán lo que deben hacer como parte de este equipo que hemos ubicado con la Policía y la Fiscalía. De la maqueta tengo mis preguntas de si corresponde o no al Palacio de Justicia, pero en principio nosotros no podemos subvalorar nada”.
Toda esta información terminó en entredicho con la reciente confesión que Beltrán, la principal fuente de toda esta historia, les dio a los investigadores de la Dipol. Él aseguró a que fue preparado para dar información falsa:
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"Además, lo prepararon ya que le dijeron que iba a ser objeto de seguimientos ilegales, interceptación e incluso sabían que le iban a realizar una prueba de polígrafo y por eso todas las comunicaciones las realizaba por WhatsApp y nunca habla por llamadas normales. Pero ya después de estos hechos observó cosas que no le cuadraban y por esta razón dijo la verdad”.
Además, se refirió a alias ‘Alarcón’, el supuesto custodio de las armas que iban a ser usadas para los ataques: "Alias ‘Alarcón’ sí es una persona que se dedica a cosas ilegales como hurto, extorsión, venta de sustancias alucinógenas en Ciudad Bolívar, pero en ningún momento esta persona está organizando un atentado contra el señor presidente Gustavo Petro o contra las embajadas”.
Uno de ellos es la participación que tuvo el abogado de Nueva York Alexei Schacht, quien dijo que le informó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá que un cliente suyo, un narcotraficante, le entregó información sobre el atentado contra el presidente Gustavo Petro. Consultado por Noticias Caracol, Schacht aceptó responder vía chat:
"Mi cliente llamó la atención de los gobiernos estadounidense y colombiano sobre este plan para matar”.
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El abogado afirmó que él conoce a la fuente y que nunca se pagó dinero para que diera información de los atentados:
"Puedo confirmar que el señor (Javier) Mejía no pagó dinero a la fuente porque yo mismo conozco a la fuente (…). Una vez hablé con Javier (Mejía) por teléfono. La fuente me dijo que estos hombres nunca le dieron un peso. No responderé más preguntas por ahora".
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Noticias Caracol consultó con la Embajada de Estados Unidos en Bogotá sobre la información de los atentados. A través de una vocera respondieron que no harán comentarios sobre discusiones diplomáticas privadas o asuntos sobre seguridad, pero que la colaboración en cuestiones de seguridad con Colombia sigue siendo sólida.
Beltrán, por su parte, se negó a realizar pruebas de polígrafo. También ha sido citado a declarar dos veces a la Fiscalía y se ha negado a asistir. Por esta razón, en los próximos días será conducido en calidad de indiciado a interrogatorio.
Todas estas piezas hacen parte de la investigación que adelanta la Fiscalía, que ahora tiene el desafío de llegar a la verdad y despejar los muchos interrogantes que existen sobre una conspiración que tuvo como supuestos objetivos al presidente de la República y a los máximos representantes de la justicia.
Noticias Caracol buscó a dos de los protagonistas de esta historia: el abogado Javier Mejía y el investigador Luis Usaquén, quienes interpusieron la denuncia por los atentados en la Fiscalía. Usaquén no respondió los mensajes. Y Mejía contestó vía telefónica negando que le ofreció dinero a Jhon Alexander Beltrán.
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Aseguró que solo cumplió con su deber de poner en conocimiento de las autoridades la información que le fue proporcionada por esta fuente. El abogado no descarta que pudo haber sido engañado en su buena fe, sin embargo, cree que el rumbo que está tomando la investigación es una estrategia para tapar denuncias que hizo hace dos años sobre la existencia de un cartel de corrupción en la Fiscalía y en la Policía.
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