Caminando por el predio La Marsella, en las afueras de Pueblo Bello, Cesar, un grupo de mamos -autoridades indígenas de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta- nos muestra un lugar que desde tiempos ancestrales ha sido sagrado para ellos. Un sitio donde los cuatro pueblos de la sierra, arhuacos
, wiwas, koguis y kankuamos, vienen a hacer sus pagamentos, ofrendas a la madre tierra por los favores recibidos.
El problema es que ya no es de ellos porque la Alcaldía de Pueblo Bello adquirió el predio y, según los mamos, piensa parcelar el terreno, desconociendo las peticiones de los indígenas, que alegan el respeto a sus sitios sagrados reconocidos por el Gobierno mediante el decreto 1500 de 2018. Este habla de la línea negra, un límite que traza los territorios que deben ser protegidos de explotaciones mineras y proyectos de infraestructura.
El tema minero es uno de los más complejos en el relacionamiento del Estado con los pueblos indígenas, afirma Gelver Zapata, miembro del pueblo arhuaco.
“Llevamos cerca de 25 años de diálogo con el Gobierno, 25 años conversando para concertar las formas de intervención en el territorio tradicional de la línea negra, pero ha sido imposible lograr los acuerdos para salvaguardar no los sitios sagrados, que se miran desde afuera, sino la cultura y el desarrollo del pueblo arhuaco”, dice.
Al tema de la minería, tanto legal como ilegal, se unen los gigantescos proyectos de infraestructura, vías, represas que el Gobierno ya realiza y en otros casos proyecta. Por ejemplo, la ruta de sol en su paso por Bosconia se llevó por delante varios lugares sagrados que los indígenas intentaron proteger pero al final se perdieron en nombre del progreso.
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Así lo cuenta el mamo Rogelio Torres, de la comunidad arhuaca: “El tema minero ha sido difícil; eso no lo entienden y como no son indígenas pues no lo entenderán, pero yo pienso que ya es el momento de que se pueda decir: ¡pues ya no más!".
Arhuacos no creen en la consulta previa
Para Gelver Zapata, el tema de la consulta previa no ha sido una herramienta eficaz para proteger sus derechos porque las negociaciones, dice, terminan en figuras jurídicas que desconocen las pretensiones de los indígenas y las obras avanzan sin inconvenientes. Por eso no quieren insistir en esta figura.
“Nosotros hemos dicho que no queremos ir a las consultas de minería porque no hay forma de proteger los derechos de los pueblos y especialmente ese acervo que son los espacios sagrados que no se ha podido salvaguardar por la presión que han generado las mineras”, explica Zapata.
El avance de la minería en la región viene siendo analizado por investigadores del Cinep. Jenny Ortiz lidera un equipo de trabajo que ha levantado una serie de mapas con información oficial de los últimos veinte años, que revelan el aumento de las solicitudes de los títulos mineros en la región.
“Lo que está ocurriendo es una estrategia de abarcamientos. Si uno mira los mapas el Cesar y buena parte de La Guajira
están o en procesos de solicitudes mineras o de hidrocarburos, proyectos de infraestructura o procesos de titulación", indica la investigadora.
El arhuaco Gelver Zapata denuncia otro problema que, según él, va de la mano con el avance de la minería legal e ilegal: los grupos armados.
“Nosotros conocemos las zonas claves de intervención y tenemos claro que cuando llega un grupo armado es porque hay un tipo de intervención. En el caso de la comunidad arhuaca en la zona de Jimaín hay explotación minera y hay grupos armados. Ha habido muertos, personas asesinadas, pero no hay una atención de parte del Estado”, dice el representante de esta comunidad.
Respecto al tema, los mapas de Cinep también dejan en evidencia que en las zonas donde florece la minería hay presencia de grupos armados. Así lo cuenta la investigadora Jenny Ortiz: “En el 2002 se encuentra que donde hubo alta presencia de actores armados inmediatamente después esos territorios fueron ofertados para procesos de solicitudes mineras. ¿Qué tenemos hoy?, que buena parte del Cesar y la Guajira es un escenario por disputa de control de grupos armados, paramilitares sobre todo y de nuevo viene a ser un centro de solicitudes mineras".
Para el profesor e investigador de la Universidad Nacional Rosembert Ariza hay otros dos problemas que generan fuertes presiones a las comunidades indígenas de la sierra, el narcotráfico y los megaproyectos hoteleros en el departamento del Magdalena. Frente al narcotráfico señala que no es un tema nuevo y que viene desde la década del 70 y 80.
“Allí empezó la bonanza marimbera y no ha habido una intervención del Estado de manera externa que garantice la protección del territorio; es decir, el Estado no ha cumplido sus responsabilidades y mandatos internacionales en esta materia. El narcotráfico se ha asociado con otros actores para mantener sus rutas”, explica Ariza.
El otro problema son los megaproyectos hoteleros y agroindustriales que avanzan por el lado del departamento del Magdalena. Para el investigador de la Universidad Nacional, un claro ejemplo de intereses particulares agenciados por el Gobierno en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas.
“Estos proyectos hoteleros son una buena muestra de conflictos políticos que también entran a jugar en el escenario; si uno ve la demanda que hay contra la línea negra que esta presentada en el Consejo de Estado y uno mira quienes son los accionantes de esta demanda y se da cuenta que son los grandes conglomerados económicos de las familias más importantes de la costa Caribe que están protegiendo sus intereses hoteleros y económicos”, agrega el experto.
Son muchas las presiones que los cuatro pueblos de la sierra enfrentan en la actualidad, los mamos han dicho que la supervivencia de sus comunidades está comprometida y hablan de cincuenta años para que su cultura se extinga. Los proyectos mineros y agroindustriales afectan el recurso del agua y la biofauna y los investigadores están de acuerdo en que podríamos asistir a un etnocidio de los pueblos indígenas.
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