En la segunda entrega del especial de Noticias Caracol sobre la Megacárcel de El Salvador, hablamos con varias ONG que denuncian graves violaciones a los derechos humanos durante el régimen de estado de excepción impuesto por Nayib Bukele. Los testimonios y evidencias que han documentado van desde presuntas torturas en los distintos centros de reclusión hasta personas inocentes que fueron detenidas arbitrariamente.
En marzo de 2022 comenzaron las redadas masivas en El Salvador. Esta fue la estrategia que lanzó el presidente Nayib Bukele para luchar contra la delincuencia, para lo cual decretó un estado de excepción.
Pero no solo fueron detenciones o juicios masivos. Bukele también sumó otra medida para evitar que los capturados delinquieran, según el presidente, desde la cárcel.
“Les juro por dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo dura. Y no me importan lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a estos pandilleros si tanto los quieren, se los entregamos al dos por uno”, dijo Bukele en su momento.
Una táctica clara, una amenaza de frente que agregaba ingredientes a lo que sería su relación con las organizaciones de derechos humanos no solo de su país, sino del mundo.
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“Hemos documentado cómo hay una política de cuotas al interior de la Policía, en donde se incentiva la captura de personas, independientemente si hacen parte o no de las pandillas. Hemos mostrado casos de cómo se capturan personas sin la debida orden judicial solo por el hecho de tener tatuajes o vivir en un lugar u otro”, señaló Juanita Goebertus, directora para Las Américas de HRW.
Y es que en una improvisada casa en San salvador funciona una ONG que todos los días recibiendo víctimas y su nombre es Socorro Jurídico. A este sitio llegan las personas a presentar denuncias de presos que presuntamente son inocentes y están en los diferentes centros penitenciarios del país.
“Aquí el problema es que la justicia le cuelga a la gente el cartel de terrorista o delincuente sin haber seguido el debido proceso. Aquí no hay presunción de inocencia, sino presunción de culpabilidad”, expresó Ingrid Escobar, representante de la ONG Socorro Jurídico.
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Dolores Victoria Almendares cuenta que estuvo presa en la megacárcel de El Salvador durante seis meses bajo el estado de excepción injustamente.
“Cinco policías tocaron, yo me estaba bañando”, recordó. Dolores dice que no hubo orden de detención y que ahí comenzó el infierno. Extorsión y secuestro, esos eran los delitos que reposaban en las actas que ella, asegura, se negó a firmar: “Ahí es donde me etiquetan y me revisan si tenía tatuajes”.
La mujer recordó las torturas a las que eran sometidos los presos. “Los meten al calabozo de castigo, los tenían colgados, les echaban gas lacrimógeno”, agregó. Sin embargo, le atribuyeron el delito de agrupaciones ilícitas, razón por la que está bajo investigación.
Dolores es uno de los miles de tantos casos que varias ONG han documentado como presuntas detenciones arbitrarias.
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“A la fecha tenemos 3.445 denuncias. De los casos que hemos tenido y hemos documentado, la mayoría no tiene antecedentes penales, tenían trabajo y no tienen antecedentes que los vinculen con pandillas. Tampoco tiene investigaciones previas”, añadió Abraham Ábrego.
Ábrego es el director jurídico de Cristosal, una organización que documentó, a través de un documento de 98 páginas, denuncias de posibles procedimientos policiales irregulares.
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Según estadísticas de la misma organización, las detenciones arbitrarias son el mayor motivo de las denuncias que llegan a sus puertas.
El documento describe lo que ellos califican como patrones en las capturas masivas, la ausencia de investigaciones previas, la detención por denuncias anónimas y lo que la organización denomina como estigmatización por el solo hecho de llevar tatuajes.
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