Mayor (r) Orlando Lizarazo confesó alianza con Bloque Centauros: "Nos desbordamos"

“Yo me atrevería a decir, fácil, si digo el 70%. en el año 2003, el batallón Vargas dio 100 bajas, 100 muertos, 100 resultados operacionales, de esos 100, 70 no obedecen a la realidad, son falsos”. Esta cruda confesión es del mayor retirado del Ejército Orlando Lizarazo Cárdenas, protagonista de un oscuro capítulo de crímenes e impunidad que forjaron miembros de la fuerza pública y las autodefensas en el Meta entre 2002 y 2004. Hoy es testigo clave en la Jurisdicción Especial para la Paz.

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“Realizamos mucho fraude operacional que fue lo que condujo a toda esta serie de ejecuciones que no obedecen a la realidad. Realmente, el Ejército no las hizo, fueron ejecutados por miembros de las autodefensas y entregados a nosotros los militares para que los reportáramos como si los hubiéramos dado de baja”, aseguró.

Preguntado sobre sí lo que hacía él con sus hombres era legalizar una operación de ejecuciones que perpetraban las autodefensas, el oficial retirado manifestó que “sí”.

Por primera vez, este oficial en retiro acepta contar su historia públicamente y asegura que decir la verdad es la única forma que ha encontrado para sacudirse esos demonios del pasado que lo persiguen a zarpazos.

“Yo duré cargando este peso sucio en la conciencia prácticamente por más de 10 años... Nos desbordamos en mostrar resultados, sin importarnos prácticamente el cómo, entonces nos aliamos con las autodefensas. La connivencia con la autodefensa no es de ahorita, no es del 2002, 2003 en el batallón Vargas, no, siempre se ha escuchado y se ha visto, y, en su momento, todos callábamos”, reconoció.

Lizarazo, oficial de operaciones del Batallón de Infantería Pantano de Vargas, con sede en Granada, Meta, ha reconocido ya 35 hechos de su alianza con el Bloque Centauros en los que al menos 105 personas fueron presentadas como guerrilleros abatidos en combates.

¿Quiénes eran las víctimas?

“Nosotros nunca nos indagamos, nos preocupamos por indagar quién era, de dónde venía, por qué, no, esa tarea la hacía el comandante de las autodefensas con quien se coordinaba, alias Chatarro. Él era la persona encargada de colocarnos esos famosos falsos positivos para que nosotros los reportáramos”.

El oficial en retiro se refiere a Luis Arlex Arango Cárdenas, alias Chatarro, segundo al mando del Bloque Centauros, hoy en prisión. Este sujeto ya le ha contado parte de su historia a la JEP, tal como reveló Noticias Caracol en 2019 .

Pero, además, Lizarazo y Chatarro podrían tener las claves para documentar una página muy poco investigada en la historia de la guerra colombiana: cómo integrantes de la Fuerza Aérea, al parecer, terminaron aliados con el Bloque Centauros.

El mayor Lizarazo cuenta, por ejemplo, que el 8 de julio de 2003, en la vereda Matupa de San Martín, Meta, fue testigo de una operación de apoyo de la FAC a este bloque paramilitar en su guerra contra las autodefensas campesinas del Casanare. Con ese ataque, Centauros empezó a ganar el control territorial de la región.

“Al llegar allí, no sé, algo que yo no haya visto: grupos de autodefensas enfrentados y encima de eso un apoyo aéreo que no sé de dónde salió ni a quién estaba apoyando. Y yo: ‘¿Esto qué es?, ¿y esto?, ¿quién está dirigiendo este apoyo aéreo? Yo no tengo contacto con ellos y nos pueden atacar a nosotros igualmente’. Efectivamente, informé al comandante de batallón y el coronel Cabuya me mandó un código de identificación y pude lograr comunicación con las aeronaves para que supieran y me identificaran y no me atacaran. A los 3 minutos se acabó el apoyo aéreo”, sostuvo.

Lizarazo relata que en ese momento él y sus hombres se sintieron en riesgo, pues no sabían a qué bando paramilitar estaba apoyando el avión de la Fuerza Aérea que intervino en los combates.

“Ahí pues hubo mucho muerto, en ese combate me dieron para reportar 15 bajas, se reportaron esas 15 bajas como si hubieran sido en combate con el Ejército, cosa que no obedece a la realidad. Allá no se hizo nada. Llegamos a recoger eso y a ver ese espectáculo aéreo del apoyo que estaban realizando... ya después, efectivamente, Chatarro, que era el que coordinaba todo, me dice que él era el encargado de coordinar directamente los apoyos aéreos cuando los necesitaban para tanto con el Centauros como con la misma guerrilla”, expresó.

En ese sentido, respecto a si el Bloque Centauros tenía algunas formas para que la Fuerza Aérea trabajara en conjunto con ellos, el oficial en retiro señaló que sí y que “Chatarro manejaba los contactos”.

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Otoniel dio detalles

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol confirmó que, hace un mes y medio, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, dio más detalles de esa supuesta operación conjunta entre la Fuerza Aérea, el Ejército y el Bloque Centauros. Lo hizo ante una comisión de la JEP que se desplazó para interrogarlo hasta la penitenciaría de Florence, en Colorado, la cárcel más custodiada de los Estados Unidos, donde purga una pena de 45 años de prisión.

Otoniel incluso habló de entregas concretas de dinero. También reiteró sus acusaciones contra dos generales en retiro, Mario Montoya y Leonardo Barrero, de quienes aseguró recibieron un apartamento blindado y 450 millones de pesos, respectivamente, por apoyar la expansión del Bloque Centauros.

Según contó, los detalles del pago a Montoya los tiene Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, también extraditado y condenado en Estados Unidos. Por último, añadió que alias Andrés, un sobrino del capo Miguel Arroyave, era el contacto entre el Bloque Centauros y la fuerza pública para sus operaciones. Montoya y Barrera han negado estos señalamientos.

Otoniel fue clave en esa guerra de su organización contra las autodefensas del Casanare, una época de violencia sin tregua que tiñó de sangre los Llanos Orientales. El mayor Lizarazo lo pone en perspectiva.

 ¿Cuánta gente pudo haber muerto en esas guerras del Llano? “Esa guerra entre autodefensas yo creo que arrojó, uff, más de mil muertos”.

Buena parte de esos muertos terminaron engrosando las listas de éxitos operaciones del Batallón Pantano de Vargas. Es decir, mostrando que la guerrilla estaba cada vez más diezmada en esa región, una ficción inverosímil que años después quedó al descubierto con el capítulo de las ejecuciones extrajudiciales, cuyas víctimas se calculan en 6.402 casos, civiles en su mayoría. Un fenómeno criminal que se extendió por todo Colombia en los tiempos de la seguridad democrática del gobierno Uribe y que el mayor Lizarazo reconoce con vergüenza.

“Todo esto nos llevó a pasar a esos excesos que nos convirtieron en esos traidores que usted llama o en esas manzanas podridas que nos cataloga la institución, pero el afán de participar y de estar subidos, como decían en su eslogan, en el tren de la victoria, en ser protagonistas del final de la guerra, nos dejamos enceguecer… Esas manzanas podridas se expandieron y llevaron ese virus, contaminaron en otras regiones del país. Entonces pudimos ser poquitas, pero eso se prendió y se regó por otro lado”, manifestó.

Alias Chatarro, citado a versión libre

Para determinar si la Fuerza Aérea le colaboró al Bloque Centauros en su guerra con las autodefensas del Casanare, tal como refiere el mayor Lizarazo, la JEP citó a versión libre a alias Chatarro el 4 de junio de 2024.

En ese auto, en poder de Noticias Caracol, se enumeran las 148 víctimas atribuidas a Chatarro como jefe paramilitar, incluidas las 15 que perecieron tras el apoyo aéreo del 8 de julio de 2003 realizado, presuntamente, por la FAC.

Lizarazo reflexiona al respecto: “Hay muchos que todavía pretenden tapar el sol con el dedo y no es así, nosotros no sacamos nada con tratar de encubrir a alguien… Entonces hay muchas personas que no están aceptando y niegan, niegan. Primero, yo no sé cómo viven con esa conciencia, por lo que te digo, para uno es un descanso aportar y contar la verdad, no puede uno vivir con ese peso toda la vida”.

Pero la verdad que podría entregar Chatarro está siendo amenazada. Según denunció, una semana después de haber sido citado por la JEP, le sustrajeron de su celda en la cárcel de Itaguí una USB en la que tenía toda la información de sus enlaces y colaboradores de la fuerza pública en el Meta. Chatarro señaló a un guardia del Inpec de haber ingresado irregularmente a su lugar de reclusión.

"Noto con sorpresa, a las pocas horas, que no encontraba una USB en la cual tengo información muy sensible y relevante... La gravedad de la pérdida de este elemento es la información, nombres, hechos y situaciones que se cometieron en el pasado con funcionarios públicos. Solicito de manera urgente se me brinden las garantías y protección".

El pasado 29 de abril, los magistrados de la JEP Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar dieron la orden de investigar estos hechos y realizarle un estudio de seguridad al testigo. En su determinación, señalaron lo preocupante de este caso: "Las circunstancias descritas, informadas por el testigo, le permiten a esta sala de justicia aseverar que existe riesgo de pérdida de la información que manifiesta el testigo desea aportar a esta jurisdicción y extrañamente desapareció de su celda, una vez convocado por estos despachos".

No es todo. La JEP ordenó rastrear todas las operaciones del Comando Aéreo de Combate N° 2 de la Fuerza Aérea con sede en Apiay, Meta, entre 2002 y 2008, a fin de verificar el apoyo que prestó a la fuerza pública en distintos combates.

Los investigadores pidieron información concreta de la orden de operaciones número 76 Coyote, que contiene la bitácora de vuelo del 8 de julio de 2003 relacionada con los hechos denunciados por el mayor Lizarazo, donde murieron 15 personas.

Esos documentos también están en poder de Noticias Caracol: "El despacho realizó en el mes de febrero del presente año una inspección judicial al Comando Aéreo de Combate N° 2 de la Fuerza Aérea de Colombia con sede en Apiay, Meta, con la cual se logró identificar a por lo menos 20 personas que entre el año 2002 y el año 2008 pertenecieron a dicha unidad y que resultan de interés para la sala".

En ese listado aparecen los generales Román Ricardo Rubiano, Flavio Enrique Ulloa, Hugo Enrique Acosta y Jorge Enrique Parga, quienes seguramente serán llamados a declarar en este caso para que expliquen si tienen alguna información sobre estas graves denuncias que relacionan a miembros de la Fuerza Aérea como colaboradores del Bloque Centauros.

También serían citados tres coroneles, cuatro tenientes coroneles, cinco capitanes, dos mayores, una subteniente y un piloto que estuvieron en esa unidad de combate de la FAC en esos años que rastrea la JEP.

¿La Justicia penal militar cohonestó buena parte de estas operaciones ilegales? ¿Ellos terminaban de legalizar lo que supuestamente ocurría, según se mostraba en papeles? ¿No investigaban? ¿Realmente colaboraron en todo ese aparataje criminal?

“Sí, de una u otra forma, sí, no puedo decir si directa o indirectamente, pero sí, claro, si ellos tienen la capacidad de investigar y son jueces de la República, deben tener esa malicia, esa intuición de saber si la cosa o el resultado está bien hecho o no, si hay alguna cosa irregular. Allí, no, allí en el batallón Vargas, de todo ese poco de resultados, yo creo que fui llamado dos veces a declarar, del resto, nunca”, señaló el mayor Lizarazo.

Y complementó: “Prácticamente cerraban la investigación en 3 días, una semana, rápido”.

Preguntado sobre si eso era un formalismo, puntualizó que totalmente, “tanto que había un formato para las declaraciones. En últimas no era sino cambiar fecha y el nombre y ya”.

Con sus 54 años a cuestas, el mayor Lizarazo sabe que estas confesiones lo ponen en riesgo, pero también sabe que este país tan impune merece la toda verdad.

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