Hace cuatro años, en lavereda El Tandil, en Tumaco , una protesta de campesinos cultivadores de coca terminó con siete muertos y una veintena de heridos. Aunque la responsabilidad de la fuerza pública en los hechos fue denunciada y documentada, aún no hay justicia ni verdad frente a lo ocurrido.
El 5 de octubre de 2017, más de 1.500 personas entre cultivadores y miembros de las comunidades del Alto Mira y frontera protestaban contra de la erradicación forzada de los cultivos en la vereda El Tandil, zona rural de Tumaco .
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Fue allí cuando miembros de la fuerza pública abrieron fuego contra la población civil, causando la que hoy se conoce como la primera masacre después de la firma del acuerdo de paz.
Fueron siete las víctimas que no pudieron escapar de las balas:
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- Jaime Gunga Pai, indígena del resguardo Gran Rosario
- Diego Escobar Dorado, líder campesino de la zona
- Nelson Chacuendo Calambas, indígena nasa
- Alfonso Taicus Taicus, indígena awá
- Aldemar Gil Guachetá
- Janier Usperto Cortés Mairongo
- Iván Darío Muñoz Echevarría, quien falleció el 21 de octubre como consecuencia de los impactos de fusil.
Así mismo, más de 20 personas resultaron heridas.
"Son cuatro años de impunidad donde hasta ahora la justicia no ha actuado. Recordar es triste, es ver cómo tus amigos, verlos como caían, verlos heridos, los amigos muertos, fue un episodio doloroso la verdad y que venga del Estado es complejo. De las fuerzas que uno espera el respeto a la vida y a los derechos humanos habiendo ya un acuerdo de paz, donde nos hablaban de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos ilícitos. Es doloroso", dice Eliécer Martínez, líder campesino del Alto Mira y Frontera.
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En esta zona de Alto Mira y frontera, en el sur del país, la erradicación forzada no ha parado desde el 2017. Y las comunidades campesinas siguen denunciando la violación de los derechos humanos.
La masacre de El Tandil es considerada la primera ocurrida después de la firma del acuerdo de paz. Ya hoy van 218 masacres en todo el país.
Hasta el momento, no existe ninguna persona condenada por lo sucedido en El Tandil y el proceso continúa ante la jurisdicción penal militar.
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Los familiares de las víctimas llegaron en esta fecha conmemorativa hasta la sede de la Corte Constitucional en Bogotá, para pedirle al tribunal que se pronuncie.
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"Hemos traído más de 500 firmas a la Corte para pedirle que se pronuncie lo antes posible sobre la impugnación de competencia, para que este caso sea asignado a la justicia ordinaria. No podemos permitir que sean los jueces penales de la Policía y del Ejército los que estén investigando estos hechos cuando ellos son los responsables; esto es un crimen de lesa humanidad, esto debe ir a la justicia ordinaria", dijo Alirio Uribe Muñoz, representante de las víctimas.
El dolor y el miedo es el mismo con o sin el estigma de ‘Guacho’. Son familias de humildes campesinos que siguen luchando el pan diario en medio de la pandemia que los arrinconó más. Reclaman justicia y verdad para El Tandil, allá en ese punto olvidado de l frontera.