En su cruzada por desentrañar los tenebrosos abismos de la guerra y las amarguras lacerantes de las víctimas, la Comisión de la Verdad encaró su mayor desafío: devolverles la humanidad a todas las almas rotas por el conflicto. Un camino que supuso correr las cortinas del miedo, exorcizar los odios secretamente larvados por el silencio y sacar ese dolor acumulado en el pecho. Es decir, nombrarlo.
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Lo dijo con toda crudeza Alexandra Escobar, el 21 de noviembre de 2019, en desarrollo de un encuentro promovido por la Comisión: “Tú no sabes cuando sos madre y tienes tu primer hijo, tu primera gota de sangre que botas al mundo, y que tenga apenas 17 años y le quiten la vida. Sabes que estás con tu hijo y a las horas que vaya alguien y te diga que tu hijo ya no está”.
Durante cuatro años la Comisión escuchó a 28.562 personas, recorrió 559 municipios, obtuvo relatos de exiliados en 23 países y recibió 1.203 informes de la sociedad civil. Hoy ese universo de voces fragmentadas están contenidas en un informe que pretende explicar cómo y por qué se fueron reciclando nuestras violencias.
“Nos comprometemos a enfrentar la impunidad, la indolencia de los poderosos, la indiferencia de la sociedad”, ha declarado en múltiples ocasiones el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión.
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Decenas de encuentros entre víctimas y victimarios de todas las orillas hicieron posible reconstruir las atrocidades de una guerra de más medio siglo que todo lo devastó y que todo lo degradó a su paso y cuyos escombros fueron echados sin más bajo el tapete.
Cecilia Lozano, víctima de los paramilitares en Mapiripán, Meta, tuvo la ocasión de encarar a uno de sus victimarios y le señaló sin rodeos.
Nosotros somos testigos de que ustedes estuvieron en nuestros territorios asesinando la gente, los vimos, pero detrás de ustedes quiénes están, cuáles fueron los políticos, cuáles fueron los empresarios que se quedaron con la tierra; eso es lo que queremos escuchar los campesinos y las campesinas de este país, por qué mataron tanta gente, por qué alguien los mandó aquí
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Los relatos cruzados de 509 exguerrilleros de las FARC, 282 miembros de la fuerza pública, 195 integrantes de otros grupos armados y 45 exjefes de las autodefensas le permitieron a la Comisión establecer una radiografía descarnada de todos los desvaríos del conflicto. La violencia sexual, por ejemplo, que destruyó a más de 25 mil personas entre 1985 y 2016.
“Soy mujer negra: duré 12 años de esclavitud sexual en María la Baja, Sucre y sus alrededores, por el grupo armado paramilitar”, narró una de las víctimas que se atrevió a contarle a la Comisión lo que le había ocurrido. Otra más añadió: “Soy mujer transgénero de los Montes de María: durante 13 años fui víctima de abuso sexual por la fuerza pública y actores del conflicto armado”. Finalmente, una más declaró en un video recogido por la entidad: “Mujer negra, 1989, departamento del Cesar, por líderes de las FARC”.
Del largo etcétera de crímenes perpetrados por las antiguas FARC, el secuestro fue, quizá, el más abominable. Así lo expresaron las víctimas ante la Comisión.
Carlos Cortés, hijo del periodista Guillermo La Chiva Cortés, les manifestó, adolorido, a los antiguos miembros del secretariado: “Ustedes señores de las FARC convirtieron el dolor de 20 mil familias en mercancía intercambiable por dinero, llevando a la máxima degradación al ser humano al humillarlo y torturarlo a niveles impensables”.
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Armando Acuña, víctima de ese flagelo, agregó: “Tener una cadena y estar amarrado a un palo; si algo es doloroso para el ser humano es ello. Y yo preguntaba por qué, por qué a mí si yo no he hecho ningún mal. Me decían que eran políticas de las FARC”.
También quedó constancia de la estela de sangre que dejaron sus incontables masacres en 52 años en armas y crudos testimonios sobre el reclutamiento infantil en la guerrilla. “Tenía 12 años cuando fui reclutado por las FARC. En la Macarena, Meta, fue donde se conformó la columna móvil Arturo Ruiz. La gran mayoría, como el 60 por ciento, éramos menores de edad”, le dijo un exguerrillero a la Comisión.
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Así mismo, en el otro extremo de las violencias, hubo jornadas difíciles, llenas de gritos y de lágrimas, por la barbarie de las ejecuciones extrajudiciales.
Flor Hilda Hernández, una de las madres de Soacha, les dijo a militares que aceptaron su responsabilidad en estos crímenes: “Quiero pedirles que aún necesito tener frente a frente quién dio la orden, quién fue el que le disparó a mi hijo, quién hizo su montaje”. En esa línea Luz Marina Bernal, de ese mismo colectivo, recalcó: “No son 19 casos de Soacha, son más de 100 casos de Soacha, sino que cuando empezaron a amenazarnos muchas de las madres y de los familiares les dio miedo reclamar a sus hijos”.
Durante un evento de reconciliación promovido por la Comisión el pasado 10 de mayo Alejandro Valencia, uno de los comisionados, fue tajante en sus conclusiones sobre este fenómeno criminal: “Los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de combates simulados, ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en su periodo de exacerbación, años 2002 a 2008, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno”.
En esa línea de contar las verdades más crudas sin anestesias o pantomimas, los verdugos de antes pusieron la cara. El general en retiro Paulino Coronado, quien ha aceptado su responsabilidad por omisión, declaró: “Por el coraje de estas madres lo único que tenemos que decir, como mínimo, es que es verdad todo lo que ellas dicen porque lo hemos escuchado de los directos responsables. La verdad duele”.
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A su turno el coronel en retiro Luis Fernando Borja, condenado por este tipo de asesinatos, reconoció lo siguiente durante un evento de la Comisión: “Siempre han existido las ejecuciones extrajudiciales, que se aumentaron en 2002 hacia 2008, sí, porque antes no nos pedían resultados como muertos, pero los hacíamos. No los reportábamos. Por eso yo decía también en Toluviejo que 6.402 es un número pequeño”.
A instancias de la Comisión dos enemigos jurados del pasado pudieron pedirles perdón a sus víctimas y tratarse por sus nombres: Rodrigo Londoño, Timochenko, jefe de las antiguas FARC, y Salvatore Mancuso, exjefe de las autodefensas.
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“Y no se respetaba a nada ni a nadie. Era ahí sí como dicen una guerra sin cuartel. Atacar a los determinadores de la guerra indiscriminadamente fue un error sumamente grave que nos condujo a crímenes terribles”, contó Londoño el 4 de agosto de 2021.
Por su parte Mancuso refirió detalles sobre la infiltración paramilitar en la política. “Ese entramado nos llevó a los pactos y acuerdos y es lo que se llamó en Colombia como la parapolítica, más del 35 por ciento del Congreso de la República”. Y fue vehemente sobre el genocidio de la Unión Patriótica: “La UP no la exterminaron las autodefensas. El Ejército, la Policía, el DAS son los principales responsables”.
También se dieron espacios para recordar a las víctimas que durante años fueron apenas una cifra y una tumba, pero cuyas ausencias marcaron las soledades y los miedos de sus comunidades. Un líder indígena entrevistado por la Comisión sostuvo sobre uno de sus amigos: “Lo mataron ahí en un árbol grande que tiene raíces muy grandes. Ahí estaba el finado, acostado, amarrado como un perro”.
Incluso pudieron cerrarse duelos inconclusos. La indígena Marta Domicó por fin pudo saber de boca de Salvatore Mancuso que su padre fue asesinado y su cuerpo tirado al río Sinú. A la Comisión ella le contó lo siguiente: “Eso era lo que yo quería saber, ahora tendré un descaso, sé que está ahora en este río. Siempre presentía algo, pero nunca quise decir nada”.
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Domicó fue a llevarle flores a su padre y la Comisión de la Verdad la acompañó: “Te regalo este ramo de flores. Siempre, siempre te voy a pensar”, dijo en voz alta Domicó al borde del Sinú.
Hasta los expresidentes dieron sus versiones sobre sus fantasmas del pasado. En junio pasado Juan Manuel Santos recordó el capítulo de las ejecuciones extrajudiciales. “Muchachos reclutados en Soacha para un supuesto trabajo rápido y lucrativo y luego transportados hasta Norte de Santander para ser ultimados y presentados como positivos para el Ejército. Así de macabro”.
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Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe también dio su testimonio a la Comisión. “Si este país quiere hablar de reconciliación tiene que hablar de los señalamientos. Yo mismo me tengo que cuidar para no volver a decir que fulano de tal es un guerrillero de civil o es un político terrorista. Pero esos atentados contra mí de los cuales soy sobreviviente por milagro de Dios, tantos atentados, en parte por el señalamiento: ‘No, es que Uribe es paramilitar’”.
Así mismo Ernesto Samper Pizano abordó su más grande dolor de cabeza: el proceso 8.000. “Quizá hubiera debido aceptar antes de tener una certeza, como quise tenerla, lo del ingreso de los dineros a mi campaña. Yo lo hice en mi último discurso antes de irme el 20 de julio de 1998, tenía una certeza de que eso había sucedido. Quizás si hubiera hecho un reconocimiento anterior eso le habría evitado algunos problemas al país”, señaló.
Los líderes que todavía no han matado en este país tan asesino también fueron escuchados. Así como los hijos de las víctimas. Iván Calderón, hijo de los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado, asesinados en los años 90, sostuvo durante un encuentro de víctimas: “No tenemos tiempo infinito y por lo menos si desenterramos la verdad de cómo se consolidó esta guerra, la sabremos antes de que el conflicto en Colombia solo pase de los padres a los hijos y el ciclo se repita”.
Desempolvar tantos años de horrores no fue fácil para los comisionados. Y la construcción de un relato colectivo para explicar todo ello, con sus tensiones y complejidades, muchísimo menos. Pero en la brega por verdad se embarcaron y su promesa se cumplirá este martes con la entrega del informe final.
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Veremos entonces si lograron llegar al fondo de Colombia.