Las pruebas que tienen en apuros al excongresista Juan Diego Muñoz

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol revela las intimidades del expediente que tiene bajo sospecha al exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz, también mencionado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Investigadores descubrieron múltiples irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Meta, cuando Muñoz era secretario de Educación. Más de $2.500 millones de pesos se habrían perdido.

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El peor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro por el saqueo a la Unidad de Gestión de Riesgo puso en el radar de la justicia al exrepresentante a la Cámara por el Meta Juan Diego Muñoz Cabrera. Hasta entonces Muñoz era un completo desconocido para el país. Olmedo López, exdirector de la UNGRD, aseguró que él y cinco congresistas más eran los verdaderos dueños de tres contratos que se tramitaban en esa entidad por más de $92 mil millones.

“Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra”, le dijo Olmedo López a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Según manifestó, esos tres negocios de obra pública fueron impulsados en diciembre pasado por el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el fin de que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que ellos integraban le diera el visto bueno al gobierno para endeudarse más con otros créditos de la Nación. Es decir, una presunta operación de compra de políticos a cambio de contratos públicos. Señalamientos que el ministro Bonilla ha negado con vehemencia.

Pero antes de que estallara este caso, Juan Diego Muñoz Cabrera ya era investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por otro expediente muy delicado: el presunto robo de $2.520 millones en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Meta cuando fue secretario de Educación de ese departamento. En ese cargo, estuvo entre 2016 y 2018. Después dio su salto al Congreso de la República.

Las pruebas que salpican a Juan Diego Muñoz Cabrera

El 6 de febrero pasado, durante cuatro horas y media, Juan Diego Muñoz rindió indagatoria ante el magistrado César Reyes Medina. Pero las pruebas en su contra, exhibidas durante la diligencia, fueron tan contundentes que apenas nueve días después, aduciendo problemas de salud, renunció a su curul como congresista. Con esa maniobra logró evitar que la Corte lo siguiera investigando.

El 15 de febrero de 2024, a través de una resolución exprés, el entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle Aguas, señalado de recibir un soborno de $1.000 millones en el escándalo de la UNGRD, aceptó la renuncia de Muñoz.

Al día siguiente, 16 de febrero, Muñoz le notificó a la Corte Suprema que se había retirado del Congreso y le pidió al alto tribunal que enviara el expediente a la Fiscalía, pues ya no tenía competencia para procesarlo. Una jugada jurídica en momentos en que la Corte se disponía a resolver si le dictaba medida de aseguramiento.

“Nosotros nunca tuvimos una alerta por parte del Ministerio Educación nacional, ni por el DNP ni por la Contraloría en la ejecución del programa de alimentación, en lo que yo estuve de secretario de Educación departamental”, sostuvo Muñoz en su defensa.

El expediente obtenido por Noticias Caracol

La génesis de este expediente, obtenido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, es el contrato 0503 de 2016 por un valor total de $8.898 millones para beneficiar a 66 mil estudiantes durante 61 días del calendario escolar.

El documento fue firmado el 5 de julio de 2016 por Juan Diego Muñoz como secretario de Educación y Diego Fernando Morato como representante legal de la Unión Temporal Alimentos Industriales 2016.

“Yo quiero sí expresarle a la Corte que el contrato se cumplió. Nosotros en el departamento del Meta no tuvimos escándalos por incumplimientos, por robos, por pérdidas”, añadió Muñoz durante la indagatoria.

En contravía de su defensa, los investigadores descubrieron múltiples irregularidades en este contrato. Para empezar, un sobrecosto del 15 por ciento del negocio. Una auditoría, por ejemplo, demostró que se pagó cada ración del PAE en $2.211 cuando los precios máximos de la época eran de $1.918. Precios inflados que le costaron al Estado $1.173 millones.

El informe judicial es así de contundente: “Es evidente el incumplimiento del contrato desde un inicio, así como la falta de seriedad de la oferta”.

No es todo. La Unión Temporal facturó $1.316 millones en costos ficticios de compra de fruta, transporte y papelería. Es decir, esos servicios no fueron prestados, pero se falsificaron facturas de proveedores para darle apariencia de legalidad a lo que, según los investigadores, no fue más que un robo descarado.

La Corte Suprema calculó el detrimento en $2.520 millones. Ni más ni menos que el 28 por ciento del total del contrato.

“Yo fui un secretario de Educación que fue a territorio y que conozco el departamento muy bien, yo hice un buen ejercicio como secretario”, insistió Muñoz.

El pasado 12 de marzo, tal como lo solicitó el excongresista, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le remitió el expediente a una fiscalía de Villavicencio. Pero dejó constancia de todas las pruebas que incriminan muy seriamente a Juan Diego Muñoz.

El documento de 44 páginas de la Corte fue así de contundente: “Juan Diego Muñoz Cabrera posibilitó la apropiación en favor de terceros de los recursos del erario, luego de pagar sobrecostos en los alimentos contratados y, al parecer, a partir de su probable conducta omisiva, permitir por parte del contratista las compras ficticias de alimentos y servicios que no fueron proporcionados en el Programa de Alimentación Escolar PAE”.

La investigación descubrió cómo funcionó la operación de pagos ficticios a supuestos proveedores de frutas. “La suma de 752´555.480 corresponde a compras ficticias a proveedores que en realidad no fungieron como tal, siendo pagos realizados en efectivo, una buena parte mediante cheques, los cuales no aparecen girados directamente a los beneficiarios o proveedores de las frutas, sino que están girados a nombre y cobrados en ventanilla por el representante legal de la Unión Temporal”, sostuvo la Corte.

A pesar de estas evidencias, en su indagatoria de febrero pasado Juan Diego Muñoz se declaró inocente.

“Magistrado, yo no conozco ninguna de esas personas ni tampoco le alcahueteé al contratista que no entregara productos. Precisamente, la relación que yo tuve con el contratista, con el supervisor, fue como un secretario que siempre estuvo al lado de la niñez y que siempre se interesó porque se entregaran las cosas que son”, indicó.

El entonces parlamentario fue más allá en su defensa: “Yo soy una persona honorable, yo soy una persona honesta, soy una persona seria. Lo que yo he construido en mi vida, nunca le he quitado un peso a lo público y menos a la educación, porque tengo claro que quien le quita un peso a la educación le quita un peso a un niño. Entonces, yo siempre he querido ser ejemplo de mi familia, ejemplo de mis hijos y, la verdad, pues esto que usted me dice, y cuando me lee ese Código Penal, pues, es un cuchillo que me está clavando durísimo porque yo no me merezco estar en un centro, porque no soy un bandido”.

Los pagos ficticios descubiertos en la investigación contra Muñoz

Al margen de sus explicaciones, quizá el caso más patético de las compras ficticias en este contrato se realizó utilizando la marca de la compañía Distrimetano Limitada.

Un extenso informe judicial descubrió que la Unión Temporal dijo haberle pagado a esa compañía $450 millones en transporte de alimentos. Se descubrieron facturas millonarias, todas elaboradas a mano y que no corresponden con la realidad, según las pruebas en poder de la Corte.

Entre otras, por ejemplo, se constató que Distrimetano se dedica a transportar combustible y sus derivados y que en su flota de transporte no tiene camionetas para llevar alimentos sino carrotanques. Así se lo reveló el magistrado César Reyes a Juan Diego Muñoz.

“Esas facturas también son falsas y hay una razón muy importante, y es que esa empresa que fácilmente podría haberse advertido, Distrimetrano de Colombia, es una empresa dedicada a la carga de crudo y nafta. ¿Qué tiene que ver eso con transporte en las condiciones en que la oferta lo decía y fue adjudicado de transporte de alimentos?”, le preguntó el magistrado a Muñoz.

Muñoz respondió: “Magistrado, en las cuentas de cobro del contratista no se anexaban las facturas de los proveedores. Yo no tenía conocimiento ni tampoco tenía el personal idóneo para sentarme a revisar”.

Incluso aseguró el procesado que jamás se dio cuenta de esta cadena de delitos e irregularidades.

“Tenga la seguridad de que si yo conociera estos casos que hoy me estoy enterando, pues yo mismo los hubiera denunciado. Hoy, precisamente, la Corte tiene acceso a toda esta información porque contrató peritos y profesionales forenses para entrar a tener esta información. Como secretario de Educación yo no tuve acceso a esta información”, remató.

El expediente está lleno de perlas. Por ejemplo, Juan Carlos Cruz, el supervisor del contrato, nombrado directamente por Juan Diego Muñoz para vigilar el uso correcto de esos recursos públicos, le confesó a la Corte que no tenía la experiencia requerida y que para él fue un proceso de aprendizaje. Así como se oye.

El magistrado César Reyes le insistió a Muñoz en su indagatoria al respecto: “Es una responsabilidad suya la designación del supervisor. ¿Qué tendría para manifestar en relación con esta declaración del propio supervisor que dice ‘no, mire, yo no sabía de esto nada’”?

Muñoz respondió: “Magistrado, un supervisor tiene que ser nombrado o un funcionario de la misma secretaría. Encontrar funcionarios que tengan esta experiencia con PAE es muy complicado, muy complicado. O sea, buscar un funcionario que tenga la experiencia con un programa de alimentación escolar; la verdad es que a nosotros nos tocó contratar una ingeniera de alimentos por fuera para que viniera y nos asesorara”.

Diego Fernando Morato, el representante legal de la Unión Temporal Alimentos Industriales 2016, fue imputado en mayo del año pasado por la Fiscalía por los delitos de peculado y falsedad en documento público. En el acta de audiencia se refiere que actuó en calidad de interviniente, pues “se puso de acuerdo con el señor Juan Diego Muñoz Cabrera, quien era el secretario de Educación para la época de los hechos, para apropiarse de ese dinero”.

Morato también fue indagado por la Corte y muchas preguntas no las contestó argumentando que la Fiscalía lo estaba investigando. “Nosotros ejecutamos el programa en los términos de calidad, cantidad y tiempos establecidos”, aseveró.

No obstante, las millonarias consignaciones que recibió de la Unión Temporal que él mismo representaba lo dejan muy mal parado.

Las empresarias Flor Alba Romero y su hija Ángela María Reyes dieron dos testimonios que resultaron claves para la Corte. Ambas señalaron que jamás tuvieron negocios con la Unión Temporal para venderle fruta, pero que aparecieron en esas facturas simuladas porque su contador Yimmy Carrillo traicionó su confianza.

“Él resultó con unas facturas, todo eso lo hizo a espaldas nuestras, nosotros jamás conocemos a ese señor, nosotros nunca hemos vendido refrigerios para el PAE ni nada absolutamente nada, eso no es nada cierto”, dijo Romero ante la justicia.

Lo más grave es que las empresarias denunciaron que su contador las citó en Bogotá a una reunión con Diego Morato en la que éste, supuestamente, les dijo que debían decir que esas facturas sí eran reales, porque si no “nos íbamos a joder todos”.

Con estas evidencias de pagos ficticios y simulaciones, la Corte le pidió a la Fiscalía investigar al contador de las empresarias Yimmy Carrillo y al contador de la Unión Temporal Óscar Robayo Saavedra. Aunque ambos se mostraron ajenos a cualquier delito en sus declaraciones judiciales.

De vuelta al excongresista Juan Diego Muñoz, para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hay muchas evidencias en su contra. Aunque no quiso salir en cámara por respeto al proceso, Muñoz le dijo a Noticias Caracol que se siente tranquilo, que demostrara su inocencia y que los informes de la Fiscalía y de la Corte están repletos de falencias e imprecisiones. También señaló que el contrato de alimentación es muy técnico y que peritos y profesionales de su defensa van a desvirtuar estas acusaciones. “Yo no soy un bandido, yo nunca le quité un peso al PAE y nunca me presté para ilícitos”, sostuvo.

Al margen de su defensa, la Corte le recordó a la Fiscalía que la indagatoria es equivalente a la imputación de cargos en el nuevo sistema penal, por lo cual Juan Diego Muñoz está formalmente imputado por estos hechos.

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