La trasescena del millonario pleito por el aseo en Bogotá

Un millonario pleito por el cobro de barrido en Bogotá tiene al Distrito con los pelos de punta, a los operadores de aseo enfrentados en tribunales, al Concejo exigiendo explicaciones y a la ciudadanía incómoda.

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“En Bogotá se está cobrando más por el barrido porque estos señores (de Promoambiental) no quieren respetar lo licitado, lo contratado y empezaron a barrer más”. La denuncia es de Alejandro Carranza, gerente de Proceraseo, la firma que administra el sistema de información del servicio en la capital.

Según él, Promoambiental como operador de aseo de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz lleva años facturando más kilómetros barridos de los autorizados por el contrato.

Además, de acuerdo con el abogado Carranza, esos reportes de barrido y limpieza en la vía pública no reflejan una mayor recolección de basura en el relleno Doña Juana. Carranza lo dice crudamente: a Bogotá le están cobrando por barrer aire. Por este presunto fraude denunció los hechos en la Fiscalía.

Para entender el pleito hay que explicar el contrato. Tras una licitación pública, en 2018 la Alcaldía de Bogotá les entregó a cinco operadores privados la prestación del servicio de aseo. Promoambiental se ganó el corredor de los Cerros Orientales, una de las áreas más grandes, pero menos densamente pobladas: se calculan unos 740 mil hogares. Según el negocio, cada operador debía barrer su área contratada y cobrarles a los usuarios que viven en esa zona.

Pero argumentando que no les pagaban lo debido, ese operador promovió dos tribunales de arbitramento en los que reclamaba que el cobro del barrido no debía hacerse según el número de usuarios de su área exclusiva sino por el número de kilómetros de vía pública barridos.

Aunque el primer tribunal desestimó su reclamo, que era contra la UAESP, el segundo sí les dio la razón y condenó a Proceraseo a pagarle $36 mil millones y a reajustar el nuevo método de cobro.

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Tomás Mendoza, representante legal de Promoambiental, dice que solo están reclamando lo justo. “La tarifa no va a cambiar y el servicio no va a cambiar; lo único que va a cambiar es el esquema de distribución del dinero recaudado y a cada prestador se le va a tener que pagar en función del servicio realmente prestado”, señala.

Pero hay revuelo por este laudo arbitral que favoreció los intereses de Promoambiental. Para empezar, uno de los tres árbitros que estudio el caso salvó su voto al considerar que con este fallo se modificó gravemente el contrato de 2018.

La Alcaldía asegura lo mismo y ya interpuso una tutela al respecto. Una pelea que pinta para largo, con mucho dinero en disputa y una preocupación latente: que se afecte el servicio de aseo en Bogotá.

“Dos concesionarios ya nos han advertido que, si a ellos los ponen a pagar eso, no pueden prestar el servicio”, sostiene Luz Amanda Camacho, directora de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP). En diálogo con este noticiero, Camacho dice que esta modificación en el cobro de barrido va a afectar a los bogotanos y posiblemente generará un desequilibrio financiero para los demás operadores.

Y añade: “Somos los ciudadanos los que vamos a tener que pagarle a Promoambiental (por) su interpretación, que es posterior a las reglas de juego de la licitación”.

Y fue más allá. Según ella, como el operador Promoambiental está reportando el doble de los kilómetros barridos contratados y autorizados, eso ya se está reflejando en el cobro del servicio de sus usuarios.

“Es terrible decir esto, pero esto es como un gota a gota que la gente no se va dando cuenta. entonces este mes (la factura) te sube mil, el otro mes te sube 500, el otro mes te sube otros mil, otros dos mil, y como es relativamente poco entonces tú no te vas dando cuenta de eso. Nosotros tenemos muchas quejas de ciudadanos que nos dicen ‘por qué estoy pagando tanto’”, concluye Camacho.

El abogado Alejandro Carranza lo explica de forma gráfica. Según las cuentas de su empresa Proceraseo, el operador Promoambiental ha venido facturando en promedio cada mes unos 270 mil kilómetros lineales barridos en las siete localidades en las que presta el servicio, pero lo dispuesto por el Distrito es de 136 mil kilómetros en promedio.

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Ese barrido y limpieza extra, dice Carranza, le cuesta $2.000 más a cada usuario u hogar en su factura. Según su denuncia, cada mes Promoambiental le estaría cobrando $1.400 millones extra a Bogotá. Con la gravedad, insiste, de que toda esa limpieza no se refleja en mucha más basura recogida.

Otra cosa, sin embargo, responde el representante legal de Promoambiental. Según él, su compañía está barriendo el área que dispuso el contrato y nada más. Así mismo, dijo que tampoco es verdad que con este laudo arbitral estén cuadrando sus cuentas del negocio o favoreciéndose ilegalmente. Además, advierte que hay un fallo que les dio la razón.

“Nosotros ni estamos cuadrando caja ni estamos pidiendo el cambio del contrato, eso es importantísimo. Lo único que estamos pidiendo es que se cumpliera con la norma colombiana y se aplicara en el esquema de distribución”, asevera Tomás Mendoza.

Este noticiero le preguntó: “¿Por qué los demás operadores están reportando que barren exactamente lo que les marca el Plan de Gestión Integral de Residuos y ustedes están reportando el doble?”. Mendoza respondió: “No conozco la estrategia que tengan los demás colegas, pero lo que sí le puedo decir es que nosotros estamos reportando lo que ejecutamos, estamos ciñéndonos al PGIR”.

En contraste, tres de los demás operadores pidieron la nulidad del laudo arbitral.

Manuel Paz, abogado del operador Limpieza Metropolitana Lime, que presta el servicio en ocho localidades de Bogotá, fue enfático en sus acusaciones contra Promoambiental y su cobro del servicio de barrido.

“Desde el año 2018, cuando comienza la concesión del aseo, Promoambiental les ha cobrado a sus 740 mil suscriptores un promedio de $2.000 adicionales en la factura mensual. Este desangre gota a gota equivale al día de hoy a más de $50 mil millones que se han cobrado sin fundamento jurídico”, insistió Paz.

Por su parte, Ciudad Limpia, que opera en las localidades de Kennedy y Fontibón, le envió este comunicado al noticiero: “Ciudad Limpia como prestador de servicios públicos de aseo, con más de 30 años de experiencia en el sector, desea expresar su preocupación por la situación presentada y por los impactos que pueda tener sobre los prestadores del servicio y frente a los usuarios de la ciudad de Bogotá”.

Este pleito de marca mayor entre los operadores de aseo ya tiene eco en el Concejo de Bogotá. Diego Cancino, de la Alianza Verde, anunció denuncias penales y un debate de control político en el cabildo.

“Acá se está estafando a la ciudad y acá tenemos el riesgo de que el barrido de basuras de toda la ciudad colapse por intereses particulares. Probablemente generen una competencia tan desleal que suban el precio de la tarifa que hoy ya está subida, hoy ya está inflada de manera falsa para ganarse más de $100 mil millones esa empresa, y en esa competencia desleal quiebran esas otras empresas”, denuncia Cancino.

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No es todo. Desde hace años la firma interventora del contrato de aseo ha venido reportando que Promoambiental está facturando miles de kilómetros más de barrido que los que determina el Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIRS) del Distrito. Las cuentas suman más de 4 millones de kilómetros de barrido extra.

“El consorcio Proyección Capital identificó que Proambiental Distrito S.A.S. ha venido reportando en los informes en el componente de Barrido y Limpieza un número de kilómetros ejecutados que sobrepasa la referencia de la línea base del PGIRS. Lo anterior, en concepto del consorcio interventor, va en contravía de lo determinado en los preceptos normativos”, conceptuó la interventoría.

Una situación de la que ya está al tanto Natasha Avendaño, superintendenta de Servicios Públicos. La funcionaria dijo que no podía pronunciarse de fondo sobre este pelito, pero dejó la siguiente constancia: “Cuando se identifican cobros no autorizados por cualquier motivo, los prestadores deben devolver estos recursos con intereses, lo cual es independiente de la redistribución de ingresos de este servicio entre ellos”.

Por ahora las denuncias van y vienen y serán los jueces los que dicten la última palabra. En Promoambiental sostienen que han sido leales a rajatabla y que solo están reclamando lo justo. Y exhiben para demostrarlo un laudo arbitral. En la otra orilla opinan lo contrario y a estas acusaciones se sumó la alcaldía de Claudia López. Una pelea de pesos pesados, con un exfiscal a bordo, cuyo final está todavía muy lejos de saldarse.