Guachaca, uno de los pueblos del Magdalena más golpeados por la guerra paramilitar, no tuvo elecciones este año. En este paraíso de selva y playa había 6.500 cédulas habilitadas, pero a la fiesta de la democracia no llegaron ni votantes ni jurados electorales.
Lo que hicieron fue no permitir que hubiera elecciones como un mecanismo de demostrar que están en el poder, que son fuertes, que son una autoridad. Tumbaron unos árboles, amenazaron a los testigos electorales, enviaron cadenas de WhatsApp diciendo que el que salga a votar lo matamos y efectivamente la gente no votó
Quien habla es Lerber Dimas, un líder comunal de la Sierra Nevada de Santa Marta, que explicó por qué hombres encapuchados de las Autodefensas Gaitanistas amenazaron a la población.
Según Dimas Guachaca es un pueblo que se resistió a darle su apoyo al Yoyo Tovar, el hijo de Jorge 40, a quien consideran un heredero del paramilitarismo. Por eso, los armados habrían infundido temor para que nadie saliera a votar.
“Claramente el hijo de Jorge 40 no iba a tener ningún tipo de apoyo importante dentro de esta zona, ellos tenían su propio candidato dentro de las curules especiales para la paz que era víctima de la violencia y que era de la región”, explicó Dimas.
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Episodios amenazantes se repitieron en otros pueblos de La Guajira, Cesar y Magdalena, en donde Jorge Tovar Vélez consiguió más de 15.000 votos para alcanzar una de las curules destinadas para las víctimas. Un resultado electoral sorprendente, pues si bien fue el más alto de las 16 curules de paz también resultó el más cuestionado.
“En la Sierra Nevada y en La Guajira las Autodefensas Gaitanistas de Colombia estaban en procesos de reestructuración. Allí había pasado un hecho puntual y es que se había fugado de la cárcel Édgar Córdoba Trujillo, alias 5-7, y era quien estaba comandando la retoma del Magdalena, Cesar y La Guajira. Al menos en las zonas PDET de la Sierra Nevada de Santa Marta las Autodefensas Gaitanistas en algunos casos obligaron para que votaran por él en zonas rurales. A algunos testigos les dijeron: ‘ustedes tienen que enfilar la votación a esta persona y esto coincide con el número de votos que tenía’. Supimos que también había compra de votos a favor de la campaña en Aracataca y Fundación”, señaló Dimas.
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El rechazo de varias comunidades llegó al Consejo de Estado en donde se discuten cuatro demandas que piden anular la elección de Jorge Tovar Vélez. Una de las más sobresalientes es la interpuesta por Andrés Felipe Palmezano, quien describió al menos medio centenar de episodios intimidantes protagonizados en su mayoría por las Autodefensas Gaitanistas contra poblaciones que históricamente fueron asediadas por los paramilitares y que terminaron por darle su voto a Tovar Vélez.
Según él, las comunidades votaron bajo amenaza en varios corregimientos de Valledupar. En Los Venados, donde hubo 481 votos por Tovar, la comunidad “acogió forzosamente la candidatura del Yoyo Tovar debido a los audios intimidatorios que circulaban en los grupos de WhatsApp, unido a las intimidaciones voz a voz que se escuchaban diariamente en las épocas previas a las elecciones", dice la denuncia.
En La Mina, donde hubo 128 votos, los pobladores “fueron presionados por los grupos que se rearmaron en las estribaciones de la Sierra Nevada para votar por Tovar Vélez". En Caracolí, donde se registraron 226 votos, “no solo fueron intimidados en el preludio del certamen electoral, sino también el día de las elecciones en donde apareció un sujeto con un megáfono diciéndole a las personas que salieran a votar por Yoyo".
La denuncia asegura que en El Hatico, donde Tovar alcanzó 419 votos, “se vieron inermes ante la intimidación y el amedrentamiento de los grupos armados ilegales que transitan la zona, quienes expresaron su respaldo a Jorge Rodrigo Tovar Vélez".
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El demandante pelea para que su reclamo sea admitido en el Consejo de Estado. Según él, se deben anular 9.857 votos obtenidos en 216 mesas de votación que estuvieron bajo la supuesta amenaza y la intimidación de los violentos. De prosperar este reclamo, de los 15.272 votos reportados solo le quedarían a Tovar 5.415, insuficientes para mantener la curul.
También asegura que hubo regiones en donde candidatos diferentes al hijo de Jorge 40 no pudieron tener acceso por la presión armada, y que en varios corregimientos de Ciénaga hubo "jóvenes que fueron detenidos por las Autodefensas Gaitanistas para indicarles el sentido del voto".
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Hollman Ibáñez, el abogado que defiende los intereses de Tovar en el Consejo de Estado, respondió así a los cuestionamientos: “Algo que es claro y es que Jorge Rodrigo Tovar Vélez no tiene ningún vínculo, ninguno, con ningún grupo armado al margen de la ley, llámese bandas, grupos residuales, GAOR, paramilitarismo. Estos son inventos de aquellos detractores de Jorge Rodrigo que ven en él una descendencia de un pasado paramilitar en Colombia. Jorge Rodrigo Tovar Vélez es Jorge Rodrigo Tovar Vélez, los delitos de sangre no existen en Colombia”.
El primer round de esta pelea electoral lo ganó Jorge Tovar Vélez, quien consiguió que el Consejo de Estado negara unas medidas cautelares que pretendían frenar su posesión este miércoles.
“La Sección Quinta del Consejo de Estado olvidó y desconoció no solo un comunicado de prensa, sino dos sentencias de la Corte Constitucional que invalidan la condición de víctima de Tovar Vélez. No podemos decidir a espaldas a lo que la Comisión de la Verdad le ha expresado al país”, aseguró Mauricio Pava, otro de los demandantes en contra de Tovar.
La decisión la tomó la magistrada de la Sección Quinta Rocío Araújo, quien le dio la razón a la Unidad de Víctimas, entidad que respaldó y acreditó que Jorge Tovar fue desplazado forzadamente de Valledupar a Bogotá. No obstante, a través de una acción de tutela, el abogado Mauricio Pava insiste en sacarlo del Congreso antes de que comience a sesionar.
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“Su posesión el 20 de julio es una afrenta a lo que la Comisión de Paz le comunicó al país el 28 de junio, a la democracia y las reales víctimas del conflicto", indicó el abogado.
Que el hijo de un jefe paramilitar ocupe una curul en el Congreso se convirtió en el mayor desafío judicial que enfrentan las recién creadas curules de paz, pensadas para que las víctimas del conflicto tengan una representación en el Congreso.