La pelea de tres caciques del pueblo zenú: denuncian corrupción, sobornos y un intento de secuestro

Zenú, el segundo grupo indígena más grande del país, completa 15 meses sin un líder en el poder. Los aspirantes al cargo intercambian graves acusaciones, y hasta uno de ellos ya estuvo preso en medio del lío. Informe especial.

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La mansión, como la llaman, es la casa más famosa del pueblo zenú, una etnia mayoritariamente agrupada en el resguardo de San Andrés de Sotavento, en Córdoba y Sucre, y conformado por más de 200.000 indígenas. Es propiedad de Eder Espitia, quien ha sido el cacique mayor de ese pueblo durante 12 años, y genera suspicacias porque muchos de sus contradictores se preguntan cómo pudo pagar una vivienda así: con su lago propio, amurallada, y con varios edificios en su perímetro.

“Siempre ese ha querido ser como el caballito de batalla, de decir que soy corrupto y soy bandido porque tengo una buena casa, como si acaso un indio que trabaja y que se profesionaliza no tiene derecho a vivir dignamente”, dice Espitia sobre su casa.

Las condiciones de vida del cacique contrastan abismalmente con las de la mayoría del pueblo que dirige. A 500 metros de la mansión queda el predio Villa Sofía, del mismo resguardo. Allí hay alrededor de 100 ranchos de caña y palma. Cientos de personas viven sin agua y no tienen un solo baño ni desagüe. Hace tres meses, Kelly Peñate, de 33 años y con tres hijos, murió al caer en este pozo que habían construido para hacer sus necesidades físicas.

A una hora de allí, en una casa similar a las de Villa Sofía, vive Miguel Ramos, a quien parte del pueblo zenú ha proclamado como su nuevo cacique. “Se puede dar cuenta del hogar que tenemos, la casa, a veces no tenemos comida. Y aquí vivir como se pueda, si se come una comida no se comen dos”, dice Rosalba Ramos, su hija.

Ramos y Espitia, tan contrastantes, se disputan hoy el cacicazgo del pueblo zenú: Espitia fue su cacique entre 2010 y 2021, y hoy aspira a seguir en el cargo, pues durante el último congreso, según sus registros, le ganó la elección a Elemín Terán.

Ramos, quien ha sido el principal opositor de Espitia y lleva años denunciando su supuesta corrupción, participó también en una elección paralela a la que ganó Espitia, también en noviembre de 2021, en la que fue el único candidato y sacó casi 6.000 votos.

Hoy, Espitia no reconoce la elección de Ramos, diciendo: “Miguel Ramos pretende ser reconocido como cacique mayor, pero no va al Congreso. Recoge, dice él recoger 5600 firmas y él dice que con las firmas él ya se autoproclama cacique. Eso no tiene lógica ni tiene fundamento, porque aquí existe una ley del gobierno propio que ha sido reconocida, que ha sido, que ha sido reconocida y legitimada en la comunidad, aprobada incluso por el Ministerio del Interior”.

Y Ramos tampoco reconoce la elección de Espitia, pues dice que esa ley de gobierno propio, de la que habla Espitia, fue construida por él mismo para mantenerse en el poder. “Ellos hicieron esa ley para atornillarse en el poder. Comunidades que tienen 800 habitantes, y se llevan cinco personas de la comunidad para que decida el destino de 800 personas”.

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El Ministerio del Interior, por su parte, dice que la forma de elección legítima de ese pueblo es mediante el Congreso, es decir, la instancia en la que fue elegido Eder Espitia. “En nuestra entidad reposa ya la ley de derecho propio del pueblo zenú, y creemos que esa debe ser la guía para poder diferir los diferentes conflictos que hay, o en el caso particular, el conflicto eleccionario que hay en el pueblo zenú”, dice Germán Carlosama, director de Asuntos Indígenas de esa cartera.

Lo paradójico es que hoy a ninguno de los dos hombres que se proclaman caciques se les ve en el resguardo. Espitia fue condenado por los abuelos sabedores del pueblo zenú a una pena de 50 años de armonización, que según ellos debe traducirse en 50 años de cárcel. Él, sin embargo, dice que no tiene cuentas pendientes con la justicia: “Jamás ha estado prófugo. Yo no estoy prófugo de la justicia. Eso es un invento de los abuelos sabedores de Miguel Ramos Negrete”.

A Ramos tampoco se le ve en la comunidad. Se fue desde el pasado 21 de enero, por razones de seguridad. Denuncia que ese día un grupo de hombres enviado por sus contradictores políticos intentó secuestrarlo en un edificio conocido como el palomo blanco, donde dormía. “Intimidaron a la guardia, y como la guardia no tenía armas, 9 tipos armados los recogieron toditos, los amontonaron”, cuenta Ramos.

Los hombres armados huyeron antes de poder llevarse a Ramos, ante el rumor de que la policía estaba por llegar al edificio.

Las denuncias contra el cacique

La disputa entre Miguel Ramos y Eder Espitia es mucho más vieja que esta última pelea por el poder del resguardo. Ramos ha denunciado a Espitia por supuesta corrupción durante casi una década.

“Hay muchos contratos millonarios, eso nunca ha sido ejecutado en ninguna parte, y yo eso lo denunciaba en la Fiscalía, allá iba a la Contraloría, y no pasaba nada”, dice Ramos.

Y agrega que esas denuncias le han valido un rosario de amenazas: “como no me han podido comprar entonces ya vienen las amenazas: que me van a quemar con la familia”.

Rosalba Ramos, su hija también, denuncia las amenazas: “Lo tienen muy ahuyentado últimamente, que qué pelea ese indio patirrajado, mohoso, casposo. Lo tienen tratado de cuanta vaina, oyó. Y últimamente lo tienen muy amenazado tanto a él como a la familia, aquí varias veces, que no, que los van a matar, como a él, como a los hijos, los nietos y todo y vivimos con miedo”.

Ramos asegura que Espitia no solo ha tratado de callarlo por la fuerza, sino también con dinero: “A mí el señor Eder, como lo tengo tan denunciado y demandado, el 10 de octubre de 2020 me llevó a mi casa 400 millones de pesos para que no lo demandará más, que él no quería ser enemigo mío”.

El otro gran denunciante de Espitia ha sido el veedor Darío Díaz, quien también dice que Espitia intentó sobornarlo. “Él me dijo: hermano, todo tiene precio. Y yo le dije: aclare la situación. Y dijo: no, todo tiene precio, yo tengo 50 millones para usted para que deje eso quieto y se evite problemas. Yo le dije: bueno, cacique, seguiré con problemas, pero yo no vendo mi dignidad”.

Hace dos años, Díaz denunció en la fiscalía supuestas irregularidades en 20 contratos del resguardo, que suman más de 17.000 millones de pesos. “Este señor, como reciben dineros, recursos del gobierno nacional, tiene la facultad para realizar contratos del resguardo con diferentes contratistas, y ha realizado inmensa cantidad de contratos que en nuestras visitas que hemos hecho a los diferentes cabildos que pertenecen al resguardo hemos podido evidenciar que unos contratos quedaron a medias, otros ni se ejecutaron y los pocos que se ejecutaron fueron mal ejecutados”, dice el veedor.

Noticias Caracol visitó algunas de las obras contratadas por el resguardo sobre las que hay reclamos de la comunidad. En el cabildo Majagual, por ejemplo, construyeron un pozo profundo que junto a una bomba y una red de tubería debía llevare agua a alrededor de 500 familias…

“Esta obra está en los documentos o en las proyecciones que hicieron dos fases: una fase de 600 y una de 750: 1350 millones. Agua para nuestras casas, y esa agua desde 2012 no la tenemos”, cuenta Fernando Mejía, líder de ese cabildo.

Blas Beltrán fue en su momento veedor de la obra. Cuenta que el pozo iba a ser de dos hectáreas, pero se quedó en la mitad. Las comunidades que debían recibir esa agua siguen tomando el líquido estancado de pozos y jagueyes, aguas no aptas para el consumo, que los enferman.

“Nosotros estamos buscando el agua por ahí, un agua afectada de burro, de caballo, de ganado, de puerco, de sapo. Yo que estoy operado tengo que comprar el agüita por no poder beber esa agua, o si no ya había muerto”, dice Beltrán, que acaba de tener una operación de colon", dijo.

En el resguardo de Santa Isabel hay otro caso similar. “El proyecto iba a ser agua potable para la comunidad California, Sanquirrá y Santa Isabel. No le llegó a ninguno”, cuenta Urbano Quiñones, líder comunal.

Se trata de un pozo profundo que debía bombear agua con energía capturada por estos paneles solares. “Este proyecto está en 800 millones de pesos. Pozo profundo, así está en el contrato”, agrega Quiñones.

Hoy la obra está abandonada, invadida por la maleza, y no produce agua para nadie. Las comunidades hacen muchas denuncias similares, de construcciones a medias, infraestructura abandonada o carreteras que nunca se pavimentaron.

Espitia niega el abandono de las obras. Se refiere, por ejemplo, al pozo de Santa Isabel. “Pero no es una obra inconclusa. Falta una segunda etapa porque no tenemos la musculatura financiera, los recursos suficientes para hacer de un solo tajo esa obra. Se hizo por etapas y así está diseñado la etapa pre contractual y contractual”.

Y asegura que las denuncias de Ramos y las de Díaz son parte de un juego político para desprestigiarlo y sacarlo del poder. Eso hace parte de toda esta estrategia, de todo este montaje mediático que han hecho los abuelos sabedores, el señor Miguel Ramos, Miguel Negrete y su hijo Iván Negrete para desprestigiar el ejercicio de gobierno propio, sobre todo en un año electoral que estamos en Córdoba”.

Muchas de esas denuncias están en la Fiscalía, pero esa entidad no ha producido ninguna decisión.

La condena contra el cacique

Hace un año, el cacique Eder Espitia recibió una condena que lo tiene en aprietos. Los abuelos sabedores del resguardo lo sentenciaros a 50 años de armonización que deben ser pagados, según su mandato, en una prisión ordinaria. Ese fallo, sin embargo, está en entredicho.

Los abuelos sabedores produjeron un mandato en el que mencionan supuestas irregularidades en varios contratos, entre esos de la salud y el programa de alimentación escolar.

José Miguel Moreno, uno de los abuelos sabedores, cuenta el porqué del fallo: “Muy claro está que en las comunidades no llega un peso, y si hablamos de las comunidades no les llega un peso porque en el territorio hay otros aliados de él que son los capitanes que también que han terminado con todos los derechos de nosotros”.

Espitia, sin embargo, desconoce el fallo y la legitimidad de los abuelos sabedores, y dice que la autoridad en su resguardo es el tribunal de justicia propia. “El concepto y la figura de abuelos sabedores es un tema creado solo con el único propósito de menoscabar y de sacar de la carrera política y organizativa al señor Eder Espitia. No existe una sentencia de condena anterior a Eder Espitia que los abuelos sabedores hayan proferido”, dice Espitia.

En el Ministerio del Interior tampoco creen que los abuelos sabedores puedan imponer una condena como esa a la luz del derecho de los pueblos indígenas: “Creemos que un consejo de abuelos sabedores no tiene la facultad para imprimir justicia. Los abuelos sabedores o nuestros mayores son una instancia de consulta más no de impartir justicia”. Asegura Carlosama, el director de Asuntos Indígenas.

Espitia agrega que no le respetaron el debido proceso y ni siquiera oyeron su defensa. Sin embargo, los abuelos sabedores ordenaron la detención de Espitia y la Fiscalía acató su petición el pasado 9 de junio, ese día, agentes de esa entidad y guardias indígenas lo capturaron. El cacique presentó otra decisión de un tribunal indígena y ocho días después quedó libre.

Entretanto, Espitia interpuso una tutela, alegando la violación de su derecho al debido proceso y a la libertad. El Tribunal Superior de Valledupar le negó la tutela, y en un fallo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia, mencionó a los abuelos sabedores como una autoridad tradicional, y le dijo a Espitia que si quiere apelar la decisión lo tiene que hacer ante la jurisdicción indígena.

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Es decir, ante la apelación de Espitia, la corte suprema no revocó la decisión de los abuelos sabedores. Es por eso que parte de la comunidad exige que lo capturen nuevamente.

Pese a todo el enredo judicial, Espitia se reunió con la viceministra del Interior, Lilia Solano, el pasado 12 de enero, en el comando de la Policía de Montería. En el encuentro estaba también Elemín Terán, quien es el tercer aspirante a cacique del pueblo zenú, pues dice que le ganó las elecciones a Espitia en el último congreso, y también tiene una condena de los abuelos sabedores. Esa reunión con la viceministra causó molestia en los contradictores de Espitia.

“Le pregunté si ella no sabía que ella estaba reunida con dos delincuentes, si no sabía que estaba reunida con dos condenados. Y le dije señora viceministra, más bien por qué no le pidió al coronel de la Policía, Gabriel García, que los detuviera con orden de captura”, cuenta el veedor Díaz.

Pero la viceministra dice que ella estaba dialogando con las partes, pues la idea de su cartera es lograr la unidad del pueblo zenú: “Estamos en el camino de escucharlos a todos y en ese sentido eso nos tiene que llevar a una luz, que es la luz que abrazamos, la autonomía de los pueblos y la ley de gobierno propio”.

La funcionaria tiene una propuesta para que las tres partes que aspiran al cacicazgo solucionen la disputa: “Hemos llegado a encontrar la posibilidad de que haya un nuevo congreso, el congreso es la máxima instancia para resolver la elección. Y que ahí participen todos los que quieran participar y el Ministerio del interior está dispuesto a acompañar y dar las garantías”.

Entretanto, el pueblo zenú completa 15 meses sin un cacique avalado por el Ministerio del Interior, y por eso sus recursos financieros y administrativos están congelados, pues no hay nadie que los represente legalmente. No se trata de un cargo menor, pues el elegido manejaría los miles de millones que recibe anualmente el resguardo por vías como las transferencias del estado o los recursos de ayuda internacional. La incertidumbre sobre su gobernanza agrava la precariedad de las condiciones de vida de esa numerosa etnia.

La segunda espera crucial de los zenú es por la decisión que tiene que tomar la Corte Constitucional, que ya seleccionó para revisión el fallo de la corte suprema sobre la condena de los abuelos sabedores contra Eder Espitia. En la región se rumora que pronto podría haber una captura contra el cacique, a quien han visto recientemente en su mansión. En medio de las disputas, el futuro de uno de los pueblos indígenas más grandes del país está en vilo.