La olla de tráfico de los paras en Santa Marta: ‘tierra de nadie’ disputada por grupos criminales

Hace 15 años, Hernán Giraldo, el narcoparamilitar más poderoso de la Costa, dejó las armas y fue enviado a prisión. Pero uno de sus centros de operaciones más estratégicos, en plena ciudad de Santa Marta, no ha podido ser recuperado por el Estado.Más de una decena de bienes, ubicados en la zona de tolerancia de Santa Marta, son el centro de una pelea judicial que enfrenta a dos señalados herederos de estructuras criminales de la Costa. Los bienes que están en disputa fueron entregados por el excomandante paramilitar Hernán Giraldo hace varios años. Sin embargo, el estado no ha podido retomar su control de modo que siguen siendo tierra de grupos armados y de delincuencia.Las calles del sector del Boro fueron y siguen siendo una zona de tolerancia cuya mayor riqueza radica en estar ubicada a pocos metros del puerto. Se creía que el proceso de sometimiento a la justicia de los paramilitares le había arrebatado al bloque Tairona por lo menos medio centenar de predios ubicados en este sector. Sin embargo, la miseria y la indigencia delatan que sigue siendo tierra de nadie y que los herederos de los grupos armados no están dispuestos a perder el que es considerado todavía uno de los más preciados corredores de narcotráfico.La esquina de la whiskería Los Bambucos fue el punto de reunión de hombres armados del bloque Tairona hasta el día en que su jefe, Hernán Giraldo, fue capturado para irse extraditado a Estados Unidos. Como propietario de ese establecimiento aparece Ancizar Álvarez, un antiguo capo del narcotráfico condenado, que es señalado de haber sido uno de los hombres más cercanos a Giraldo.Esta versión fue clave en la sentencia de Justicia y Paz que vinculó a Ancizar Álvarez con los bienes de Giraldo y como un integrante de los Chamizos, una banda criminal que se camufló bajo el manto de las convivir para proteger a los comerciantes de la plaza de mercado, pero que en realidad era una banda de sicariato, extorsiones y narcotráfico que terminó fusionada con las AUC.La primera propiedad de Ancizar Álvarez fue Los Bambucos, pero sus dominios incluían casas, establecimientos de comercio, un hostal, un hotel y el más importante, un parqueadero. Y aunque aparecían a su nombre, Hernán Giraldo los entregó como bienes de su organización para la reparación de las víctimas.Según Miguel Avendaño, director del Fondo para la Reparación a las Víctimas los bienes expropiados a la estructura armada de Giraldo, especialmente el parqueadero, entraron en una batalla legal entre Ancizar Álvarez, el hombre que aparecía como propietario, y Carlos Urrego, su exyerno que consiguió ser designado como administrador del bien por la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE-. “Ese predio tiene una historia más allá de servir como parqueadero. Esto viene de una diferencia entre dos personas allá, por el dominio y control de este bien, los cuales desde épocas pasadas eran yerno y suegro respectivamente. Esto obedece más a una rencilla entre ellos por tener posesión de este bien”.Urrego moscoso fue capturado en el 2008 como el heredero del clan de Los Mellizos en Bucaramanga y señalado de ser parte de la banda 'Los Nevados'. Fue condenado a seis años por concierto para delinquir y el mismo año que recuperó su libertad logro hacerse a la administración del parqueadero.La DNE se liquidó en medio de los peores escándalos por corrupción, pero Urrego Moscoso siguió en los predios. Los bienes fueron puestos a disposición del fondo que reparar a las víctimas del conflicto en el 2017, pero desde entonces Urrego tampoco ha podido ser expulsado. En varios escenarios judiciales, la Fiscalía ha cuestionado la forma violenta en que Urrego se ha mantenido como poseedor y la desidia institucional que ha propiciado esta situación. “El abandono de las entidades del Estado encargadas de administrarlos facilitó la intrusión del señor Urrego en los inmuebles, que, según se afirmó fue violenta”, dice uno de los apartes de un documento de la Fiscalía sobre este tema.El Fondo para la Reparación a las Víctimas explicó a Noticias Caracol que en 2017 autorizó la presencia de Urrego Moscoso bajo la figura de "comodato", mientras se legalizaba la situación del predio. Sin embargo, su situación como administrador nunca se formalizó y tampoco ha podido ser expulsado.“Cuando la Unidad de Víctimas y el Fondo reciben este bien ya tenía una ocupación no autorizada. Ahí comienza nuestro primer problema. Nosotros le proponemos a los ocupantes, lo hacemos con todos, un sistema de comodato precario mientras legalizamos los papeles para que ellos entren de manera legal y formal a arrendar el bien. Para este caso, ellos no accedieron a este arrendamiento y se quedaron ahí motivo por el cual la Unidad entra en un proceso policivo, con la oficina asesora jurídica, para que entreguen este bien de manera real y así se pueda administrar”, afirmó Avendaño.En medio de una maraña de recursos judiciales para recuperar estos predios, la propia justicia ha compulsado copias para que se investiguen a funcionarios de la Fiscalía y de la rama judicial, a abogados, a exparamilitares y hasta una de las personas más cercanas a Giraldo, su sobrino Nodier Giraldo. Este fue señalado por el exparamilitar Luis Alfredo Ropero Ramírez de presionar "para que se dejaran quietos los bienes de Ancizar", según se lee en su declaración ante la Fiscalía.Entre tanto, el peligro y la marginalidad se mantienen en el sector del Boro, una zona convertida en una olla de microtráfico en donde se cometen crímenes a sangre fría y se mueven toda clase de negocios ilegales sin que las autoridades hagan nada.