La hoja de ruta de la paz total

En 36 páginas está la hoja de ruta de la paz total del gobierno de Gustavo Petro. Un proyecto de ley con 87 artículos que constituye el marco jurídico que les permitiría a las organizaciones criminales saldar sus cuentas con la justicia. Una apuesta política que ya interesó a10 estructuras delincuenciales que anunciaron cesar sus acciones violentas.

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Noticias Caracol conoció las intimidades de esta bitácora jurídica que no menciona por ninguna parte las palabras “sometimiento” ni “acogimiento”, tan utilizadas por voceros del gobierno o del Pacto Histórico. En cambio, utiliza la expresión “presentación a la justicia” en relación con estas estructuras mafiosas. Parece un asunto menor, pero en este tipo de negociaciones el lenguaje importa.

Por ejemplo, el artículo 32 define quienes pueden beneficiarse de esta ley: “Se entenderá por estructuras de crimen organizado de alto impacto aquellas organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, organizadas en una estructura jerárquica y/o en red, que se dediquen a la realización permanente de patrones criminales, que incluyan el sometimiento violento de la población civil, de los territorios rurales y urbanos en los que operan y el control de una o más fuentes de rentas ilícitas”.

Es decir, según esta definición perfectamente pueden caber la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y hasta el llamado Tren de Aragua, señalado responsable de los crímenes y descuartizamientos en Bogotá.

“La atribución de responsabilidad penal tendrá en cuenta los roles diferenciados de los integrantes de la estructura según su posición jerárquica, su relación con los repertorios violentos y con las técnicas empleadas para cometerlos”, dice el proyecto.

Además, habla de “zonas de concentración” para los grupos ilegales que lleguen a un acuerdo con el gobierno. Así, los miembros de estas estructuras se reunirán en lugares específicos donde han hecho presencia con el fin de individualizar a sus integrantes. Aunque el documento no lo advierte, el desafío del gobierno será evitar que se repitan los escándalos ocurridos en Santa Fe de Ralito hace casi dos décadas con los paramilitares de Mancuso, Don Berna, Jorge 40 y compañía.

“Cuando el Gobierno nacional haya alcanzado un acuerdo con estructuras de crimen organizado de alto impacto entregará a la Fiscalía el acta final de diálogo. Una vez los miembros de la estructura se hubieren trasladado a las zonas de concentración, el fiscal delegado comunicará el escrito de formulación de imputación”.

Así mismo, esta propuesta de justicia ordinaria reduce la pena máxima en Colombia de 60 a 50 años y otorga hasta un 60% de rebaja por colaboración. Es decir, si un capo de capos es condenado a la pena máxima por su largo etcétera de delitos su pena sería de 20 años. Pero con todos los beneficios del proyecto no purgaría más de 10 años en la cárcel.

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Estos beneficios incluyen, además, una norma que desde ya es muy controvertida: que estos mafiosos puedan conservar hasta el 10% de su fortuna ilegal. Hoy la ley colombiana prevé que puedan quedarse con el 3% de sus bienes si los entregan.

“Beneficio por la entrega anticipada de bienes: conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de los bienes cuyo origen sea consecuencia de una actividad ilícita, siempre y cuando su valor comercial no supere el diez por ciento del total de los bienes objeto de colaboración”.

Este artículo busca ser lo suficiente atractivo para que estos criminales respondan ante la justicia y le den al Estado el 90% de su patrimonio ilícito. Una propuesta que pretende emular el modelo de las negociaciones de los capos de la droga en Estados Unidos.

Para obtener estos beneficios, sin embargo, estas organizaciones y sus líderes tendrán que abandonar toda actividad delincuencial, delatar sus redes criminales, socios y patrones, revelar sus fuentes de financiamiento, declarar la totalidad de sus bienes y rentas ilegales y confesar su pasado torcido. Y, además, “caracterizar los hechos victimizantes contra la población vulnerable, especialmente contra niños, niñas y adolescentes”.

Un requisito que llama la atención en el articulado, pues obliga a estos narcotraficantes y sus secuaces a ponerle la cara a las víctimas, decirles toda la verdad sobre las atrocidades que promovieron y repararlas tratando de reconstruir el tejido roto de las comunidades que durante años violentaron como sus verdugos.

El proyecto es así de claro sobre la libertad condicional para estos mafiosos cuando hayan cumplido la mayoría de su condena: “Su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización (…) En el caso de las sentencias con componente restaurativo, estará supeditada al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el plan de restauración definido por el juez de ejecución de penas”.

Otro de los aspectos cruciales de este proyecto es que resuelve la situación jurídica de los integrantes de base de estas organizaciones. Según la propuesta, prácticamente quedarían en libertad si no han cometido los delitos más graves y solo tienen cuentas pendientes por concierto para delinquir o porte ilegal de armas.

“Dada la necesidad de reintegración especial de quienes no ejercen un rol de mando en la estructura de crimen organizado de alto impacto (…) la ejecución especial de la pena se condicionará a la participación en los programas especiales de reinserción y restauración”, señala el proyecto.

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En todo caso, por tratarse del narcotráfico, un delito cada vez más sofisticado y de corte trasnacional, el proyecto estipula que todas las autoridades judiciales en Colombia puedan directamente, sin intermediación de la Cancillería, solicitar información a otros países sobre las fortunas, contactos y colaboradores de quienes busquen estos beneficios judiciales. El objetivo es impedir que parte de su botín permanezca escondido en otros territorios.

Y para evitar que estos capos le incumplan al país, el proyecto establece lo siguiente: “Cuando el fiscal demuestre que el procesado ha incumplido con las obligaciones adquiridas en el procedimiento de colaboración eficaz o que han existido maniobras dilatorias, el juez deberá imponer la totalidad de la pena”.

Finalmente, la propuesta que hoy está siendo estudiada por la Casa de Nariño, la Fiscalía y algunos miembros del Congreso, contempla una reforma penitenciaria y la posibilidad de que estas organizaciones puedan cumplir parte de sus penas en prisiones comunitarias, un concepto novedoso que se asemeja a las colonias agrícolas.

“La prisión comunitaria consistirá en la privación de la libertad en el lugar de arraigo del condenado. (...) Permitirá que el penado realice actividades comunitarias tendientes a garantizar la reparación del daño ocasionado y facilitará su proceso de reinserción social”.

El asunto de fondo sería cómo garantizar que estos narcotraficantes reincorporados a su comunidad no continúen con su trasegar delincuencial en los territorios en los que sembraron terror y donde construyeron sus imperios criminales.

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Al margen de estas inquietudes, lo cierto es que esta propuesta lleva semanas cocinándose en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo rueda, con la asesoría del abogado Mauricio Pava y varios equipos técnicos. El objetivo es concretar una norma que permita desarmar los ejércitos privados de la mafia sin que el Estado claudique su institucionalidad.

Todavía no se sabe si será el proyecto definitivo que presentará al Congreso el gobierno Petro, pero, por lo pronto, parece dibujar las líneas rojas que resultan tolerables en aras de la paz.