La génesis oculta de los falsos positivos de Soacha y cómo lograron encubrirla

Una historia macabra en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, fue el punto de partida de una modalidad criminal en el Ejército, donde se reportaron guerrilleros muertos en combate a personas que habían sido reclutadas en Cundinamarca con la falsa oferta de ir a recoger café.

“A partir de diciembre del 2007 se puso en marcha un negocio criminal en el que miembros del Ejército Nacional transaron con terceros civiles para que reclutaran a jóvenes de otros municipios y ciudades del país a cambio de una remuneración económica”, aseguró Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP.

La génesis de los llamados 'falsos positivos de Soacha' fue reconstruida por la Justicia Especial para la Paz, que imputó a once personas, incluyendo un general y seis oficiales del Ejército por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La base del escrito de 284 páginas se fundamenta en lo ocurrido de puertas para dentro en el único prostíbulo de El Carmen.

“Dentro de mi inteligencia deducía: necesitamos información, ¿dónde hay que buscarla? A los bares a donde siempre van los bandidos y los delincuentes. Y había un solo bar y por ese lado me empecé a meter con la ayuda de una señora que tenía un bar, el único prostíbulo que había en la región”, aseguró el cabo Néstor Gutiérrez Salazar, excomandante de una escuadra de la Brigada Móvil 15.

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Ante la justicia ordinaria y ante la JEP, el cabo Gutiérrez confesó que fue el autor de una lista con los nombres de supuestos guerrilleros a los que asesinó en completo estado de indefensión. “La hice yo con María Eugenia, la señora del bar, a la que presioné para que me diera información. Cuando hablé con ella, me dijo: yo conozco a fulano, y yo cargaba mi libreta y empezaba a anotar. Que este tiene un hermano en la guerrilla y él viene cada ocho días al bar a tomar, lo colocaba en la lista...”, relató

El cabo Gutiérrez asegura que, con esta mujer como informante, asesinaron a casi a una decena de personas a quienes el pueblo reclamaba como campesinos. Uno de ellos, Álvaro Guerrero Melo, a quien la comunidad describió como un campesino que se dedicaba a vender chatarra y pescado y a sacar arena del río.

Desde una cárcel en Norte de Santander, la mujer, a quien le protegemos su identidad por razones de seguridad, también colaboró en el caso que ya arrojó los primeros resultados en la JEP.

“Cuando llegó el cabo Gutiérrez me dijo con malas palabras que me parara en el andén, que quería hablar conmigo y me echó hacia el poste. Me dijo que ellos eran los cascudos, que venían haciendo limpieza, matando a los colaboradores de la guerrilla, los que tuvieran que ver con paramilitares y expendedores de droga y viciosos. Él sabía que yo vendía droga, que yo tenía que colaborarle a él. Él tenía una lista de diferentes personas. que si no le colaboraba me mataba a mi y al niño”, relató la mujer que sirvió de informante.

El cabo Gutiérrez la describió como una ficha clave para obtener la información respecto de personas que se terminaron dando de baja. “El coronel Rincón nos va a colocar las armas, así comenzamos a trabajar en el pueblo para identificar los colaboradores de la guerrilla”.

Tanto la mujer como el cabo aceptaron haber hecho parte de este plan criminal a cambio de dinero y por los incentivos que ofrecía el Ejército. “Le decían a uno, cómo hijuemadres lo capturan, para qué vivo. Lo que pedían era muertes en combate. El premio para los comandantes eran candidatos para el Sinaí. Y para los soldados de la tropa era pasar diciembre en casa”, señaló.

En el relato de los entrevistados, también señalaron cómo llegaron a tener a una de sus víctimas retenida dentro del prostíbulo.

“Antes de ingresar a la pieza me dijo que le subiera a la música, yo le subí (...). Gutiérrez sale de la pieza y me dice venga: me senté en un borde que hay para el lado del patio. Le dijo a Chona: no se preocupe, ya ella lo vio, a usted no le va a pasar nada. Le decían que se colocara un poncho camuflado. Chona preguntó ¿para qué? para que no lo conozcan que va con nosotros”.

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El reporte oficial hizo aparecer a Chona como muerto en combate a pocos kilómetros de El Carmen. Pero su único pecado fue estar en el lugar equivocado. “Salió Gutierrez. Chona iba en el medio, y los otros dos soldados. Se fueron hacia el puente”, aseguró la mujer.

Los crímenes a sangre fría se volvieron tan evidentes que las organizaciones de Derechos Humanos encendieron las alarmas ante las autoridades de Ocaña en diciembre de 2007.

“Durante el Consejo de Seguridad de la Alcadía de Ocaña al cual asistieron miembros del Estado Mayor del Bisan y de la Brimi 15, la Defensoría del Pueblo advirtió del asesinato de civiles para presentarlos ilegitimamente como bajas en combate”, advirtió la magistrada Díaz.

A ese consejo también fue invitada la informante, quien reconoció haber hecho una intervención teatral libreteada por los mismos comandantes: “Yo tenía que decir que gracias al Ejército, cuando el señor moviera la mano, el general Coronado. Que gracias al Ejército volvía la normalidad al pueblo que ya la guerrilla se había ido, que daba la tranquilidad en el pueblo pero la realidad era otra, que no había enfrentamientos con guerrilla ni nada de eso”.

A raíz de las quejas de la comunidad, los miembros del Ejército comenzaron a buscar víctimas en otras ciudades. “A raíz de esta reunión y que el Catatumbo se estaba quejando de muchas ejecuciones extrajudiciales, es que empiezan a traer gente de otros lados, traen gente de Aguachica, de Bogotá y aparece alias carretero”.

La Justicia Especial de Paz documentó parcialmente los casos de 120 víctimas en Norte de Santander. El siguiente capítulo sensible, además de los crímenes, es cómo los intentaron esconder. La JEP encontró destrucción de evidencia, compra y alteración de testimonios en los procesos disciplinarios y judiciales y construcción de narrativas de falsa seguridad en los territorios.

“Hubo alguien que me dijo, me aconsejó, usted tiene que aprender a poner el pecho. Mi papá me dijo: si ya la embarró dé la cara”, señaló el cabo Gutiérrez. Las declaraciones del cabo fueron de las primeras que llegaron ante un fiscal de Derechos Humanos de Cúcuta. No obstante, la presión de los mandos a través de abogados hizo que durante años las investigaciones fueran desviadas, tal y como lo describe la imputación de la JEP.

"Hubo un encubrimiento jurídico que giró en torno al uso de testigos falsos y a la unificación de versiones entre los miembros de la tropa. (...) Así, por ejemplo, la abogada Hilda Lorena Leal Castaño actuando en representación de los miembros del Bisan habría dado instrucciones a miembros de la tropa para coordinar una sola versión de los hechos, y habría estado presente en diligencias ante Fiscalía en la que se escucharon testimonios de personas que señalaban a las víctimas de pertenecer a grupos armados al margen de la ley, lo cual el día de hoy está plenamente controvertido y por tanto sirve de indicio para concluir que dichos testigos eran falsos", señala el documento de la Justicia Especial de Paz.

La abogada Leal Castaño fue sancionada por el Consejo Superior de la Judicatura con la pérdida de su tarjeta profesional de por vida. “Leal Castaño asesoró en agosto de 2009 a testigos para que desprestigiaran al fiscal encargado del caso y pretendió introducir al expediente la falsa denuncia del suboficial como prueba en dicho proceso”, indicó la Judicatura cuando dejó en firme la sanción.

La abogada fue señalada por el exparamilitar Jhon Jairo Pabón, alias 'Loquillo', así como por varios comparecientes que, incluso, estuvieron bajo su representación.

“Esa reunión se hizo en Puente Aranda, donde estaban instalando las oficinas de Demil, en la parte de afuera. Esta reunión la hacía la abogada Lorena Leal, con el coronel Rincón, con el mayor Rodríguez para prepararnos porque la Fiscalía nos iba a detener (...). Ellos ya sabían que íbamos detenidos”, indicó el cabo Gutiérrez.

El capitán Daladier Rivera Jácome, uno de los llamados a imputación como máximo responsable, estuvo durante un tiempo bajo la representación de Leal. “Cuando la doctora Lorena entra, ella empieza a decir: lo que tenemos que hacer acá es una estrategia de la defensa para entrar a desprestigiar al fiscal y a ese 'Loquillo' para que esto se vaya determinando y se de cuenta que el fiscal estuvo con el cabo direccionando la mayoría de las investigaciones”, dijo.

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La abogada actualmente trabaja como contratista de la Agencia Nacional de Tierras, entidad que tiene entre sus funciones adelantar acciones para la reparación integral de víctimas del conflicto.

La abogada respondió a Noticias Caracol que por este caso instauró una denuncia penal en contra del cabo Gutiérrez porque habría mentido en su declaración. Indicó que nunca fue asesora de esa Unidad Militar, que renunció a Demil desde hace diez años y que esos señalamientos obedecen a una retaliación en su contra. Producto de esta denuncia, la Fiscalía avanza en una acusación por el delito de falso testimonio contra el cabo Gutiérrez.

La decisión de la Judicatura de excluirla del servicio profesional se mantiene en firme. La abogada Leal asegura que solicitó la devolución de su tarjeta profesional bajo la figura de rehabilitación, que permite la ley para quienes después de cinco años de ejecutoria de la sanción aprueben los cursos de capacitación autorizados por la Judicatura.

La abogada Leal se negó a conceder una entrevista en cámara porque asegura que está en riesgo su vida y por ello pidió la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Afirmó que el auto de la JEP por los falsos positivos abre un nuevo frente en su pelea judicial y que será controvertido mediante recursos legales.