Impunidad en las muertes del 9 de septiembre en Bogotá habría permitido nuevos excesos de la Policía

Los abogados de las víctimas del 9 de septiembre en Bogotá están convencidos de que los escasos avances de la justicia para aclarar realmente qué ocurrió esa noche, en la que 13 civiles perdieron la vida, abonaron el terreno de los excesos, las graves denuncias de violencia policial y los más de 40 muertos que hoy contabiliza el paro nacional. “Es evidente que en el caso del 9 de septiembre y de otros crímenes de Estado existe un pacto de silencio que generalmente es antecedido de órdenes, órdenes por parte de oficiales o altos funcionarios del gobierno. Y esa impunidad también la estamos viendo en el momento de la investigación y juzgamiento de los responsables”, le dijo a Noticias Caracol el abogado Juan Felipe Sánchez. Ocho meses después de uno de los capítulos más sangrientos en la historia de la capital, solo hay cuatro policías imputados por las muertes de Andrés Felipe Rodríguez, Jaider Fonseca Castillo, Angie Paola Baquero y Germán Puentes Valero. Noticias Caracol obtuvo el expediente del 9 de septiembre y constató que, a pesar de los esfuerzos investigativos, falta casi todo por aclarar. Especialmente qué pasó en el barrio Verbenal, ubicado al norte de Bogotá, uno de los lugares de mayor confrontación esa noche. Interrogatorios, informes balísticos, reportes forenses y hasta comunicaciones internas de la Policía ofrecen pistas sobre lo que ocurrió. Varios patrulleros reconocieron, por ejemplo, que vieron a policías disparar a los manifestantes. Uno dijo que lo hicieron cuando un capitán fue herido. “Todos estaban alrededor del capitán y salieron de tres a cuatro compañeros a reaccionar (…) Fue cuando hacen las detonaciones o disparos hacia donde estaban los manifestantes”, manifestó. Otro más contó que disparó su arma, pero al piso, para disuadir a la multitud que los estaba agrediendo y que buscaba prenderle fuego al CAI. “En ese momento saco mi arma de dotación y realizo los cuatro disparos hacia el pasto de la zona verde (...) porque sentí amenazada mi integridad”. Aunque el protocolo para atender las protestas obliga a que los policías siempre estén identificados de manera clara y visible, varios patrulleros en Verbenal se quitaron sus chaquetas en los momentos más álgidos de las protestas. Sus explicaciones generan muchas dudas. “Antes de llegar al apoyo (en Verbenal) por radio manifestaron que nos quitáramos las chaquetas, desconozco quién dio la orden”, resaltó uno de ellos. Y otro patrullero añadió: “(Nos quitamos las chaquetas) porque los manifestantes le lanzan a uno pinturas, líquidos. Después se presentó lo del Verbenal, para no hacerse uno tan visible y evitar que de pronto personas nos agredieran”. Este noticiero se abstiene de identificar a los policías que le entregaron estas versiones a la Fiscalía para no afectar el proceso. También hay reportes sobre uniformados que reportaron que perdieron municiones esa noche. El siguiente, por ejemplo, relató que perdió 15 balas. “Yo reporto a la central las agresiones en mi contra, las lesiones que tuve y la pérdida del proveedor con la munición”. Otro policía señaló que, aunque no disparó su arma, sí informó como novedad que le faltaban seis balas. Estas versiones aparentemente contradictorias fueron documentadas en un reporte de la fiscalía que cruzó 32 declaraciones de policías para determinar posibles inconsistencias en los relatos. Con otra particularidad: en muchos casos, debido a las deformaciones y ralladuras de algunos proyectiles, no fue posible determinar las armas que los dispararon. El reporte judicial señala lo siguiente: “No permite establecer si fueron o no disparados por alguna de las armas referenciadas, siendo indeterminados”. Y esto resulta relevante en tanto se busca establecer si esas armas oficiales fueron las que provocaron o no las muertes de 13 civiles el pasado 9 de septiembre. Pero hay más. En un informe judicial de 17 páginas, también en poder de este noticiero, se revelan las transcripciones de las comunicaciones más relevantes entre el CAI de Verbenal y la central de la Policía ese 9 de septiembre. En total la Fiscalía analizó 5.952 archivos de audio. Sin que se especifique quién habla, el reporte consigna esta orden a las 6:48 de la tarde desde la central de la Policía: “Cuadrante 42, 10, 58, se me quitan las reflectivas por favor y no quiero ver balizas (luces de la policía) encendidas”. Conforme pasan los minutos, la tensión aumenta. A las 7:49 de la noche, por ejemplo, la central dice lo siguiente: “Si no dan abasto, retirarse, asegurar los medios y las pistolas. Primero la integridad de ustedes”. A las 8 y 48 de la noche, se reporta el primer herido grave: “No hagan uso del arma de fuego. Allá están reportando un 910 (un herido) con arma de fuego en el pecho”. A las 9:45 de la noche este fue el mensaje que se dio desde el CAI: “Los que estamos acá en Verbenal cuidado con el uso de la fuerza, mucho celular grabando desde los conjuntos”. Catorce minutos después, a las 9:59 de la noche, un oficial informa sobre una persona fallecida. Y a las 10:44 p. m. el ambiente ya estaba muy caldeado. “Necesitamos asegurar con el Esmad porque con el tema de la novedad (el muerto) está caliente el tema”. A pesar de estos hallazgos, la impunidad que ha rodeado este expediente constituye un precedente muy peligroso para los abusos de la Fuerza Pública que hoy se denuncian en el paro nacional. Adam Isacson, experto en asuntos de seguridad y director para Veeduría de Defensa de Wola, señala desde Washington: “Cada vez que hay escándalos por asesinatos u otros abusos en un contexto de manifestaciones, la justicia no anda y las maniobras para dilatar estos casos tienen mucho éxito. Entonces los policías ven que tienen muy poca probabilidad de ser investigados o castigados por cometer excesos, o desmanes o abusos. eso crea su propio incentivo”. ¿Por qué no aprendimos del horror del 9 de septiembre en la capital del país? ¿Acaso no debía la Policía ajustar sus protocolos para evitar el uso desproporcionado de la fuerza durante las movilizaciones sociales, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia en noviembre pasado? ¿Cuál será la respuesta de la justicia para aclarar los muertos del paro nacional? ¿Se repetirá la historia en relación con la lentitud del expediente del 9 de septiembre? Muchas preguntas hoy rondan el ambiente.