El viacrucis de la exfiscal Mónica Gaitán, su esposo Genaro Olaya y su familia llevan más de 22 años y contando. Todo empezó en la madrugada del 17 de enero de 2001, cuando la barbarie paramilitar
arrasó el corregimiento de Chengue, en Sucre. A punta de un martillo de hierro, sobre una roca convertida en patíbulo, 27 campesinos fueron torturados y asesinados a mansalva por hombres de Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’. En tres horas el pueblo quedó hecho cenizas.
“Yo fui a Chengue cuando ocurrió la masacre y a mí esas imágenes nunca se me pudieron borrar. Lo que yo vi fue horrible, yo lo único que recuerdo es el olor a sangre, es un olor a sangre que nunca se me olvida”, cuenta.
Como fiscal de derechos humanos a Gaitán le correspondió investigar este caso y los entronques del poder político de Sucre con esos verdugos de brazalete. Pronto halló pistas de la complicidad de la Fuerza Pública con las autodefensas, pero en medio de esas pesquisas, su fiscal de apoyo en Sincelejo, Yolanda Paternina, y dos investigadores del CTI fueron ultimados por sicarios. Paternina se cansó de pedir que la trasladaran porque se sabía muerta.
“Entonces para mí fue a mí me pueden matar también. En algún momento yo llegué a sentirme culpable por el asesinato de Yolanda porque yo decía yo debí haberle ayudado más eficazmente y a estos dos investigadores yo por qué los envié allá”, se lamenta.
En esta, su primera entrevista ante un medio de comunicación, Gaitán recuerda todavía con pavor la estela de esos crímenes que eran una advertencia clara y doble: la siguiente en la lista era ella y el proceso judicial por la masacre solo podía tener un final posible y ningún otro: la impunidad.
“Ahí comenzó verdaderamente el obstáculo de la justicia porque yo sabía que me estaba enfrentando a unas jerarquías de poder donde no se permite llegar”.
A pesar de la violencia y la zozobra, Mónica Gaitán persistió en sus averiguaciones y cuando tuvo listas las primeras órdenes de captura contra el contralmirante Rodrigo Alfonso Quiñones, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina en Sucre y cuatro oficiales más por haber omitido su deber de proteger a la población de Chengue, recibió un portazo del entonces fiscal general Luis Camilo Osorio.
“Yo no quería sorprenderlo con mi decisión, y entonces voy a su despacho y le digo: ‘Yo tengo las órdenes de captura, no quiero que esto lo vaya a tomar por sorpresa, estas son las órdenes de captura’, y él lo que me dice es: ‘Esto no lo puede hacer, esto no puede salir’. Solamente me dijo: ‘Limítese a investigar a paramilitares, pero esto no lo vamos a tocar’. Yo estaba súper indignada y a mí como se me cayó todo el tema de justicia porque yo había sacrificado mi vida y había expuesto mi vida y la vida de Yolanda y las vidas de estos investigadores y la vida de todos estos masacrados".
Yo le dije: "Yo le entrego su proceso porque yo no voy a llevar en mis espaldas la muerte de todas estas personas”, sostiene la exfiscal Gaitán en diálogo con Noticias Caracol.
En menos de tres horas le quitaron el expediente, asegura. Su salida del caso, sin embargo, causó revuelo nacional pues trascendió a la prensa que esas órdenes de captura se habían quedado engavetadas en el despacho del fiscal Osorio. Desde Washington José Miguel Vivanco de Human Rigth Watch exigió explicaciones. Para amainar el escándalo sus jefes le pidieron que firmara un documento que decía que estaba enferma y que por eso la investigación había pasado a otro fiscal. Ella se negó.
“Ahí yo entendí que los enemigos no solamente estaban afuera, estaban adentro, y fue cuando tomé la decisión: yo me tengo que ir de acá”.
Devastada y sola, perseguida por los matones del paramilitarismo y desautorizada por su jefe, el entonces fiscal Osorio, Mónica Gaitán no tuvo más remedio que el exilio. El 18 de abril de 2002, quince meses después de haber asumido el caso Chengue, salió con su esposo y sus dos hijos rumbo a Estados Unidos.
“Y aún en el exilio cuando viví cosas tan duras como humillaciones yo decía: lo único que me sostiene es que yo a mis hijos pequeños les pude explicar por qué nos fuimos para el exilio, porque ellos no entendían. Les dije: el valor de la justicia es muy alto, el precio que tenemos que pagar es muy alto, pero prefiero pagar ese precio y no el de la injusticia, el de la maldad, el de la sevicia, el de la complicidad”.
Su esposo Genaro Olaya añade: “El exilio solo lo sabe el que lo vive. Cuando la vida se te vuelve una tragedia, cuando todo te cambia, cuando ese proyecto de vida de lo que llama la Constitución el libre desarrollo de la personalidad, algo tan hermoso, se rompe, eso no se restaura de la noche a la mañana”.
Duraron diez años rebuscándose la vida en ese país. Como no sabían inglés, a la exfiscal Mónica Gaitán le tocó lavar baños en el colegio de sus hijos y su esposo pasó de ser un reputado juez civil de Cali a ayudante de construcción en virginia (Estados Unidos).
“El primer trabajo que le dieron a Genaro fue en construcción y Genaro en la casa no pegaba ni una puntilla”, dice Gaitán. Y complementa su esposo: “El trabajo era que yo era el ayudante del ayudante del ayudante de constructor. Me lo dieron por caridad. Y teníamos dos niños pequeños a los que teníamos que darles de comer”.
Mientras los Olaya Gaitán sobrevivían como podían al frío, al hambre, al idioma y al desarraigo, las noticias de dos nombramientos del gobierno Uribe los sumieron en un profundo dolor.
“Luis Camilo Osorio fue nombrado embajador en México y el general Quiñones fue agregado diplomático en Israel. Y Mónica Gaitán por ocurrírsele el sueño de justicia estaba limpiando baños allá con nieve hasta acá”.
En septiembre de 2004, sin embargo, el procurador Edgardo Maya destituyó e inhabilitó al contralmirante retirado Rodrigo Quiñones y a cuatro oficiales y suboficiales de la Armada por su conducta omisiva durante la masacre de Chengue. El fallo vino a quedar en firme en 2012, luego de que el Consejo de Estado lo ratificara. Con ese respaldo judicial ella y su familia decidieron regresar a Colombia y demandar al Estado por lo que les pasó.
“Fue en esa época que dijimos: las condiciones están dadas porque vemos que hay justicia”, dice Olaya.
Por los perjuicios materiales y morales de su exilio, en 2015 el Tribunal de Cundinamarca le ordenó a la Fiscalía indemnizar a Gaitán y a su familia con cerca de $500 millones. Pero el Consejo de Estado no solo tumbó ese fallo sino que los condenó a ellos a pagarle a la nación $38.193.595 por los gastos en los que incurrió la administración de justicia durante este proceso.
“Esa sentencia es revictimizante, yo no la pude leer sino hasta hace poco, porque lo que se dice allí es inhumano, es la insensibilidad total”, relata la exfiscal.
El fallo sostiene que Gaitán tenía como plazo máximo para demandar al Estado dos años después de que Estados Unidos le otorgara el asilo, lo cual ocurrió en 2003. Es decir, solo hasta 2005 podía entablar un recurso contra la Nación, pero ella lo hizo en 2013 cuando por fin se sintió segura y decidió retornar a Colombia con su familia.
“Más que indignación, para mí hay dolor, dolor porque es no entender por qué la búsqueda de la justicia, que fue lo que causó mi exilio, hoy se convierta en un hecho donde yo soy culpable”.
La impunidad en el caso Chengue campea. Tan solo ha sido condenado el exjefe paramilitar Juancho Dique y hoy apenas hay un oficial de la Armada llamado a juicio que, además, está prófugo. En cambio, la exfiscal Mónica Gaitán, la mujer que se jugó la vida hace dos décadas, terminó ahora condenada por reclamar una indemnización que creía justa por su exilio.
“Pero aun así mi sueño de justicia nunca se apagará mientras yo esté viva”, recalcó.
Noticias Caracol buscó al contralmirante Rodrigo Quiñones para conocer su versión sobre este caso, pero no pudo ser contactado a pesar de los mensajes que le dejamos en su teléfono. Aunque hace nueve años al programa Los Informantes le dijo que era inocente, que su destitución había sido injusta y que quien dejó pasar a las autodefensas para su cruzada asesina en Chengue fue la Policía.
“Había un retén de ellos montado a las afueras de la salida de San Onofre (Sucre) y pasaron los dos camiones con estos bandidos de las autodefensas por el medio del retén”, contó.
También buscamos al exfiscal Luis Camilo Osorio, quien se defendió a través de este comunicado: “Rechazo la forma torticera y cobarde de los que pretextaron riesgos o amenazas para abandonar el país, culpando a quienes le pusimos la voluntad de perseguir la criminalidad con decisión (...) Siempre obré con transparencia y severidad en la persecución de la criminalidad; jamás privilegié interés político o de otra índole distinto de cumplir la constitución y honrar la aplicación estricta de la ley; no existió sitio dónde ‘engavetar’ ni impunidad para nadie, menos las órdenes de captura”.
De vuelta a Gaitán y a Olaya, se les preguntó cómo van a pagar esos $38 millones a los que los condenó la justicia y contestaron apesadumbrados que no tienen dinero, que su única salida es una tutela que ya interpusieron y que esta pesadilla se parece mucho a El proceso, esa novela inmensa y universal del escritor Franz Kafka.
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