Cronología del expediente postergado contra Samuel Moreno

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol tiene en su poder todas las constancias de aplazamiento que ha tenido el proceso contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por el caso Tunjuelo-Canoas, donde fue acusado de recibir una coima de $1.000 millones de pesos. Excusas, inasistencias, solicitudes de aplazamiento y la pandemia han impedido que se instale el juicio. Esta es la historia.

El contralor general de la República , Felipe Córdoba, está indignado. “La contraloría seguirá dando la batalla para que los funcionarios deshonestos que se apropian o dilapidan los recursos públicos los devuelvan. Apelaremos esta decisión con todas las herramientas que nos da el derecho colombiano. No podemos permitir que a través de triquiñuelas jurídicas los corruptos se salgan con la suya. Vamos a defender estos recursos de los colombianos. La ciudadanía puede estar segura de que no nos vamos a quedar quietos”, dijo.

La molestia del alto funcionario tiene origen en el fallo que esta semana profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En dicha sentencia se tumbó una condena fiscal que en 2016 había emitido la Contraloría por $174 mil millones contra el exalcalde Samuel Moreno Rojas por el carrusel de la contratación en Bogotá. En criterio del tribunal, la Contraloría tenía plazo para tomar acciones contra Moreno hasta el 5 de julio de 2016. Sin embargo, impuso la multa el 19 de diciembre de ese mismo año, es decir, 5 meses y 14 días después del límite. Por esta razón, anuló el fallo.

En contraste, en diálogo con Noticias Caracol, Felipe Córdoba insistió en que apelarán esta decisión y harán pagar a Moreno por el saqueo a la ciudad durante su administración entre 2008 y 2011. “Vamos a seguir enfrentando la corrupción sin descanso. Los corruptos creen que nos van a cansar o a desmotivar, pero están equivocados. En el caso de Samuel Moreno seguiremos la lucha en el Consejo de Estado y estamos seguros de que allí nos van a dar la razón”. Esta es, quizá, la primera victoria de Moreno, quien tiene tres condenas penales a cuestas y varios procesos vivos.

Aunque su situación judicial es muy difícil –Moreno ha sido sentenciado a penas de 39, 30 y 24 años, respectivamente–, todavía sigue tratando de burlar la mano de la justicia. Al menos eso ha dicho ante las autoridades judiciales el abogado Mauricio Marín, apoderado del Acueducto de Bogotá en el expediente que se sigue por la megaobra del túnel Tunjuelo-Canoas. Se trata de un contrato adjudicado durante la era Moreno Rojas al Consorcio Canoas, integrado por Odebrecht y la firma CAS Constructores del grupo Solarte, que tuvo un valor de $243 mil millones.

El 24 de octubre de 2017 la Fiscalía le imputó cargos a Moreno por este contrato por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho impropio. “En virtud del apoyo recibido por la adjudicación del contrato para la construcción del túnel interceptor Tunjuelo-Canoas, Orlando Fajardo Castillo y Paola Fernanda Solarte Enríquez, representante de la empresa Cas Constructores y Cía S.A. dieron a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, hasta ahora identificados, la suma de $1.000 millones a través de Andrés Cardona Laverde y Emilio José Tapia Aldana”.

El fiscal del caso, Jaime Alonso Zetien, fue así de contundente entonces contra Moreno: “Usted comprendía para ese momento la ilicitud de su comportamiento, estaba en capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión, era consciente de que recibir dinero de personas que tenían interés en asuntos sometidos a su conocimiento en razón de su cargo era ilícito. Y le era exigible no hacerlo y, sin embargo, lo hizo”.

A pesar de la gravedad de los hechos por los cuales resultó acusado Samuel Moreno, la audiencia de juicio no ha podido ser instalada casi tres años y medio después. ¿La razón? Las múltiples excusas y peticiones de aplazamiento del exalcalde y su defensa. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol tiene en su poder todas las actas del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá en las que se revela esta cadena de postergaciones.

La cronología es así:

24 de octubre de 2017: Samuel Moreno fue imputado por la Fiscalía.

20 de febrero de 2018: La Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra por el caso Tunjuelo-Canoas.

9 de mayo de 2018: Se programó la primera audiencia, pero ésta no se realizó porque Moreno y su defensor estaban atendiendo otro juicio.

4 de septiembre de 2018: Tampoco se realizó la audiencia porque no asistieron ni Moreno ni su defensor. El juez ordenó investigar estos hechos.

19 de octubre de 2018: De nuevo, ni Moreno ni su defensor asistieron a la audiencia. Al ser requerido por el juzgado, el abogado, a través de su hijo, manifestó estar incapacitado. Se ordenó que la Defensoría Pública le asignara un abogado de oficio.

23 de noviembre de 2018: No hubo audiencia porque minutos antes de instalarla se le asignó un defensor de oficio a Samuel Moreno y éste alegó que no conocía el proceso y debía estudiarlo.

19 de diciembre de 2018: Samuel Moreno no asistió a la audiencia convocada alegando que tenía una incapacidad de tres días.

11 de marzo de 2019: No se hizo la audiencia porque el defensor del exalcalde solicitó otro aplazamiento para atender un caso ante el Consejo Superior de la Judicatura.

22 de abril de 2019: Se instaló la audiencia, pero el defensor de Moreno presentó un recurso de nulidad y recusó a la fiscalía. El juez desestimó sus argumentos, pero el caso subió al tribunal de Bogotá.

17 de junio de 2019: Como se esperaba, el Tribunal de Bogotá confirmó la decisión de abril del juez tercero del circuito y ordenó seguir la audiencia contra Moreno.
30 de agosto de 2019: No se pudo continuar la audiencia porque ni Moreno ni su defensor aparecieron.

23 de octubre de 2019: Por fin se culminó la acusación formal de Samuel Moreno, pero ese día el exalcalde le revocó el poder a su abogado de confianza Mauricio Alarcón y designó a otro. Se programó el inicio de la audiencia preparatoria para la semana del 13 al 17 de abril de 2020.

13 de abril de 2020: Por cuenta de la pandemia y la cuarentena general, se canceló esa audiencia.

24 de agosto de 2020: Tampoco se pudo realizar porque el defensor del exalcalde pidió un nuevo aplazamiento argumentando que por el COVID-19 no había podido reunirse con su cliente para planear la defensa.

17 de noviembre de 2020: El juez ordenó que se le permitiera al abogado de Moreno ingresar al sitio de reclusión del exalcalde.

8 de marzo de 2021: Se informó que Samuel Moreno estaba aislado por 14 días por sospecha de COVID-19 y que por eso no podía asistir a la diligencia. Finalmente, su prueba salió negativa. El juez ordenó programar la continuación de esta audiencia para los días 3 y 4 de mayo próximos.

En resumen, hace 42 meses que Samuel Moreno Rojas fue imputado por la Fiscalía en este caso y su juicio nada que arranca.

Luis Fernando Becerra, abogado del exalcalde de Bogotá, negó que haya dilaciones, insistió en que a los hermanos Moreno los quieren acabar como sea y se quejó de que testigos que en su criterio han sido falaces hoy estén en libertad: “Si usted ve el resultado del carrusel de la contratación en Colombia, pues todas las personas están disfrutando de sus jacuzzis en sus apartamentos, excepto quiénes: Iván y Samuel Moreno".

Y añadió: “Se han ensañado contra los Moreno de una manera que ya atenta contra la dignidad humana. Mire cuántas condenas lleva Samuel y cuántas condenas quieren imponerle más”. El abogado, además, sostuvo que en el pasado un juez ordenó investigarlo por presuntas dilaciones en otro proceso y que resultó absuelto. Jamás hemos realizado ningún tipo de maniobra dilatoria, por el contrario, lo único que hemos hecho es buscar una defensa técnica, pero en algunos procesos de connotación nacional lo que haga la defensa se ha venido convirtiendo en ‘obstrucción a la justicia’, ‘maniobras de dilación’, ‘maniobras de obstrucción’ y eso es completamente inaceptable frente al marco del debido proceso”, insistió.

Por último, el abogado Becerra aseguró que la pandemia ha dificultado el desarrollo del proceso. Tanto que apenas hace dos semanas pudo verse con su cliente para preparar esta audiencia con todas las medidas de bioseguridad: “Porque yo no quiero litigar en la corte celestial, mi querido amigo. Muchos de nuestros colegas y funcionarios de la Rama Judicial ya nos han dejado y nos han dejado porque esta es una cosa absolutamente cierta, es un riesgo inminente, actual”.

En la otra orilla, en contraste, Juan Vicente Valbuena, uno de los fiscales que investigó el carrusel de Bogotá, aseguró tajante: “A mí me ha parecido que la intención de él y su defensa ha sido dilatar los procesos. No entiendo cuál sería el sentido porque estos procesos por más que se busque una prescripción, los delitos tienen unas penas muy altas que impiden que ésta se haga en poco tiempo. Entonces, finalmente, va a terminar condenado, incluso con un perjuicio para él, pues sus condenas van a ser mucho más distanciadas y es probable que termine pagando unas penas superiores”.

Sobre el desgaste que este tipo de eventos le causan a la administración de justicia, Valbuena señaló: “Nuestro sistema acusatorio está demasiado congestionado y cada audiencia que se deja de hacer y que estaba previamente programada no solo retrasa ese caso si no que retrasa otros casos. Y esto ha generado un caos en la misma administración de justicia por aplazamientos repetitivos”.

El exfiscal agregó que en uno de los tres procesos en el que Moreno ya fue condenado hubo que acudir a la figura del defensor público, pues en esa época su abogado de confianza no iba al juicio.

Mientras este proceso sigue dando tumbos entre aplazamientos y peticiones, el exalcalde de Bogotá completa casi 10 años detenido en la escuela de carabineros en Bogotá. Aunque las víctimas le han pedido al Inpec y a los jueces que lo trasladen a una cárcel ordinaria, esto no ha sido posible.