“El fuero no es instrumento de manipulación judicial”: debate por renuncias de congresistas en líos

La renuncia del expresidente Álvaro Uribe al Senado y los efectos que tuvo en su proceso judicial abrieron un boquete por el que se han intentado meter varios congresistas que por sus cargos tienen un fuero especial ante la justicia.

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El exrepresentante Álvaro Hernán Prada, el exsenador Richard Aguilar y el exrepresentante Edwin Ballesteros entraron a hacer parte de la lista que va en aumento.

Pero ¿por qué esta desbandada? Resulta que cuando un congresista en líos judiciales renuncia al cargo, pierde su fuero especial. Puede dejar de ser investigado y juzgado por la Corte Suprema y su destino pasa a manos de la Fiscalía.

¿Por qué los aforados prefieren ir a la Fiscalía y no a la Corte? ¿Puede un congresista en líos escoger a su investigador y su juez?

La respuesta a estas preguntas es una verdadera papa caliente para la justicia y será resuelta por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en donde comenzó el estudio de una tutela presentada por el expresidente Álvaro Uribe.

Noticias Caracol conoció las cartas que están sobre la mesa del magistrado Alejandro Linares, quien será el encargado de estudiar la decisión. La discusión es crucial porque puede terminar en la anulación de todo lo que hizo la Corte Suprema en el caso del expresidente, hasta en revivir la medida de aseguramiento en su contra.

Durante un foro académico, el presidente de la Corte Suprema, Luis Antonio Hernández, puso el dedo en la llaga y se manifestó en contra de actuaciones de la Fiscalía que han pasado por alto las decisiones de la Corte.

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“Las actuaciones adelantadas por las salas de la Corte Suprema de Justicia son válidas al ser la expresión de la competencia otorgada por la Constitución. Por lo tanto, no se puede admitir que los trámites de la Corte puedan ser anulados de facto por los funcionarios a quienes les corresponde asumir la investigación o el juicio", indicó Hernández, durante el XLII Congreso de Derecho Procesal, organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

El presidente de la Corte señaló que cuando la Fiscalía recibe un expediente que ya estuvo en el alto tribunal, debe ajustarse a lo hecho.

Para el magistrado Hernández, este tipo de maniobras podrían permitir que los congresistas procesados manipulen el sistema judicial a su conveniencia.

”Se crea un autismo judicial que propicia la maniobra del fuero, institución concebida no como instrumento de impunidad ni como dispositivo de manipulación del sistema judicial, sino como privilegio de protección a la autonomía del poder legislativo”, dijo Hernández.

Y añadió: “Los jueces deben encontrar en ese escenario cómo armonizar el lenguaje de los derechos, y no buscar con cierto toque de filantropía la anulación material de los procesos válidamente adelantados por la Corte Suprema de Justicia”.

El magistrado defendió el trabajo de la Corte en estos casos, diciendo que los magistrados no emiten juicios políticos. ”Esa es su función, juzgar a los aforados por delitos que comprometen la función, no por sus opiniones o ideas ni mucho menos por sus posiciones políticas. Por lo tanto, sus actuaciones no solo son legales sino legítimas”.

Las declaraciones del presidente de la Corte son apenas el round más reciente de una pelea que se está dando desde hace un año en los estrados judiciales. En medio de la incertidumbre, jueces, fiscales y magistrados han chocado en sus actuaciones.

El caso Uribe desató la discordia. El abogado Jaime Granados consiguió la libertad del expresidente en el caso por presunta manipulación de testigos. Pero busca ir más allá a través de una tutela ante la Corte Constitucional. En esta pide que le quiten la condición de imputado al expresidente porque, en su concepto, al cambiar de juez el proceso vuelve a empezar.

Gabriel Jaimes, el fiscal encargado de investigar al expresidente , apoya esta solicitud del abogado Granados.

“La investigación no parte de cero. la gran cantidad de pruebas recaudadas no se desestiman, sino que por virtud del cambio de sistema procesal se han convertido en elementos materiales probatorios que serán revisados a la luz de la cadena de custodia y de incorporación probatoria para ser valorados de cara a una posible formulación de imputación”, aseguró el fiscal Jaimes el 8 de octubre en una audiencia judicial.

Pero la posición de Jaimes ni siquiera la comparten sus propios subalternos. El fiscal Fernando Bolaños, quien recibió el caso del exsenador procesado por corrupción Richard Aguilar, actuó distinto ante unas circunstancias muy parecidas a las del expresidente Uribe.

En vez de desconocer las decisiones de la Corte que enviaron a prisión al exsenador Aguilar, pidió que se mantuvieran en firme. ”Lo actuado por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en este caso bajo la ley 600 de 2000, es por entero legítimo y tiene validez. Ningún implicado puede seleccionar a conveniencia sus investigadores y jueces. La jurisdicción y la competencia emana de la Constitución, por ello, quien ejerce su derecho a renunciar a la investidura de congresista, acepta las consecuencias que de ello surge”, indicó Bolaños.

Los argumentos que sí le sirvieron a Uribe para recuperar su libertad no le funcionaron a Aguilar. El tribunal Superior de Bogotá lo mantuvo en prisión por cuatro presuntos delitos y alertó del caos que se podría desencadenar si se desconocen las decisiones de la Corte Suprema.

“Acarrearía un grave precedente y produciría situaciones caóticas al interior de la administración de justicia, incluso se llegaría a absurdos ciclos interminables si en dado caso el procesado, luego de renunciar al cargo, en el futuro es nuevamente elegido y adquiere la condición de aforado en su calidad de congresista”, indicó el tribunal.

Gerardo Barbosa, académico y conjuez de la Corte Suprema de Justicia, indicó que la Corte Constitucional tendrá que revisar la jurisprudencia para darle estabilidad a los procesos de los aforados. “En mi opinión, las nulidades solo pueden operar cuando hay irregularidades, el trámite es el correcto, la competencia es la correcta y por lo tanto no corresponde anular lo tramitado. Es muy grave para un país que la justicia penal quede en manos de los investigados, que ellos puedan decidir a su antojo a dónde ubicar los procesos”, señaló Barbosa.

Los abogados de Aguilar ya anunciaron que buscarán la libertad de su cliente por la vía de la tutela, que seguramente también terminará en manos de la Corte Constitucional. De modo que este alto tribunal será el que ponga el punto final al debate.