“Realmente da miedo tener que enfrentarse a gente tan poderosa como es nuestro caso”, así de contundente es Claudia Yaneth Toledo en diálogo con Noticias Caracol. Ella y su esposo, Lennin Darío Pardo han sido los testigos estelares contra los excongresistas Richard Aguilar y Edwin Ballesteros, investigados por corrupción.
Por cuenta de sus confesiones sobre millonarios contratos presuntamente amañados durante la gobernación de Richard Aguilar en Santander y el pago de coimas al por mayor y al detal por más de 10 mil millones de pesos entre 2012 y 2015, hoy el excongresista está tras las rejas y ad portas de un juicio ante la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte Edwin Ballesteros, exgerente de la Empresa de Servicios Públicos del departamento en esa época, entre lágrimas y alegando falta de garantías, renunció a su curul en la Cámara de Representantes en septiembre pasado cuando fue llamado a indagatoria por ese alto tribunal.
Hoy Toledo y Pardo sufren el calvario de ser testigos en Colombia. El pasado 6 de diciembre Toledo recibió la intimidación.
Llama un hombre a mi teléfono y en repetidas ocasiones me pregunta que si yo deseo pasar Navidad con mi familia, tres veces me lo pregunta, y al final me dice: ‘Porque si usted desea pasar Navidad con su familia es mejor que deje de hacer lo que está haciendo'
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Se trata de la última amenaza que la exsecretaria de Infraestructura de Santander y su esposo han recibido en los últimos años.
“Es muy angustiante, muy preocupante, todo lo que nos hemos tenido que enfrentar y que prácticamente estamos solos ante esto. Mi esposo y yo estamos en detención domiciliaria y no tenemos ningún tipo de seguridad. Ser testigo en Colombia no es fácil, mucho menos estar uno enfrentando a gente tan poderosa, porque aquí no solamente hay aforados sino también funcionarios públicos, exfuncionarios, contratistas”, agrega Toledo.
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Todo empezó desde que decidieron colaborar con la justicia para narrar con todo detalle cómo, según ellos, el exgobernador Richard Aguilar y varios de sus alfiles políticos y contratistas se aliaron para darle un zarpazo a los recursos públicos de Santander.
La acusación de la Fiscalía contra Aguilar, de octubre pasado, es así de contundente: “Richard Alfonso Aguilar Villa, en su condición de gobernador de Santander, incurrió en la conducta punible de concierto para delinquir agravado en calidad de autor porque conjuntamente con otros servidores públicos y particulares, en un acto de corrupción administrativa, se concertaron en una empresa criminal con el fin de direccionar la contratación del ente territorial”.
Lennin Darío Pardo aseguro al respecto: “Llevamos tres años en este proceso. Es agotante tanto física como emocionalmente: las presiones son muchísimas, las angustias son muchísimas, el tema de la seguridad no es de ahora, es un tema que viene desde hace rato. Ser testigo de por sí ya es difícil, sea lo que sea, ahora ser testigo en un proceso de estos es mucho más difícil”.
A pesar de las pruebas, tanto Aguilar como Ballesteros han señalado que son inocentes y que así lo probarán al final del día.
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Mientras sus expedientes avanzan, Noticias Caracol conoció la última versión que le dio a la Fiscalía un protagonista clave en este caso. Se trata de Andrés Mauricio Díaz, interventor del contrato de remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga, un negocio que terminó costando 22 mil millones de pesos. Por dicha obra, según los testigos, se repartieron más de 2.300 millones de pesos en sobornos. El interventor Díaz, que debía vigilar al contratista Octavio Reyes, también se benefició de este esquema ilegal.
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En su relato a la Fiscalía, Díaz advirtió: "Fui testigo y partícipe de la relación que sostenían Octavio Reyes Sarmiento con el entonces gerente de la Esant Edwin Ballesteros. En diferentes ocasiones acompañé al señor Reyes Sarmiento al despacho del gerente de la Esant de la época entre los años 2015 y 2016, en donde se acordaban coimas que serían entregadas por parte de Octavio Reyes Sarmiento el señor Edwin Ballesteros”.
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Según Díaz, quien busca un principio de oportunidad, uno de los negocios que se pactaron en esa época fue un contrato por 470 millones de pesos para la construcción de una planta para la potabilización de agua del municipio de Enciso, en Santander.
Hace exactamente un año, cuando este noticiero empezó a publicar las revelaciones más escandalosas de este expediente, consultamos al entonces congresista Edwin Ballesteros, quien sostuvo que confiaba en la justicia y que estaba tranquilo con sus actuaciones del pasado.
Más allá de lo que resuelva la justicia en estos casos, los testigos Claudia Toledo y Lennin Pardo están asustados. “Yo creo que es un amedrantamiento emocional, es un tema que quieren hacer para que nos callemos”, concluye Pardo. Cómo no tener miedo si estamos en Colombia, dicen apesadumbrados.
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