Tras revisar celda por celda de la cárcel La Picota en Bogotá , uniformados del Inpec, del Gaula de la Policía y militares incautaron, además de teléfonos, cerca de 10 cuadernos donde extorsionistas carcelarios llevan las cuentas a sus jefes de patio.
En uno de esos improvisados libros de contabilidad, uno de los reclusos relacionaba, por ejemplo, que en un día acumulaban 10 millones de pesos, producto de las extorsiones.
También, encontraron otros casi 100 documentos que leen para engañar y robar a sus víctimas al hacerles la llamada.
En la misma cárcel La Picota , también hallaron la base de datos de casi mil extorsionados, entre ellos, los datos personales de extranjeros. Para robarlos se hacen pasar por funcionarios de los bancos de sus respectivos países.
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“El delito traspasó fronteras y crean estrategias como el falso préstamo. Contactan a la víctima a través de una aplicación y le prometen préstamos con bancos del extranjero en países como Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana, México, Estados Unidos, Panamá y Canadá”, dijo un investigador del Gaula de la Policía.
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Agregó que “las víctimas solicitan ese préstamo con el falso asesor del banco. Una vez el préstamo o el trámite quedó ejecutado, a la víctima le preguntan sobre el valor del préstamo que puede oscilar entre 500 o 600 dólares y que, para depositarle esos 600 dólares, la víctima debe consignar alrededor de 100 dólares”.
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Desde las cárceles en Colombia, cuenta el investigador, los criminales envían a sus cómplices a reclutar personas humildes en los países donde realizan las extorsiones para reclamar el dinero.
“Para que estos les recluten estas personas en ciudades o pueblos populares donde hay difícil acceso de estudio, viven condiciones precarias, y estas personas prestan sus nombres, su número de cédula para hacer ese cobro de ese dinero y ganarse un porcentaje de la cuantía que logran obtener a través de los dineros ilícitos”, indicó.
Para evitar estos delitos, inicialmente, el Inpec y una empresa privada intentaron bloquear las señales de los teléfonos celulares que salen desde las cárceles, pero los bloqueadores ya están obsoletos.
“Hay unos bloqueadores que están desde el año 2012. Estos bloqueadores, de una a u otra manera, debido a la tecnología, están impedidos para ese avance importante”, señaló el general Mariano Botero, director del Inpec.
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Sin embargo, ya está en marcha un nuevo plan.
“Para el próximo mes de febrero ingresa el nuevo operador para brindarle ese derecho a la comunicación que tienen los privados a la libertad y así mismo los bloqueadores de última generación que, de una u otra manera, facilitarán el trabajo de evitar que estas llamadas salgan a afectar a los ciudadanos”, explicó el general Botero, al anotar se trata de “una tecnología experimental”.
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Mientras tanto, las mismas autoridades aseguraron que seguirán combatiendo esta extorsión carcelaria con agentes infiltrados en las cárceles, luchando contra los corruptos, invitando a los mismos internos a que denuncien a los extorsionistas carcelarios y con operativos del grupo élite Demoledor.
La intervención carcelaria de Demoledor deja, en una semana, la incautación de casi 400 celulares y más de mil armas blancas, así como varios civiles y funcionarios investigados.
Para denunciar estos casos, el Gaula de la Policía tiene habilitada la línea 165.
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