Denuncian falsos positivos en erradicación de cultivos ilícitos

A comienzos de cada año, el gobierno de turno suele celebrar como un triunfo los resultados de su lucha contra el narcotráfico a través de la erradicación de cultivos ilícitos. El dato clave del aplauso es la cantidad de cultivos de coca erradicados forzosamente por la Policía y las Fuerzas Militares.

Hace un par de semanas, el Ministerio de Defensa reportó una de las cifras más altas en lo que va del siglo: 131.000 hectáreas fueron arrancadas en 2020.

Pero al margen de los hurras, en el mundo que conoce y participa de la erradicación ronda desde hace años una especie de secreto a voces: que esos reportes están adulterados y en muchos casos constituyen falsos positivos.

Noticias Caracol investigó y encontró denuncias en al menos ocho departamentos, donde está sembrado el 90% de las 154.000 hectáreas de la mata que hay en todo el país. Allí, campesinos cocaleros , expertos y hasta erradicadores y miembros de la fuerza pública aseguran que los reportes falsos son pan de cada día.

A la denuncia de un erradicador que es contratista de la Policía desde hace más de 10 años, y que por obvias razones pidió la reserva de su identidad, se suma la de un campesino de la región cocalera del Catatumbo que entrega su testimonio a cambio de proteger su nombre por el entorno violento en el que vive.

La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba asegura que en su departamento ocurre lo mismo. Lo dice Raúl Álvarez, el vicepresidente de esa organización.

“Se erradican ciertas hectáreas de coca y multiplican o triplican el número de hectáreas que desaparecen, engañando totalmente a la opinión pública y a la comunidad internacional acerca del problema de los cultivos de coca”, dijo.

Pero, ¿cómo funciona este supuesto engaño? Diversas fuentes consultadas armaron lo que califican como el 'modus operandi' del montaje de resultados.

La erradicación manual la llevan a cabo soldados y policías, a veces por su cuenta, y a veces acompañados de erradicadores civiles. Estos grupos llegan hasta los cultivos, donde, según las denuncias, se ponen de acuerdo con las comunidades cocaleras. Al dueño de una finca le pueden decir, por ejemplo, que les permita que arranquen 50 matas y ellos hacen el reporte de haber tumbado tres o cuatro hectáreas de coca. Es un gana-gana: al cultivador le conviene porque no pierde todo su cultivo y a los uniformados les sirve para reportar resultados exitosos rápidamente y sin enfrentarse a las comunidades.

Así lo explican campesinos del Catatumbo que aseguran haber sido testigos de estos casos.

“Los dueños de las matas o de las fincas que tienen posibilidad de negociar con ellos, de llegar a un acuerdo, cuando la comunidad se opone a no dejar, hacen un acuerdo para arrancar unas matas y hacer un video para mostrar”, explicó una campesina.

A esas matas que tumban, los grupos de erradicación les toman las fotos que tienen que cargar al sistema de verificación de la fuerza pública, como prueba de su trabajo. Allí, según las fuentes, terminan reportando coordenadas de zonas que supuestamente quedaron libres de coca, pero donde realmente las matas siguen en pie.

¿Por qué en estos casos los uniformados hacen reportes falsos en vez de erradicar toda la coca?

Para Daniel Rico, director de la consultora C-Análisis y exasesor de política antinarcóticos del Ministerio de Defensa, se trata de una cadena de presión.

Desde el Ministerio trazan metas muy ambiciosas de erradicación que no tienen en cuenta las dificultades que enfrenta la tropa. Es decir, los hostigamientos de los grupos armados, los choques con los campesinos cultivadores, las minas antipersonal y la misma inhospitalidad de la selva.

“A cada brigada, a cada batallón, a cada unidad, a cada grupo de carabineros de erradicación manual, se le entregan unas cuotas. Estas no están basadas en sus capacidades reales, no está basada en la cantidad de coca que hay en un territorio, no están basadas en una proyección estratégica para dejar un territorio libre de coca, sino simplemente es la división y subfacturación de una meta nacional de erradicación manual. Entonces, cuando un grupo de erradicación está allí y sabe que tiene que cumplir esas cuotas, empieza a cumplirlas de las maneras más fáciles y rápidas”, explicó el consultor.

Esa cascada de presión es la que reportó un sargento del Ejército en una denuncia que interpuso en marzo pasado en la Procuraduría , contra su superior, un coronel del batallón de operaciones terrestres número 10 que opera en Norte de Santander.

“Las unidades duran por meses en un solo punto reportando falsas coordenadas y reportando falsas erradicaciones (...) El señor teniente coronel me presionó en varias oportunidades para que realizara erradicaciones falsas de cultivos de mata de hoja de coca hasta el punto tal que mandaron a dos soldados para presionarme y que me incitaran a realizar esta actividad ilícita (…) Yo le manifiesto que me envíe el binomio canino de mi pelotón y que voy a iniciar el movimiento para efectuar la erradicación de una manera correcta pero me ordena que no y me llama en videollamada y me ordena que no vaya, que realice erradicaciones falsas”, denunció el suboficial.

Una presión similar se vive dentro de los grupos de erradicación de la Policía, según lo cuenta un contratista de esa institución.

“Un mayor tuvo problemas con un grupo de erradicadores porque dijo: el grupo que me reporte las 300 hectáreas en los 75 días, lo saco y lo mando a descansar. Es decir, porque él necesitaba las 300 hectáreas. Y un grupo por allá, imagínese, que en un mes larguito, algo así como unos 35 días, le reportó más de 300 hectáreas. Eso es imposible. No, ¿cómo se le ocurre si 300 hectáreas no se sacan ni en los 75 días?”, indicó el contratista.

Las fuentes señalan una forma incluso más descarada de alterar los reportes. En las zonas cocaleras las conocen como cultivos móviles. En esta estrategia, los uniformados desentierran matas de coca y las siembran en potreros donde no había, para volverlas a reportar.

“En La Mulata pasó esto: mocharon la coca de la vereda El Guineo y la llevaron los policías y erradicadores al hombro, la pasaron a la vereda La Mulata. La sembraron en un potrero, enterraron los palos donde había un cultivo de ajonjolí, tomaron fotos, que era un cultivo, e iniciaron a arrancarlo. Eso fue un montaje”, relató el líder campesino.

Noticias Caracol buscó respuestas en el gobierno a estas denuncias, las cuales fueron suministradas por escrito.

“El Ministerio de Defensa no tiene conocimiento de denuncias, quejas o investigaciones que adelanten los entes de control al respecto. En cualquier caso, frente a cualquier investigación, denuncia o queja, el Ministerio de Defensa brinda el apoyo requerido por las autoridades judiciales o disciplinarias, toda vez que es el primer interesado en que cualquier conducta que exceda o infrinja el ordenamiento jurídico vigente sea sancionada efectivamente y se identifiquen los responsables individuales de la misma”.

La cartera agregó que los reportes de erradicación de coca se verifican a través de un sistema GPS y con un estricto proceso de validación.

Los expertos, sin embargo, cuestionan el método de verificación porque es la misma fuerza pública la que hace la erradicación y mide sus propios resultados. Además, los datos de coordenadas no están abiertos al público y ningún particular puede verificarlos.