Deforestación en Colombia: ¿qué está haciendo el Gobierno para proteger bosques y selvas?

Tras la cruda radiografía presentada en El proyecto es Colombia sobre la amenaza de la deforestación en la Amazonía, buscamos respuestas. La ministra de Ambiente, el gobernador del Guaviare y una experta internacional le dieron a Noticias Caracol su perspectiva sobre cómo detener esta tragedia nacional.Reviva todos los capítulos de El proyecto es Colombia La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, está empeñada en detener cuanto antes la vorágine de la deforestación en Colombia.“Se habla de dos actores: unos actores políticos regionales que están en un proyecto de convertir la Amazonía en un gran latifundio ganadero y que han, sistemáticamente, trazado vías, abierto trochas, generado grandes operaciones de deforestación. Están grupos al margen de la ley que han impuesto la deforestación a las comunidades para abrir estos corredores de narcotráfico y están al final también las comunidades que terminan siendo instrumentalizadas”, dice Susana Muhamad.Para la funcionaria, en todo caso, más allá de las políticas públicas y los esfuerzos institucionales en el territorio, la justicia sigue en deuda para capturar y enjuiciar a los grandes deforestadores del país.“A mí no me interesa la judicialización del pequeño campesino, sino dónde están las investigaciones criminales de la financiación de las operaciones de deforestación, dónde están las investigaciones criminales, de quiénes son, cómo se hacen los testaferratos, cómo se hace la legalización de predios, cómo se generan nuevas juntas de acción comunal con cartas de colonos en sitios donde no había nada de un momento a otro. Estamos hablando de unos temas muy gruesos que yo creo que deberían ser investigados rigurosamente, pero a estas alturas ni siquiera he podido conseguir una cita con el fiscal general de la nación”, enfatiza la ministra.Según dice, es posible llegar a la meta de cero deforestación en 2030 si se afinan las tuercas del Estado, se les ofrecen a los campesinos retribuciones dignas por cuidar el bosque y si se logra la paz total en los territorios. Hay 2.500 familias en la Amazonía, en proyectos de compensación por conservar la selva.“De este lado lo que el Estado debe ofrecer es una alternativa económica seria, estabilidad en la tenencia de la tierra y, a partir de ahí, un pacto social para generar una economía alternativa y el presidente de la república ha dispuesto 600 mil millones solo para la Amazonía con vigencias futuras. Nuestra principal fuente de emisiones, y no es menor, es la deforestación, porque cada hectárea deforestada genera emisiones y, además, deja de capturar carbono, entonces es un doble impacto", enfatiza.Desde el foco territorial, el gobernador del Guaviare, Heydeer Palacio, tiene su propia perspectiva de este problema.“Siempre hemos manifestado que un campesino no es capaz de deforestar más de cinco hectáreas en el departamento del Guaviare, que cuando se dan grandes extensiones de deforestación, de 10 en adelante, es porque dinero del narcotráfico, dinero de dudosa reputación, de grupos al margen de la ley, dinero de las disidencias está incluido en esas deforestaciones”, señala.¿Cómo combatir los ríos de dinero de la mafia con el pequeño presupuesto del Estado para evitar que la selva se siga perdiendo? “Llegar a pagos por servicios ambientales. La gente que tiene 50.100 hectáreas, se le ha logrado dar un recurso económico de 300 mil, 500 mil pesos mensuales”, indica Palacio.¿300.000 pesos para la gente es realmente una opción de vida? “Para nada, precisamente por eso la gente no ha tomado, la gran mayoría, la decisión de conservar el bosque amazónico. Que sea un mínimo de 2 millones de pesos para que la gente tenga calidad de vida”, enfatiza.Por último, sostiene que si no existe una identificación predio a predio del territorio será imposible ponerles rostros a esos terratenientes fantasmas que andan metiéndole candela a la Amazonía.Para él, el fracaso del Estado en la implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos agravó el orden público, pues se pasó de 3.000 a 10 mil hectáreas de coca en el Guaviare.Yenny Vega, integrante de la Red de Expertos de Naciones Unidas, dice que el litigio estratégico en defensa de la naturaleza cada vez toma mayor fuerza en el planeta. En 40 países ya se han proferido sentencias, resoluciones o leyes donde han otorgado derechos a ríos, lagunas, mares o montañas.“Colombia también ha sido uno de los países que abandera este cambio de paradigma, ya se tienen muchísimas, alrededor de 15 decisiones judiciales que vienen a reconocer la personería jurídica a varias entidades naturales y las decisiones hito de Colombia, como son la del río Atrato y la de la Amazonía colombiana, han inspirado a diferentes jueces a nivel mundial para dar este paso de cambio de paradigma de un antropocentrismo a un ecocentrismo”, dice Vega, presidenta del Observatorio Internacional por los Derechos de la Naturaleza en Canadá.