En junio pasado, la Corte Constitucional bajó de 1.300 a 1.000 el número de semanas obligatorias (20 años) de la pensión para mujeres
en el régimen público que administra Colpensiones. Hoy avanza una nueva demanda en el alto tribunal, presentado por los abogados Camilo Araque y Juan David Mesa, que busca ampliar el rango de trabajadoras beneficiadas y, en particular, asegurar con menos semanas la pensión mínima.
“Esta demanda es un complemento de la anterior que falló la Corte. Ya sabemos que el tema de las semanas para pensionarse en el fondo público por parte de las mujeres tiene que tener enfoque de género, pero resulta que quedó una ley viva, que es la ley 100 y en su artículo 65 establece una pensión en modalidad de salario mínimo subsidiado por el Estado, que es lo que se conoce como pensión mínima y no tiene enfoque de género”, explica Araque.
La norma que buscan tumbar establece que si una persona no alcanza a cotizar 1.300 semanas para obtener su pensión ordinaria, no importa si está en Colpensiones o en fondos privados, puede alcanzar una pensión mínima que equivale a un salario mínimo si cotiza al menos 1.150 semanas.
Para los demandantes esto es absurdo por dos razones. Primero, porque se les exige el mismo número de semanas a hombres y mujeres para esta modalidad de pensión, es decir, no hay un enfoque de género. Y segundo, porque si ya se bajaron a 1.000 las semanas en el régimen público para que las mujeres se jubilen así a partir de 2036, es ilógico exigirles 150 semanas más a las más vulnerables para una pensión mínima.
Mesa precisa que “no podemos exigir a las mujeres 1.000 semanas para acceder a la pensión ordinaria de vejez y al mismo tiempo exigirles 1.150 semanas para acceder a la pensión mínima. Esta norma se tiene que caer. Lo que queremos es que ese requisito de 1.150 semanas para la pensión mínima baje y sea inferior a 1.000 semanas para las mujeres”.
“La sentencia inicial de la corte cobijó el sistema general, manejado en este caso por Colpensiones, pero nada dijo sobre la pensión mínima, que es una de las modalidades especiales creadas por el legislador para las personas más vulnerables. Esta sería una sentencia con enfoque de género para beneficiar a una gran cantidad de mujeres que cotizan en el fondo privado”, acota Araque.
El caso ya está siendo estudiado por el despacho de la magistrada Paola Meneses y tiene el respaldo del gobierno.
“La reducción de 1.150 semanas a 1.000 semanas es la solicitud de los accionantes que acompaña el Gobierno nacional para armonizar con la sentencia ya proferida el marco de la prima media en la disminución a 1.000 semanas. La intención del gobierno es reducir a 1.000 semanas para mujeres”, señaló Iván Daniel Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones.
Para el funcionario resulta urgente “reconocer que históricamente Colombia ha estado asignada por un patrón cultural machista en el sistema de relaciones laborales, que es el que dispara la posibilidad de darse de alta y cotizar el sistema de seguridad social en pensiones, porque las mujeres trabajan más tiempo que los hombres, tienen mejor formación, tienen mejores posibilidades de ingresar al mundo laboral y tienen menores salarios. Hay que reconocer esa brecha fáctica, que es la que habilita este tipo de medidas afirmativas que buscan compensar esa deuda histórica que tenemos”.
“No es el mejor remedio para corregir ese tratamiento desigual”
Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos, considera que reducir las semanas cotizadas para la pensión para mujeres no necesariamente resulta la mejor salida si lo que se pretende es proteger a una población históricamente discriminada.
“Este es un país machista y tiene toda la razón la corte. En eso sí existe un tratamiento desigual, solo que no es el único remedio y tal vez no es el mejor remedio para corregir ese tratamiento desigual, el adoptado por la Corte, porque eso solo se traduce en mayores costos para el Estado y necesariamente en un futuro muy cercano, reducción de mesadas para todo el mundo”.
“Las mujeres que están en los fondos privados tienen la posibilidad de mejorar sus mesadas a través de más ahorro y por más tiempo. Con la regla de la corte, si bajamos a 1.000 semanas para ingresar al fondo de garantía de pensión mínima, pues lo que hace es que va a haber un mayor número de mujeres que en lugar de ahorrar más, van a irse a la garantía de pensión mínima. Es decir, van a tener pensiones, sí o sí de salario mínimo”, agregó.
Según su criterio, la Corte Constitucional debe valorar si este tipo de medidas de protección para la pensión para mujeres no resultan a la larga perjudiciales. Por eso, insiste en que es muy importante que el Congreso pueda legislar en la materia.
Brecha laboral de mujeres y hombres
Según el DANE, de los 22,3 millones de trabajadores 13,1 millones son hombres y tan solo 9,2 millones son mujeres. Es decir, hay 4 millones menos de mujeres ocupadas.
La tasa de desempleo de las mujeres es de 11,3%, mientras que la de los hombres se ubica en 7,7%. La brecha salarial de género en promedio es de casi 13%. Esto significa que, si un hombre gana 100 pesos, una mujer gana 87.
Y la situación es aún más catastrófica al comparar el nivel educativo. Los hombres con posgrado, por ejemplo, ganan 23% más que las mujeres en igualdad de condiciones. Solo 3 de cada 10 mujeres ocupan cargos directivos en el sector privado. Y la lista sigue.
La radiografía es tan desoladora que ONU mujeres, el DANE y el gobierno estiman que Colombia necesitaría 257 años más para cerrar la brecha de género.
Según el Ministerio de Hacienda, con los requisitos actuales para la pensión mínima, casi 1,5 millones de mujeres lograrían obtener esta pensión en los próximos años. Si la Corte baja a 1.000 semanas la pensión mínima, 441.000 mujeres más podrían acceder a esta garantía para su vejez. En total, 1.920.911 mujeres se pensionarían de esta forma. Eso le costaría al Estado hoy 27,4 billones de pesos, más de 5 billones más que el recaudo de la última reforma tributaria.
Por ahora, la procuradora general, Margarita Cabello, le envió un concepto a la Corte Constitucional en el que pidió que se caiga la norma demandada, pero con efectos diferidos a dos años para que el Congreso legisle.
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