El Chocó y el Pacífico en general no son un territorio más de Colombia. Son especiales. Tienen particularidades de cultura, de raza, de creencias. Tienen su propia manera de ver el mundo. La corrupción no está en su ADN, no es cultural, pero es una espiral que inexplicablemente no termina.
Sobreviven y a veces se salen con la suya porque son un pueblo con un sentido de pertenencia a sus raíces, orgullosos de su identidad. En ese territorio de 46.500 kilómetros viven más de 500 mil almas que responden a su raza como al llamado de una fuerza superior.
Gobernados por mestizos hasta los años 60, con políticas diseñadas en las montañas y no en sus selvas, los chocoanos han visto cómo las políticas diseñadas en el centro intentan, una y otra vez, ser efectivas para conectar el departamento en las redes de progreso del país, pero una y otra vez estos intentos se frustran.
“Eso ha generado una enorme desconfianza entre la sociedad chocoana como tal y los centros de poder en Bogotá centralizados, eso lleva a que se generen obstáculos casi insuperables para encontrar una senda de desarrollo para el departamento del Chocó”, explica el exministro de Medio Ambiente y exgobernador Luis Gilberto Murillo.
Son 30 municipios y ninguno aporta cifras significativas a la economía nacional, por lo tanto no interesa a los inversionistas privados y poco más al Estado. La mitad de los habitantes vive en Quibdó. Istmina es el segundo en tamaño e importancia y los demás, desde el océano Atlántico, hasta el último del Pacífico viven del poco presupuesto asignado desde la nación.
“Hay una narrativa que es de las más viejas que hay y es que la palabra Chocó, con la palabra desarrollo, no van juntas. Económico y Chocó, es mucho pedir para el departamento”, lamenta el emprendedor y consultor Giovanni Córdoba.
Cuando el ‘poder negro’ finalmente llegó a comienzos de los años 80 y comenzaron a ser ellos mismos los interlocutores ante el poder de Bogotá, poco a poco se formó un pequeño círculo dirigente que, con los años, estableció como norma para la gestión publica un mecanismo de compra y venta de intereses a costa del erario del Estado, regla no explícita pero establecida que se reedita en cada proceso electoral, cuando el dinero empieza a circular y activa un sentimiento de proselitismo y de participación no muy “democrático”.
Dos afirmaciones de fuentes con autoridad que omiten sus nombres porque la cosa es en serio y con pistola, y siempre faltan pruebas, dicen que las elecciones las ganan en realidad los que llaman los ‘embilletados’, prestamistas que, a punta de altísimos intereses, prestan a las campañas sumas que deben pagar durante el periodo que gobiernan. ¿Cómo? Con contratos de la administración pública. Entonces, las carreteras, hospitales, colegios, se quedan a medias, y en el papel porque los ‘embilletados’ necesitan de regreso su inversión para mantener su negocio.
Aunque el periodo de un gobernador es de 4 años, en el Chocó en los últimos 10 han pasado 12 mandatarios.
La reciente destitución del gobernador Ariel Palacios, según los órganos de control, es por la misma razón, pero en época de covid, robos a contratos de la vida. En palabras del procurador Fernando Carrillo, “en ese departamento sí es cierto que la corrupción mata, por eso hay que poner atención y perseguirla”.
Como el recurso legal es escaso predomina la economía ilegal, esa que sí explota los recursos naturales, que son la verdadera riqueza. Talan madera; del subsuelo sacan oro y platino. Animan la siembra de hoja de coca o tráfico de personas, negocios que traen de su mano la violencia, la ilegalidad y el ‘todovale’.
Así está la cosa, no es fácil. Y están cansados de estigmas y estereotipos de pobreza, de ignorancia y de victimización.
El aislamiento y la distancia del Chocó del resto del país no es tan solo geográfica, es un círculo vicioso de improvisación que es hora ya de romper.
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