Luego que la Corte Suprema de Justicia hiciera efectiva la condena al excongresista Mario Castaño Pérez por más de 15 años de prisión por 19 delitos relacionados con concierto para delinquir, al liderar presuntamente una red criminal de millonarios contratos con ministerios, gobernaciones, alcaldías y otras entidades del Estado, se conocieron más detalles por parte de las autoridades de cómo funcionaba esta empresa criminal.
Mario Castaño conformó esta estructura denominada “las marionetas”, que se encargaba de direccionar contratos y hablar con funcionarios y mandatarios. El nombre del exsenador era una pieza fundamental para comenzar las negociaciones, principalmente para fijar la entrega de comisiones, que en la mayoría eran del 10% del valor total del convenio y así acordar finalmente el pago de los sobornos.
Esta red criminal estaba liderada por el excongresista del partido Liberal Mario Castaño, seguido por su asistente y hombre de confianza, Juan Carlos Martínez Rodríguez, quien se encargaba presuntamente de gestionar los contactos con diversas entidades del Estado con el fin de garantizar contratos. Actualmente está prófugo de la justicia, así mismo Daniela Ospina Loaiza, quien además de ser su compañera sentimental habría aportado a la organización una labor logística en temas financieros. Es decir, habría llevado el registro de los dineros entregados a los distintos miembros del grupo, así como concepto de coimas y comisiones.
En el mismo organigrama está Lorena Cañón, quien según las investigaciones asumió el rol de ‘lobbysta’ y gestionaba proyectos ante los ministerios y otras entidades a favor de algunas alcaldías de departamentos como Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá y Tolima.
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En el mismo organigrama ingresa Santiago Castaño Morales, quien habría servido a la organización para gestionar asuntos relacionados con contratos de obras públicas, y Alejandro Noreña, que servía de enlace con los funcionarios del Sena e informaba a la estructura los procesos de contratación que al interior de la entidad se estaban gestando.
Entre el 2019 y 2021 se presentaron al Ministerio del Deporte distintas iniciativas relacionadas con proyectos de infraestructura de escenarios deportivos, allí también habría entrado esta empresa criminal, pues según las pruebas conocidas por la corte, dirigieron y amañaron los procesos de selección de los contratos para la construcción de canchas sintéticas en municipios como Piendamó, Suárez y Balboa en el Cauca.
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El Congreso de la República no fue inmune a esta organización, pues el senador, valiéndose de su cargo, logró que dos de sus principales cabezas en la estructura (Juan Carlos Martínez Rodríguez y su compañera sentimental) tuvieran un contrato por prestación de servicios dentro de la corporación, cada uno por 15 millones de pesos.
Contratos que, por supuesto, no fueron cumplidos, pero sí cobrados luego de amañar los informes de gestión tal y como se evidencia en una interceptación entre la mano derecha de Mario Castaño y Jorge Alberto Tamayo, encargado de maquillarlos.
De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia esta organización habría permeado algunas entidades como el Ministerio del Deporte y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
Hasta el momento, la Fiscalía ha revisado más de 114 contratos, cuyo valor asciende a 112.000 millones de pesos y han dejado más de 30 capturas.
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