El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) celebrará este lunes y el martes en Luxemburgo la audiencia del caso de la Superliga, para escuchar a todas las partes implicadas en un conflicto latente desde abril de 2021 y cuya resolución será decisiva para el futuro del fútbol europeo.
Los quince jueces elegidos entre los 27 del tribunal para formar la "Gran Cámara" a la que se ha asignado el caso y el abogado general, que elaborará las conclusiones previas a la resolución, atenderán uno a uno los argumentos de los implicados, en la tarde del lunes y en una nueva sesión el martes 12, en horas de la mañana.
Tras la audiencia, que será pública, habrá que esperar meses todavía para conocer el fallo de un largo procedimiento, que quizá se retrase hasta final de año o comienzos del próximo, según estiman las partes.
La Superliga, respaldada por el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, y la UEFA, totalmente contraria a la idea de la creación de esta nueva competición de clubes, serán las primeras en intervenir, por este orden, con un tiempo ambas de quince minutos.
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Posteriormente será el turno, más corto, para la FIFA, LaLiga, la Federación, el gobierno español y otra veintena de países antes de que se pronuncie la Comisión Europea, también contraria al proyecto.
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Finalizada esta audiencia, el abogado general presentará semanas después unas conclusiones, no vinculantes, y propondrá al tribunal la resolución que considere. Después los jueces deliberarán sobre un proyecto de sentencia hasta que tomen una decisión, que se adoptará por mayoría y se pronunciará en audiencia pública.
Los tribunales nacionales están obligados a aplicar la interpretación del Tribunal de la UE y en este caso afectará al Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid, que es el que se dirigió al de Luxemburgo tras recibir la denuncia de la Superliga contra la UEFA y la FIFA por abuso de posición dominante e impedir la libre competencia, en infracción del Tratado de Funcionamiento de la UE.
La denuncia de European Super League Company y la empresa A 22, que presta servicios para la puesta en marcha y la gestión de competiciones deportivas, se presentó en abril de 2021 después del anuncio de la creación de la competición y posibles sanciones por parte de la UEFA a los impulsores.
La reclamación incluyó la petición de medidas cautelares, que fueron estimadas inicialmente y la UEFA tuvo que paralizar los expedientes abiertos a los clubes implicados. Estos fueron doce al principio, pero al poco renunciaron Arsenal, Milan, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur, en mitad de protestas de aficionados, sobre todo ingleses.
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El juzgado español pidió sin éxito a la corte europea que tramitara el caso por el procedimiento de urgencia y le planteó seis preguntas sobre una posible posición de abuso de la UEFA y la FIFA de acuerdo a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), al impedir otras competiciones fuera de su ámbito.
En los 15 meses transcurridos desde entonces el caso ha tenido muchas ramificaciones y ha cambiado algunos de sus protagonistas. Entre ellos el titular del juzgado madrileño, donde ya no está el juez Manuel Ruiz de Lara, que otorgó las medidas cautelares y trasladó la consulta al tribunal de Luxemburgo.
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La jueza Sofía Gil García está ahora al frente del mismo. El pasado 21 de abril levantó esas medidas cautelares que impedían a la UEFA sancionar a los clubes y el mes pasado celebró una audiencia previa al juicio, todavía sin fecha.
También, después de los pronunciamientos inmediatos contra el proyecto de organismos como el COI, federaciones europeas de otros deportes, la Asociación de Clubes (ECA), las ligas continentales (EPFL) y el sindicato de jugadores FIFPRO, el Parlamento Europeo y la Comisión han seguido esta línea.
El primero aprobó una importante resolución el último noviembre, que rechaza competiciones rupturistas, contrarias a los principios de la libre competencia y el mérito deportivo.
Su autor es el europarlamentario polaco Tomasz Frankowski, jugador de fútbol hasta 2013, que militó en clubes como los españoles Elche y Tenerife, y a su resolución se sumó la declaración unánime de los ministros de deportes de la UE a favor de un modelo europeo de deporte organizado, basado en valores, protegido de amenazas como las competiciones cerradas, y también la postura de la Comisión Europea.
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El vicepresidente de esta, Margaritis Schinas, dijo en el Congreso de la UEFA en mayo que "el fútbol europeo debe basarse en el mérito deportivo y servir a los intereses de toda la sociedad, no sólo al beneficio de una élite". Mientras, el colectivo de aficionados europeos "Football Supporters Europe" (FSE) impulsó una iniciativa ciudadana para instar a la UE a proteger al deporte de proyectos como la Superliga.
En su defensa, los promotores de esta rechazan que sea rupturista y defienden que respeta la normativa de la Unión y apoya los valores expuestos por las instituciones comunitarias, mientras cuestionan que se permitan actuaciones como las de UEFA en régimen de monopolio.
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También se muestran convencidos de que el Tribunal de la UE protegerá la normativa con un fallo a su favor, que la UEFA espera en sentido contrario y considera clave para el modelo del deporte europeo, con competiciones abiertas, sobre los principios de promoción y solidaridad, que ofrece en su nueva Liga de Campeones a partir de 2024, y con la especificidad que le otorga el Tratado de la UE.
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