La Fiscalía portuguesa ha acusado de corrupción a un empresario deportivo por supuestamente intentar sobornar a jugadores para beneficiar al Benfica.
La Fiscalía acusa al empresario, identificado por la prensa local como César Boaventura, de tres delitos de corrupción activa y uno de corrupción activa en grado de tentativa por hechos que se remontan a la temporada 2015/2016, informó hoy un comunicado de la institución.
Boaventura habría contactado con cuatro futbolistas para que "a cambio de una contraprestación económica o contractual, tuviesen una actuación deportiva contraria a los intereses de sus propios equipos" para beneficiar al Benfica.
Los jugadores militaban en Rio Ave y Marítimo y se enfrentaron en dos partidos de la Liga portuguesa contra el Benfica, que se impuso a ambos equipos y terminó proclamándose campeón.
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La Fiscalía exige además que el empresario pague al Estado luso una indemnización de 480.000 euros.
César Boaventura ha expresado su "plena confianza en la justicia" en un mensaje colgado en Facebook.
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Este caso se suma a una larga lista de escándalos que han salpicado al fútbol portugués recientemente.
De hecho, el propio Benfica se ha visto envuelto en escándalos arbitrales. El ex arbitro portugués Bruno Paixão recibió miles de euros de una empresa que operaba como la caja menor del club portugués en la llamada operación "saco azul". Se habría contratado a Paixão por "un servicio de control de calidad".
Sin embargo, el departamento jurídico del Benfica salio a defenderse en un comunicado en donde se estipuló que "el Benfica o sus representantes legales nunca fueron confrontados con ningún hecho que envolviese el nombre del Señor Bruno Paixão y/o ninguna acusación de corrupción deportiva".
La propia Fiscalía de Portugal continua en investigaciones por más de que abandonó la hipótesis inicial de blanqueo de capitales. "Por lo que sabe el Benfica, en el caso en cuestión, las diligencias de investigación ya fueron completadas, quedando el proceso a la espera de la resolución final que ponga fin a la investigación" fue lo que se aseguró en su momento.
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Igualmente, a principios de marzo, la Fiscalía ordenó registros en varios puntos del país ante la sospecha de un presunto uso ilegítimo de dinero perteneciente al Santa Clara.
Además, acusó a la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) del Benfica y a algunos de sus antiguos dirigentes -y uno actual- de fraude fiscal, por una trama de supuestos pagos a una empresa por servicios ficticios.
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Incluso sospecha que un partido de 2018 pudo estar amañado y que los lisboetas adquirieron a un jugador de sus rivales como "contrapartida".
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