El domingo anterior no se pudo llevar a cabo el partido de la fecha 14 de la Liga del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y América de Cali por disturbios que protagonizaron un sector de seguidores de la barra brava del 'verdolaga', en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot con la Policía antes de que rodara el balón.
Así las cosas, se determinó la suspensión del mismo y desde la Alcaldía de Medellín se estableció que el máximo escenario deportivo de la capital de Antioquia no será prestado a los 'verdes' hasta que se tomen las medidas correspondientes y se entable un diálogo con el sector de hinchas que produjeron los desmanes y han mostrado inconformismos con la dirigencia del club.Incluso, algunas autoridades de la Alcaldía de Medellín, emitieron declaraciones en contra de los dirigentes de Atlético Nacional, por los hechos de violencia presentados.
Ante eso, el mayor ente del fútbol colombiano, la Dimayor, decidió emitir un comunicado en los últimos minutos sobre el caso y de forma tajante rechazó las declaraciones en el que responsabilizaron a Nacional por los lamentables sucesos de violencia.
"El Presidente de la Dimayor y los clubes del Fútbol Profesional Colombiano rechazamos las declaraciones emitidas por las autoridades del Departamento de Antioquia, en las cuales responsabilizan a nuestro club afiliado Atlético Nacional S.A. por los hechos vandálicos y de violencia que tuvieron lugar en el Estadio Atanasio Girardot, el día de ayer 16 de abril, en el partido programado por la 14ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 20232", se lee de entrada en el enunciado en su web oficial.
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En la misma línea expresó que "para nuestra institución y el fútbol en general es inaceptable que se responsabilice a los clubes del fútbol profesional y a sus dirigentes por el actuar de vándalos que, por portar una camiseta, no representan los valores de una institución, ni poseen vinculación alguna con la misma. Menos aún resulta admisible que por la fuerza, el hostigamiento, las amenazas y buscando una afectación económica al club, se pretenda incidir en las decisiones de naturaleza administrativa que atañen a quienes han sido designados legítimamente para tal efecto".
Igualmente la Dimayor agregó que no se puede ceder ante las manifestaciones de los llamados hinchas, que buscan el beneficio propio.
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"Admitir, que los clubes de fútbol profesional deben ceder ante las manifestaciones de los violentos y permitir que incidan ilegítimamente para beneficio particular en las decisiones administrativas de un club profesional, sobre la base del temor, sería desconocer los fundamentos de nuestra Constitución Política y coadyuvar incluso en la realización de conductas que se catalogan con incidencia penal. Es evidente que tal justificación no debe encontrar cabida ni anuencia por parte de ninguna autoridad pública en el marco de un estado social, democrático y de derecho como el nuestro", agregaron.
A renglón seguido, el ente del balompié de nuestro país resaltó el "compromiso de Atlético Nacional S.A. y América de Cali S.A., quienes alcanzaron un acuerdo encaminado a la reprogramación del partido," cuya fecha y hora será definida por la Dimayor y se comunicará por los canales oficiales.
Aquí más del comunicado de la Dimayor:
"Más aún si se tiene en cuenta que Atlético Nacional advirtió, frente a las manifestaciones violentas, su preocupación frente a la ausencia de medidas preventivas contundentes que evitaran que los hechos presenciados el día de ayer tuvieran lugar. Teniendo en cuenta las graves manifestaciones que los violentos estaban efectuando a través de redes sociales para causar desmanes en el partido, desde la Presidencia de la Dimayor se remitieron comunicaciones a las autoridades competentes a fin de actuar de manera conjunta y permitir la realización del encuentro deportivo.
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Debemos recordar que las obligaciones relativas a seguridad y orden público se encuentran en cabeza de las autoridades administrativas y de policía del nivel nacional y local y por tanto, no se pueden trasladar a los clubes de fútbol profesional, ni a los particulares contratados por estos para prestar servicios de logística. Como lo expresó la H. Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad de los artículos 52 y 62 del Código de Policía, en los siguientes términos: “El servicio público de Policía no pugna con el servicio de vigilancia y seguridad privada, sea este prestado por empresas de vigilancia y seguridad privada o por empresas logísticas. Sin embargo, la ley no puede delegar o transferir a los particulares, la función pública que consiste en el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas o el aseguramiento de la paz, es decir, la conservación del orden público interno, pues como ha quedado dicho, se trata de un objetivo propio de la fuerza pública, entendiendo como tal, a las fuerzas militares y a la Policía Nacional".
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