El presidente de la agremiación de futbolistas colombianos (Acolfutpro), Carlos González Puche, concedió unas duras declaraciones este martes en el programa 'Blog Deportivo de Blu Radio' , en las que cuestionó las amenazas y opciones de castigo que se les pueden imponer a los equipos o jugadores que eleven reclamaciones ante la justicia ordinaria, como hizo Atlético Nacional y algunos de sus jugadores, al instaurar tutelas para exigir sus derechos al trabajo.
El tema también se suscita por el lío jurídico entre el equipo antioqueño y Cortuluá, por el tema del delantero Fernando Uribe y que tiene a Nacional sin inscribir jugadores y a los mismos sin poder actuar.
El representante de la agremiación, llamó la atención fuertemente a las autoridades nacionales, que permitieron que no haya claridad legal sobre los asuntos jurídicos que atañen a los clubes y a los deportistas.
"La cuestión es que la FIFA te puede sancionar de seis meses a cinco años por el solo hecho de ir a la justicia ordinaria. Esto es aberrante, por no decir inconstitucional e inhumano. Esa es una petición de sanción que ha pedido el presidente del Cortuluá, a los jugadores, y apoyada por el presidente de la Dimayor. Tú como individuo, como ser humano, no tienes la posibilidad de ir, como los demás colombianos, a la justicia ordinaria. Esto se hace con la complicidad del Ministerio del Deporte y del Ministerio del Trabajo, de Colombia". criticó fuertemente González Puche.
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Para el abogado el tema no es menor, porque es un amedrentamiento, una intimidación para que los futbolistas ni los clubes reclamen cuando sienten sus derechos vulnerados o sientan que la normativa jurídica, en esta caso de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, es insuficiente.
"El pasado martes, a las ocho de la noche, fue notificado el club por medio de un correo, de que se iniciaría la apertura de un caso disciplinario. Hoy se vencía el plazo para adjuntar pruebas y responder esa notificación. Ellos me dieron un poder para eso y pues yo tengo antecedentes, afortunadamente tengo buenos contactos con los sindicatos y justamente, en Argentina, a un jugador de Independiente se le estaba prohibiendo la posibilidad de ser inscrito porque el club tenía una deuda, si no estoy mal con el Torino (Italia). Fueron a la justicia ordinaria y ellos fallaron para que ese futbolista fuera inscrito por Independiente. No recuerdo el nombre del jugador, pero tengo el material. Por una sanción a un club, a una persona no se le puede atentar su derecho al trabajo", explicó el dirigente gremial.
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González Puche explicó qué sucederá con el proceso jurídico si los clubes alcanzan un acuerdo en el caso de Fernando Uribe.
"El tema es que por el solo hecho de recurrir a la justicia ordinaria te amedrantan con una sanción. Ningún organismo, por más que sea la Federación, puede estar por encima de la constitución, que nos garantiza la opción de ir a la justicia ordinaria. Es una amenaza para que dentro del feudo de la Federación nadie pueda reclamar sus derechos", agregó González.
Una pregunta clave es si los jugadores pueden actuar si hay arreglo entre los dos equipos, a lo que el dirigente gremial respondió:
"El tema que entiendo es que ellos ya están preinscritos y el plazo para que ese trámite venza, es el próximo viernes. Por lo tanto podrían jugar si hay acuerdo. Lo que queda pendiente es levantar las tutelas, porque si actúan ya no hay caso y estar pendientes si hay una sanción disciplinaria en un proceso interno de la Dimayor y la Federación en contra de los jugadores. Imagino que no podrían, pero esperemos porque hay unos argumentos sobre los cuáles hemos planteado su defensa. Es increíble que en un país una federación pueda tener un reglamento así y el Ministerio del Deporte lo permita", explicó el presidente de Acolfutpro.
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La crítica no es solo para la Dimayor y la Federación, González Puche también criticó fuertemente el papel de las autoridades del estado colombiano, que le han dado largas exigir un reglamento que cumpla los requisitos que exige la constitución política de Colombia.
"Es claro que con esa disputa se ha demostrado que la parte estructural de la Federación, sus procedimientos y sus regulaciones no son favorables para nadie. Aquí no hay claridad ni transparencia para nadie. Hoy fue Nacional, a nosotros nos ha afectado desde hace 70 años, pero es claro que la regulación hay que ajustarla con los preceptos constitucionales. No es posible que un sector de la industria tenga reglamentos que vulneren los derechos que la constitución nos garantiza a los demás colombianos. El Ministerio del Trabajo y del Deporte, deben trabajar en ello", finalizó.
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