El caso Negreira, investigado por la Fiscalía de Barcelona por un presunto delito de corrupción entre particulares a una empresa de José María Enríquez Negreira, exárbitro y número dos del CTA entre 1994 y 2018, que salpica al Barcelona FC ha saltado este viernes de pantalla y se ha situado en la arena política.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a la investigación que abrirá la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al respecto; mientras que el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha desmentido las informaciones publicadas en algunos medios que apuntan a que el Gobierno modificó la Ley del Deporte para "cubrir" las "presuntas irregularidades" del FC Barcelona.
La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, confía en que el asunto se aclare “cuanto antes, porque el buen nombre del deporte español" y el grupo parlamentario del PP en el Senado ha pedido la comparecencia del presidente del CSD, José Manuel Franco.
EL BARÇA EXTERNALIZA LA INVESTIGACIÓN
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Por su parte, el FC Barcelona ha decidido externalizar la investigación de los hechos que han rodeado el 'caso Negreira', después de que el área de Compliance (control interno del club) haya activado de forma inmediata el protocolo de investigación.
El club azulgrana ha llevado a cabo diferentes actuaciones para garantizar la máxima eficiencia del proceso, entre ellas la de externalizar la investigación de los hechos para garantizar la máxima eficacia mientras dure la misma.
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Con todo, el presunto delito de corrupción entre particulares que la Fiscalía de Barcelona por los pagos de 1,4 millones de euros realizados por el Barcelona entre 2016 y 2018 prescribriría en el ámbito penal en junio de 2023.
LA VISIÓN DE LOS ÁRBITROS
Las derivadas de los pagos del Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018 también retumban entre el colectivo arbitral, que se mueve entre la indignación, la sorpresa y la ingenuidad que creen que tuvo el Barcelona al pagar "una barbaridad económica" a la empresa de Enríquez Negreira.
Los más veteranos del colectivo arbitral coinciden en "poner la mano en el fuego por Victoriano Sánchez Arminio", presidente del CTA desde 1993 hasta mayo de 2018, de quien dicen que siempre estuvo "preocupado por cualquier cosa que pudiese asociarse a corrupción" y también en el papel "secundario" que creen que tenía Enríquez Negreira como uno de los tres vicepresidente del organismo entonces.
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PEDRO SÁNCHEZ, PENDIENTE DE LA INVESTIGACIÓN DE LA RFEF
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue preguntado por este asunto en la rueda de prensa que ofreció en Eslovenia junto al primer ministro de este país, Robert Golob, en el marco de su gira europea para preparar la presidencia española de la UE.
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El jefe del Ejecutivo señaló que acababa de conocer que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) va a abrir una investigación sobre este asunto e instó a esperar a conocer los resultados de la misma.
El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha desmentido las informaciones publicadas en algunos medios que apuntan a que el Gobierno modificó la Ley del Deporte, cuya reforma fue aprobada el pasado diciembre, para "cubrir" las "presuntas irregularidades" del FC Barcelona.
La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, confía en que el denominado "caso Negreira", se aclare “cuanto antes, porque el buen nombre del deporte español está en todos los lugares”, aunque calificó los acontecimientos de "poco estéticos"
Además, el grupo parlamentario Popular en el Senado pidió la comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, para que informe sobre la investigación del caso.
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